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Presidente Bukele habría autorizado y avalado negociaciones con MS 13

El periódico El Faro reveló la semana pasada una serie de documentos oficiales sobre reuniones entre funcionarios del gobierno y cabecillas de la MS-13. Una fuente interna de Casa Presidencial ha reafirmado a Diario 1 que todas las negociaciones sostenidas por dichos funcionarios fueron expresamente autorizadas y avaladas por el presidente de la República, Nayib Bukele. Algunos analistas han señalado que todo se trata de una nueva tregua entre pandillas; en ese sentido, no solo los funcionarios sino el mismo presidente Bukele estaría cometiendo los mismos delitos cometidos por el general David Munguía Payés y el expresidente Mauricio Funes, ambos acusados de negociar con organizaciones terroristas.

Redacción
NAYIB--DURAN-ROLANDO

I. Las negociaciones de Bukele con las maras

El presidente Nayib Bukele habría autorizado a sus funcionarios negociar con la Mara Salvatrucha (MS-13) una reducción de los homicidios a cambio de beneficios para pandilleros que operan en las distintas comunidades de El Salvador y también para los que están recluidos en las cárceles del país . Así lo revela una investigación del periódico El Faro publicada la semana pasada.

Además, una fuente de Casa Presidencial confirmó a Diario 1 que el presidente Nayib Bukele autorizó al director de Centros Penales, Osiris Luna, y al director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, negociar con pandilleros, en las propias cárceles del país, la reducción de los homicidios a cambio de beneficios para las pandillas.

Es por eso que algunos analistas políticos han señalado que, de existir un pacto con pandillas, Nayib Bukele estaría cometiendo el mismo delito por el que están siendo procesados el expresidente Mauricio Funes y el exministro de Defensa, David Munguía Payés, es decir, por negociar con organizaciones terroristas.
Esto sería una rotunda contradicción por parte de Nayib Bukele, quien ha criticado con dureza a los exfuncionarios que negociaron con pandillas. “Negociaron con la sangre de nuestro pueblo. Mil veces malditos”, escribió Bukele en enero pasado al referirse a los antiguos pactos con pandillas.

El periódico El Faro publicó la noche del pasado jueves un reportaje repleto de documentos oficiales y declaraciones de un líder de la pandilla, que señala que el Ejecutivo lleva negociando con la MS13 desde junio pasado y que el pacto incluye favores electorales para los comicios del 2021.

“Las pruebas de que el Gobierno de Nayib Bukele está negociando con la Mara Salvatrucha 13 son documentos oficiales del propio Gobierno”, abre el texto que le ha dado la vuelta al mundo.

Entre los beneficios para los pandilleros están, según El Faro, permitir en las cárceles de pandillas la venta de Pollo Campero, pizza, pupusas o golosinas.

También trasladar a algunos custodios que los pandilleros consideraron muy agresivos y revertir la decisión tomada en abril pasado de juntar a miembros de pandillas contrarias en las mismas celdas.

Además, habría una promesa hecha por los funcionarios del Ejecutivo de reblandecer el régimen de máxima seguridad, derogar leyes y dar a los pandilleros beneficios en caso de que el Gobierno logre control del poder legislativo tras las elecciones de febrero de 2021.

“El Faro obtuvo cientos de páginas de informes de inteligencia penitenciaria y libros de novedades de dos cárceles de Máxima Seguridad, que prueban encuentros del director de Tejido Social, Carlos Marroquín, y del director general de prisiones, Osiris Luna, con líderes pandilleros. En 14 de las visitas participaron encapuchados que entraron a cárceles sin identificarse. Al menos uno de esos visitantes era un líder pandillero en libertad”, dice el reportaje.

El fiscal general de la República, Raúl Melara, ordenó la tarde del pasado lunes un allanamiento en Centros Penales para recabar información sobre un posible pacto con pandillas.

II. Mario Durán, el emisario

Mario Durán, actual ministro de Gobernación, y candidato a alcalde de San Salvador por Nuevas Ideas, sería uno de los arquitectos de la nueva tregua con pandillas.

Aunque El Faro no lo cita como uno de los que han estado negociando en Centros Penales, Durán fue quien comenzó las negociaciones con pandillas desde los tiempos que estaban en la alcaldía de San Salvador.

