Recientemente el movimiento Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES) circuló un comunicado titulado «Presidente Nayib Bukele ensaya otro golpe de Estado», el cual Diario1 reproduce en esta nota.
PROES se define como una organización sin ánimo de lucro que tiene como visión convertirse en referente gremial y político de los profesionales salvadoreños. A continuación el texto íntegro de su comunicado:
«Presidente Nayib Bukele ensaya otro golpe de Estado»
1. El órgano Ejecutivo está descontrolado en un doble sentido: irrespeta la independencia de otros órganos e instituciones del Estado y mantiene un funcionamiento caótico. El presidente Bukele ensaya otro golpe de Estado.
2. La orden del presidente Nayib Bukele de retenerle el salario al personal del Legislativo y del Judicial vulnera el principio de independencia entre órganos fundamentales de gobierno, así como el derecho a recibir un salario por el trabajo que cerca de 13,000 empleados públicos realizaron durante el mes de septiembre de 2020. Mientras tanto, el personal del órgano Ejecutivo cobró su salario, comenzando por el presidente Bukele y los demás funcionarios.
3. El presidente Bukele agrede a la Asamblea Legislativa cuando le exige aprobar nuevos préstamos a cambio del pago de los salarios. La Asamblea es un órgano independiente al que Bukele chantajea para someterlo, mientras no le presenta informes ni le rinde cuentas. Además, el pago de las remuneraciones está en la Ley de Salarios aprobada en el Presupuesto 2020.
4. El presidente Bukele le ordenó al ministro de Hacienda no transferirles a las alcaldías, durante cuatro meses, el 10 % de los ingresos corrientes. Dicha orden viola la ley del FODES y el Presupuesto Nacional, que también es una ley. Y tanto el retraso del FODES como la retención de salarios al personal de los órganos Legislativo y Judicial se ha hecho a pesar de que el Ejecutivo recibió en concepto de deuda de $1,957 millones adicionales al presupuesto.
5. El ministro de Hacienda se burla de la Asamblea Legislativa a no acudir a cuatro llamados para rendir un informe sobre la ejecución del Presupuesto y los préstamos aprobados. También se burla el director de la Policía Nacional Civil, quien por orden de Bukele desacató la orden de la Asamblea para que la Policía garantizara por apremio que el ministro de Hacienda se presentara a la Asamblea, ante la convocatoria que es de obligatorio cumplimiento.
6. La Policía desconoció la orden de la Fiscalía General de la República (FGR), de obligar a los sindicalistas dirigidos por los ministros de Trabajo y de Gobernación a desocupar el acceso al relleno sanitario de Nejapa, donde la alcaldía de San Salvador deposita los residuos insalubres. Detrás de ese desacato hay una orden del presidente Bukele, a quien no le preocupa que la acumulación de residuos afecte la salud de la gente, pues su único interés es ganar las elecciones de 2021.
7. Estamos ante un órgano Ejecutivo que no reconoce la independencia del órgano Legislativo, a la autonomía de los gobiernos municipales y la independencia de la FGR, y que, además, irrespeta reiteradamente otras leyes de la República. El país cayó en una anarquía, las comunidades no reciben apoyos de las alcaldías y crecen las protestas contra el Gobierno. Todo ello en el marco de una crisis sanitaria, una recesión económica y un aumento del desempleo y la pobreza.
8. La decisión del presidente Bukele de violar constantemente el orden constitucional y agredir a otros órganos e instituciones del Estado obedece a su vocación autoritaria y dictatorial, pero también a su creencia de que la mayoría de la población lo respalda y seguirá esperando una mejoría en sus condiciones de vida, a pesar del caos en la administración pública.
9. Los anhelos de la población son legítimos, pero como la naturaleza derechista del Gobierno solo conduce al fortalecimiento del grupo empresarial que lo respalda, la decepción popular solo podría ser apaciguada, no controlada, por un excesivo uso de la fuerza pública. Ese es el escenario que se está configurando.
10. La Asamblea Legislativa y la FGR deben hacerle un antejuicio al presidente Bukele para reestablecer el orden constitucional y normalizar la vida pública, antes que la violencia y la represión contra el pueblo vuelvan a institucionalizarse, como ocurrió en los años de las dictaduras militares.
Señalamientos contra Bukele
A estos señalamientos emanados del comunicado de PROES se suman acciones realizadas por el presidente Nayib Bukele desde inicios de este año y durante esta etapa temprana en su rol como jefe de Estado, en la que suma apenas 16 meses.
La gestión de Bukele, en efecto, dio un giro que preocupó a diversos analistas, políticos e incluso a la comunidad internacional cuando, el 9 de febrero de este año, un fuerte dispositivo de seguridad, integrado por militares y policías, se tomó el Salón Azul –donde sesionan los diputados- de la Asamblea Legislativa.
Esa fecha, conocida popularmente como «9F», el presidente Bukele convocó a la ciudadanía a que se presentara a la Asamblea para presionar y exigir la aprobación de un préstamo por $109 millones para financiar un plan de seguridad contra las pandillas.
El ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, interpelado por los diputados el 21 de agosto pasado, afirmó que los sucesos del «9F», en el que los militares armados y elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) se tomaron el Salón Azul, no se trataron de una operación militar, sino de un «procedimiento de seguridad».
A raíz de estos hechos y tras la interpelación del ministro de Defensa, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 50 votos a favor y uno en contra el dictamen en el que le recomendaron al presidente destituir a Merino Monroy, en septiembre pasado.
Posteriormente al «9F» llegó la pandemia de coronavirus al país, un hecho por el que se revelaron diversos señalamientos de corrupción por parte de la administración Bukele, los cuales siguen bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte de Cuentas de la República (CCR), además de la misma Asamblea.
Ataques a la Sala
Sin embargo, además de las numerosas investigaciones de corrupción, también se evidenció un choque entre Bukele y la máxima autoridad en materia de justicia y ley, la Sala de lo Constitucional, la cual frenó en el papel varias iniciativas del Gobierno que sobrepasaron sus limitaciones.
Por ejemplo, los jueces constitucionales prohibieron a Bukele y a las autoridades de la Policía “privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliaria”, una disposición que duró desde marzo hasta julio de este año.
Bukele prácticamente ignoró las sentencias de la Sala y señaló que no entendía “el deseo mórbido que tienen de que nuestra gente muera”. “Pero juré que cumpliría y haría cumplir la Constitución”, agregó, desestimando el hecho de que, según la misma ley salvadoreña, la Sala es la que define qué es y qué no es constitucional.
Ante esto, organismos como el Instituto Iberoamericano de Derechos Constitucional (IIDC)-Sección El Salvador llamó al jefe de Estado a que ejerciera «su obligación de velar por la salud pública en el marco de la constitución y la leyes» y le pidió que cumpliera «de inmediato» con las órdenes judiciales emanadas de la Sala de lo Constitucional.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional también se ha pronunció sobre los incumplimientos de Bukele y recordó al Estado de El Salvador “su obligación de garantizar que las medidas que se adopten ante el Covid-19 tengan enfoque de derechos humanos”.
Pero Bukele no solo desobedeció a la Sala, de hecho siguió aplicando decretos que abogados constitucionalistas y otros personajes de la vida política del país criticaron por ir contra la carta magna y sobrepasar sus atribuciones, sino que el presidente también atacó constantemente a la máxima instancia constitucional en sus mensajes a la nación por medio de cadenas de radio y televisión.
En ese sentido, Bukele, durante un acto público en una comunidad, afirmó que, de ser necesario, usaría los salarios de diputados y magistrados de la Sala de lo Constitucional para pagar la construcción de 50 casas a familias afectadas por las lluvias de finales de mayo pasado.
FOTO: D1/MIGUEL LEMUS
Finalmente, el entonces ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, quien posteriormente renunció de manera abrupta, realizó los pagos de dichos funcionarios, como la ley manda.
Bukele, en el mismo acto en la comunidad Nuevo Israel, evidenció su descontento contra los otros dos órganos de Estado cuando dijo que “no hay sentencia de la Sala de lo Constitucional que valga, no hay decreto de los diputados que valga, además ellos no van a gobernar por decreto”, en referencia a sentencias del máximo tribunal de justicia, que restringió varias acciones del Ejecutivo durante la pandemia por coronavirus que sigue al día de hoy.
Luego, en agosto pasado, el presidente dio fuertes declaraciones luego de que la Sala concluyera que el decreto ejecutivo 32, que regulaba las fases de reapertura económica, era inconstitucional.
“¿Dictador? Los hubiera fusilado a todos, o algo así, si fuera de verdad un dictador. Salvás mil vidas a cambio de cinco”, dijo Bukele, en cadena nacional, añadiendo que, sin embargo, “no soy dictador”.
Congresistas lo critican
Por otro lado, uno de los sectores de la comunidad internacional que más seguimiento ha dado a Bukele es el Congreso de los Estados Unidos. Desde ahí se emitieron varias cartas en las que se pide a Bukele cesar la confrontación de poderes del Estado, respetar la libertad de prensa, no acosar a empresas -como el caso de INTRATEXT-, o dejar la intimidación política.