Investigaciones policiales revelan que Durán fue uno de los hombres de Bukele que se sentaron a negociar con la MS-13 la reducción de homicidios en San Salvador. Eso ocurrió en 2015.

Por ese entonces, la Fiscalía General comenzó una investigación para desmantelar a la MS-13 y, por primera vez, la estrategia fue atacar las finanzas de esa pandilla. Como parte de la investigación, la Policía Nacional Civil (PNC) montó 50 “operaciones de vigilancia y seguimiento” contra líderes de pandillas.

En uno de estos operativos, el 21 de diciembre de 2015, los investigadores fotografiaron a Mario Durán, quien entonces era concejal de la alcaldía de San Salvador, y a Carlos Marroquín, quien era empleado de la misma municipalidad, reunidos con dos cabecillas de la MS-13 en una sucursal de la Pizza Hut de la capital.

Foto El Faro

Foto El Faro

Según El Faro, en esa reunión los pandilleros pidieron $10,000 dólares a Durán y Marroquín para dejar a la municipalidad operar en sus zonas.

“La reunión no era el inicio de un diálogo, sino la continuación de uno que la alcaldía de Bukele había abierto un año antes con los pandilleros, que continuaría durante toda la administración y que fue clave para que se pudieran realizar obras como el Mercado Cuscatlán”, dice el reportaje titulado “Nueva información de la reunión entre Mario Durán y Renuente de la MS-13”.

Renuente, uno de los cabecillas de la MS-13 con los que se reunió Mario Durán, había sido, según El Faro, “clave en la planificación de atentados contra el Estado y que conspiró para asesinar a políticos”.

Mario Durán le dijo a periodistas de El Faro que no recordaba esa reunión, “a pesar de que a la salida de aquel encuentro fue detenido por la Policía para identificarlo”.

III. Rolando Castro, el ministro vinculado a la MS-13

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, ha sido vinculado a la MS-13 desde los tiempos en que se desempeñaba como jefe de Parques y Jardines de la alcaldía de San Salvador. Sin embargo, recientes investigaciones revelaron que Rolando Castro sería parte de una estructura de crimen organizado que opera en San Salvador.

Este caso salió a la luz pública luego de la muerte del sindicalista Weder Meléndez, abatido a tiros en la colonia Guatemala el pasado 7 de agosto.

En seguida, Rolando Castro salió en redes sociales acusando al alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, de estar detrás del crimen. No obstante, algunas personas señalan que todo se trató de una cortina de humo para ocultar las verdaderas causas del homicidio.

Pocos días después del asesinato de Weder Meléndez, Diario 1 tuvo acceso a un informante de la organización de narcotráfico que Rolando Castro estaría dirigiendo.

El informante detalló que el motivo del asesinato de Weder Meléndez se debió a la deuda de cuatro meses de renta (de abril a julio) que la estructura que estaría encabezada por Rolando Castro debía pagar para poder distribuir la droga en los territorios dominados por la MS-13.

En la entrevista con Diario 1, el informante explicó que la estructura que sería encabezada por el ministro de Trabajo pactó con la MS-13 para distribuir drogas en su “cancha” libremente y recibir protección de esa pandilla.

Foto: D1

Foto: D1

Según el informante, la cancha —zonas dominadas por la pandilla —, abarca todo el centro histórico de San Salvador, el parque Cuscatlán, parque Centenario, San Jacinto y otros lugares más.

Agregó que el acuerdo era que los vendedores de droga de la estructura, supuestamente dirigida por Rolando Castro, podían distribuir la mercancía (especialmente piedra y marihuana, pero también cocaína) sin ningún problema. A cambio, la estructura de tráfico de droga debía pagar 5,000 dólares mensuales.

La persona que habló con Diario 1 detalló que la estructura de la organización de crimen organizado de San Salvador, de la cual Rolando Castro estaría a la cabeza, es operada principalmente por German Muñoz, concejal de la alcaldía de San Salvador.

Explicó que el otro operador fuerte era Weder Meléndez, quien fue asesinado el pasado 7 de agosto porque no habría pagado el dinero pactado con la MS-13.

El trabajo de Weder Meléndez, según la misma fuente, era entregar la droga a Norma Aguirre, líder de los vendedores informales del centro de San Salvador, y quien posteriormente distribuía la droga por medio de alrededor de 30 personas.