El 16 de febrero, siete días después de la militarización de la Asamblea -lo cual Bukele definió en una charla con un reguetonero como un acto de presión- 19 congresistas enviaron una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, en la que exponen que «estos actos de intimidación política deben ser controlados lo más rápido que se pueda».
«Desgraciadamente este incidente es el último ejemplo de un incremento militar por parte de líderes gubernamentales en Centro y Sur América; esta alarmante tendencia de utilizar a las fuerzas armadas para mostrar poder y legitimar decisiones políticas significa un gran peligro para América Latina», lamentaron.
También el 29 de abril el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, Eliot Engel, envió una carta al mandatario salvadoreño en la que expuso su “preocupación” ante las acciones recientes del Ejecutivo, las cuales ponen “en riesgo” la democracia del país.
Fachada del Capitolio, edificio que alberga las dos Cámaras del Congreso de los Estados Unidos. /FOTO: EFE
En la carta, el Comité de asuntos internacionales de la Cámara Baja pidió “reconsiderar” las acciones del Gobierno durante la pandemia, como las retenciones de salvadoreños que rompieron la cuarentena domiciliar, así como el desacato a las sentencias de la Sala de lo Constitucional.
Esto, a criterio del Comité estadounidense, “socava la constitución salvadoreña y las normas internacionales”, por lo que pidieron que Bukele no usara como “pretexto” el coronavirus para llevar a cabo dichas medidas.
En septiembre pasado, legisladores del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso estadounidense pidieron a Bukele que cesara los ataques hacia medios de comunicación del país y mostraron su “profunda preocupación por la creciente hostilidad” contra la prensa.
En la misiva dirigida a Bukele, los legisladores expresan su alarma por los ataques contra El Faro, que reveló documentos sobre presuntas negociaciones entre funcionarios de Bukele y miembros de pandillas a cambio de apoyo electoral para el partido Nuevas Ideas y una reducción de homicidios.
“Su gobierno ha atacado su credibilidad a través de artículos anónimos en los medios administrados por el gobierno. Además, estamos muy preocupados por la agresiva auditoría de las finanzas de El Faro por parte de su Ministerio de Finanzas (Hacienda), que parece ser un esfuerzo por intimidarlos”, decía la carta.
La carta exponía que el Departamento de Estado no es el único que comparte estas preocupaciones. “El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han expresado sentimientos similares durante el año pasado”, destacaron.
El 23 de septiembre pasado, una nueva carta firmada por congresistas republicanos, algunos incluso cercanos al presidente Donald J. Trump, expresaron su preocupación a Bukele, por “el alejamiento del Estado de Derecho y de las normas de democracia” en El Salvador, mencionando específicamente el ingreso de militares a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero y las presuntas negociaciones gubernamentales con pandillas.
“También estamos preocupados por los reportes de que el Gobierno de El Salvador podría estar legitimando a la MS-13, la más grande y peligrosa pandilla en los Estados Unidos, procediendo con un riesgoso proceso de negociación que podría empoderar más a esta organización criminal”, indicaron los republicanos.
Pero estos legisladores también criticaron fuertemente los actos de intimidación y las tácticas injustificadas del gobierno de Bukele contra la empresa INTRATEXT, la cual pertenece a un grupo estadounidense del que miembros de la familia Simán son accionistas y que fue objeto de allanamientos en agosto pasado.
Las acciones contra la empresa, y el arresto de Miguel Ernesto Daura Mijango, representante legal de INTRATEXT de El Salvador S.A. de C.V., el pasado 16 de agosto, fueron vistas como actos de intimidación no justificados y como una violación de procesos de fiscalización del Ministerio de Hacienda.
Policía instrumentalizada
Además de los hechos mencionados antes y durante la etapa de mayor afectación por la pandemia de Covid-19, la actuación reciente de la Policía Nacional Civil (PNC) dejó mucho que desear, a criterio de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
Este tanque de pensamiento afirmó en un comunicado que el desacato del director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, a órdenes emanadas de la Asamblea Legislativa y la Fiscalía implica una violación a la Constitución y destruyen el Estado de Derecho.
En el escrito, FUSADES hizo referencia a dos órdenes giradas con facultades constitucionales por parte de la Asamblea y otra de la Fiscalía, las cuales el director de la PNC no acató, con lo cual constituyó un “serio atentado” contra el Estado de Derecho.
La primera orden fue de la Asamblea, que requirió a la Policía llevar al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a comparecer ante la comisión especial que investiga el manejo de fondos del Estado durante la pandemia, sin embargo esto no sucedió y Zelaya, contrario a lo que manda la ley, fue a un evento público a Metapán y la PNC no intervino.