El dinero de la droga, dijo el informante, era entregado por Norma Aguirre a Weder Meléndez, y este se lo entregaba a German Muñoz, mano derecha del ministro Rolando Castro.

El informante indicó que Weder Meléndez también era el encargado de pagarle a la MS-13 los 5 mil dólares para permitir la distribución de la droga.

Aparentemente por motivos que aun no están claros, Weder Meléndez no habría pagado la renta durante cuatro meses y por eso la MS-13 decidió matarlo.

Un personero de la Casa Blanca manifestó a Diario1 que la administración del presidente Donald Trump ve con mucha preocupación el señalamiento que haya vínculos o algún tipo de asociación entre el gobierno de Nayib Bukele y la MS-13.

VI. Negociaciones de Mauricio Funes con las maras

La primera gran tregua entre pandillas ocurrió en marzo del 2012, cuando los homicidios se desplomaron de la noche a la mañana.

Meses antes, David Munguía Payés había sido nombrado ministro de Seguridad por el entonces presidente Mauricio Funes.

El gobierno atribuyó el descenso de homicidios a los planes de seguridad implementados por Munguía Payés. Pero luego se supo que el gobierno había pactado la reducción de homicidios a cambio de beneficios carcelarios.

La baja en la violencia por el supuesto acuerdo de las pandillas llamó la atención de todo mundo, pero detrás estaba un acuerdo con el gobierno.

Esto supuestamente incluía beneficios carcelarios para los líderes presos, inversión pública en las comunidades bajo el control de estas bandas y una menor presencia de las fuerzas de seguridad en estos sitios. El entonces presidente Mauricio Funes dijo que su gobierno únicamente era un acompañante de la iniciativa.

Esta versión cambió tiempo después con sendos juicios contra los supuestos operadores de la tregua, entre ellos funcionarios, civiles y empleados gubernamentales.

La tregua finalmente se rompió por la decisión unilateral del Barrio 18, de acuerdo con Funes, quien anunció el fracaso del pacto en abril de 2014.

En noviembre de 2013, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el nombramiento de Munguía Payés en el Ministerio de Seguridad por su origen militar.

Fotoarte D1.

Fotoarte D1.

Funes devolvió, entonces, al general al Ministerio de la Defensa y se quedó ahí hasta el final de su mandato en junio de 2014. Ese mismo año, el sucesor de Funes, el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén, lo reenganchó por 5 años más.

Tras el fracaso de la tregua, las cifras de homicidios se duplicaron en 2014: llegaron a 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 y a 81 en 2016. Estos fueron los dos años más violentos en la historia reciente del país centroamericano.

El expresidente Funes negó, tras declarar en la Fiscalía en 2016, que su Gobierno haya dado prebendas a líderes de pandillas encarcelados a cambio de una disminución de los homicidios y dijo que el papel de su Ejecutivo fue el de acompañante del proceso.

En mayo de ese mismo año, el Ministerio Público ordenó la detención de una veintena de personas, incluido el principal mediador de la tregua, Raúl Mijango, exdiputado de izquierda.

Estas personas enfrentaron en agosto de 2017 un primer juicio, en el que algunos involucrados comenzaron a señalar que la tregua fue una iniciativa gubernamental.

El exobispo castrense de El Salvador y exmediador de la tregua, Fabio Colindres, declaró en dicho juicio que el armisticio se dio por “invitación” del gobierno y no por iniciativa de las pandillas o de la sociedad civil.

En ese mismo juicio, Munguía Payés, quien repetía la versión dada por Funes, cambió su historia y dijo que la tregua fue una política de gobierno de “pacificación”.

Al ser preguntado por los fiscales sobre la instancia del Gobierno en la que “fue creado el proceso de pacificación” o tregua el militar sostuvo que “inició en el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el Gabinete de Seguridad”.

Dicho juicio, en el que todos los procesados fueron absueltos, se anuló y debió repetirse en 2019 y únicamente siete personas recibieron condenas leves, entre ellos Raúl Mijango, uno de los operadores de la tregua.

El pasado mes de julio, la Fiscalía ordenó la captura de Munguía Payés y del expresidente Mauricio Funes (prófugo de la justicia desde y asilado en Nicaragua desde 2016) por negociaciones con pandillas.

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