La segunda orden a la PNC fue emitida por la Fiscalía, que solicitó el desalojo de los sindicalistas de ASTRAM, la gremial de trabajadores municipales afines al ministro de Trabajo Rolando Castro, quienes bloquearon el acceso de camiones de basura capitalinos al relleno sanitario de Nejapa.
El alcalde de San Salvador manifestó el 1 de octubre pasado: «Increíble que los agentes de la PNC en lugar de retirar a las turbas de (Rolando) Castro y (Mario) Durán, las cobijan y respaldan en sus actos delictivos». FOTO: ALCALDÍA DE SAN SALVADOR.
La PNC no intervino, pese a la orden de la FGR, lo cual fue criticado por el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, quien manifestó que “muchas de estas amenazas y actos vandálicos se han hecho ante la anuencia de los agentes de la PNC”, y reveló que el director Arriaza Chicas le dijo que estaba «recibiendo una enorme presión de varios ministros».
Finalmente fue el Juzgado Ambiental de Santa Tecla el cual intervino y ordenó el desalojo de los sindicalistas de ASTRAM.
Sobre los manifestantes, Muyshondt dijo que «ninguno era empleado de la alcaldía, (era) gente halada, financiada desde el Ministerio de Gobernación por el ministro Mario Durán«, candidato a la comuna capitalina.
Estos hechos generaron críticas debido a la inacción de la Policía, institución que no acató órdenes que por ley debió seguir.
Un hecho similar se dio cuando militares negaron el acceso a los archivos de la Fuerza Armada en el Estado Mayor Conjunto al juez de San Francisco Gotera que lleva el caso de la masacre El Mozote.
La Fuerza Armada negó el pasado 21 de septiembre el acceso a dichos archivos militares relacionados a la masacre en Morazán, en la que oficialmente fueron asesinadas por el Ejército 986 personas, en su mayoría menores de edad, en un crimen de lesa humanidad perpetrado en 1981.
Ante esto, el abogado y miembro de la organización de derechos humanos Cristosal, David Morales, dijo que “pese al discurso que dio el presidente de la República, que desclasificaría los documentos de la A a la Z, en noviembre de 2019, envió una respuesta al tribunal idéntica a la que enviaron los gobiernos anteriores”.
Impagos generan amplio rechazo
Otra de las irregularidades del gobierno de Bukele y que ha generado fuertes señalamientos en su contra fue el impago de dos de sus obligaciones: una con los empleados judiciales y de la Asamblea Legislativa y otra con la entrega del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) destinado a las alcaldías.
Respecto al FODES, el Gobierno cumplió ya un atraso de cuatro meses, como lo denuncian sindicatos de alcaldías y los mismos jefes edilicios, que necesitan dichos fondos para proyectos municipales como para el funcionamiento de las mismas comunas.
Debido a la falta de pagos, lo cual el Gobierno atribuye a la falta de más aprobación de préstamos, diversos sindicatos protestaron en varias carreteras del país, colapsando el tránsito de vehículos a inicios de esta semana.
Algunos puntos que tuvieron manifestaciones con numerosos sindicalistas fueron Soyapango, Santiago Texacuangos, Bulevar del Ejército, San Marcos, carretera Panamericana, San Juan Opico, Chalatenango, Sonsonate e incluso en el oriente del país.
El bulevar del Ejército colapsó esta semana por las manifestaciones. CORTESÍA
En la carretera Panamericana, a la altura de San Marcos, hubo cierre de calles y protesta. VIDEO CORTESÍA
También hubo manifestaciones en Santiago Texacuangos. FOTO: CORTESÍA, @omaradioyskl
El Ejecutivo aún no confirma cuándo tendrá a disposición los fondos FODES ni la fecha en que los trasladará a las alcaldías.
Por su parte, los sindicatos de la Asamblea Legislativa también se pronunciaron por el impago de sus salarios del mes de septiembre, los cuales se depositaron, con 13 días de atraso, luego de amenazas de denuncias ante organismos internacionales.
Por su lado, el apoderado legal de la Asamblea sí presentó una demanda ante la FGR por los delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes contra el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, manifestó que no era cierto el argumento de Hacienda sobre un problema de ingresos en el Estado para justificar el impago.
“El país recibe ingresos todos los días, en días normales, de lunes a viernes, el equivalente a 10 millones de dólares, no es problema de ingresos, es una situación de caprichos“, expresó.
El mismo fiscal general de la República, Raúl Melara, aseguró que también inició una investigación en contra del ministro de Hacienda por posible incumplimiento de deberes y otros delitos ante la negativa de pagar los salarios.
Esta postura del Gobierno de no pagar sus obligaciones fue ampliamente rechazada y en su momento la Asamblea, en un comunicado oficial, calificó como una «extorsión» del Ejecutivo, que exigía aprobar más deuda para así cancelar los salarios.