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Reclamo de Congreso de EEUU a Bukele incluye allanamiento a empresa de grupo Simán

Congresistas de Estados Unidos cuestionaron fuertemente las tácticas intimidatorias e injustificadas llevadas a cabo por el gobierno de Nayib Bukele contra la empresa INTRATEXT, filial de una compañía norteamericana, y se lo hicieron saber en una carta abierta.

Redacción
FOTOARTE: D1
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Congresistas republicanos criticaron fuertemente los actos de intimidación y las tácticas injustificadas del gobierno de Nayib Bukele contra la empresa INTRATEXT, la cual pertenece a un grupo estadounidense del que miembros de la familia Simán son accionistas y que fue objeto de allanamientos en agosto pasado.

Los legisladores estadounidenses denunciaron en la misiva, con fecha de 23 de septiembre, los ataques “arbitrarios” contra INTRATEXT, una empresa subsidiaria de un grupo empresarial estadounidense, a la que se “allanaron sus instalaciones e interrumpieron sus operaciones”, según advierten los congresistas.

Los firmantes de la carta, todos del Partido Republicano que llevó al poder al magnate Donald J. Trump, son los congresistas David Joyce, Mario Díaz-Balart, Rodney Davis, Brian Fitzpatrick, Alex Mooney y Francis Rooney.

Las acciones contra la empresa, y el arresto de Miguel Ernesto Daura Mijango, representante legal de INTRATEXT de El Salvador S.A. de C.V., el domingo 16 de agosto, han sido vistas como actos de intimidación no justificados y como una violación de procesos de fiscalización del Ministerio de Hacienda.

El caso además ha desatado críticas contra el gobierno, pues prestigiosos economistas y analistas políticos han señalado que en momentos de crisis por la pandemia del Covid-19, el gobierno debió trabajar por la unidad de todos los sectores de la sociedad salvadoreña y no realizar ataques que se consideran con fines electorales o con un sesgo político cuestionable.

Daura Mijango fue arrestado en agosto debido a que, según acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), fue el responsable de evadir $293 millones en impuestos.

Sin embargo, luego se supo que, según el requerimiento fiscal, el monto observado era muy inferior al revelado inicialmente, y correspondía a $5,336,293.33.

Esta acción no fue bien vista en Washington y los congresistas del Partido Republicano, que se encuentra en el poder del Ejecutivo estadounidense, se lo han hecho saber al gobierno salvadoreño mediante una carta abierta enviada a Nayib Bukele en la que también le cuestionan el ingreso de militares a la Asamblea Legislativa, el pasado 9 de febrero.

Asimismo, critican la postura combativa del gobierno a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, el máximo tribunal salvadoreño y al que Bukele minimiza en sus pronunciamientos en redes sociales. También lo cuestionan por las investigaciones del periódico digital El Faro en las que se señala que el Ejecutivo negocia con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13), a cambio de favores electorales al partido Nuevas Ideas y una baja de homicidios.

Cifras falsas

Tras la captura de Daura Mijango, representante legal de INTRATEXT, empresa a la que hacen mención los legisladores estadounidenses, el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dieron una conferencia de prensa, rodeados de policías, con el imputado en medio de la escena.

“Son 293 millones los que debemos recuperar para poder llevarle salud a las personas que están sufriendo durante la crisis sanitaria… el ministro Rivas decía que con esto pudimos haber financiado la fase dos y tres del plan Control Territorial”, dijo Zelaya ese 16 de agosto.

Sin embargo, tanto el presidente Bukele y sus ministros, quienes replicaron las cifras de la supuesta evasión y los mensajes sobre la captura, estaban mintiendo. Habían inflado los montos de la presunta evasión de impuestos realizada por la empresa INTRATEXT.

Ante eso, las críticas llovieron de parte de muchos usuarios de redes sociales. Incluso analistas políticos y económicos señalaron que el interés y la fuerza publicitaria que se le inyectó al caso hacen pensar que no fue un error de dedo o de comunicación haber manejado una cifra tan inflada.

Es más, los expertos en la materia consideran que la distorsión que hizo el presidente Bukele y sus ministros, en cuanto a la cifra de evasión, fue con dolo, y, por ende, habrían cometido el delito de calumnia.

Sobre todo porque en estos casos la ley exige confidencialidad con la información de las empresas, ya que son temas de carácter privado y en los que todavía no hay una condena penal; por lo tanto, el honor y reputación de las personas que están vinculadas con dichas empresas podría verse afectados por el manejo irresponsable del caso por parte del gobierno.

A eso se sumó el pronunciamiento de Javier Simán, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

Simán, parte de una familia empresarial, explicó que desde hace cinco años se independizó de su familia para alcanzar “sus propias metas y sueños”. O sea, aclaró que ni siquiera tiene vínculos con la empresa INTRATEXT, la cual analistas consideran ha sido víctima de ataques injustificados.

Esto ya que, si bien la empresa textil INTRATEXT está vinculada a la familia Simán, pertenece a un grupo económico establecido en Estados Unidos y es, por ende, filial de la compañía norteamericana de la que miembros de la familia Simán son accionistas. Esto no incluye a Javier Simán, como confirmó el mismo empresario en una carta abierta el 17 de agosto.

El conflicto Bukele-Simán

El conflicto entre el presidente Nayib Bukele y el empresario Javier Simán se intensificó cuando este último fue nombrado cabeza de la ANEP, a finales del mes de abril.

Bukele acusó a Simán, a mediados de mayo pasado, de tratar de sabotear el trabajo de su gobierno y dejó de reconocer su liderazgo entre los empresarios.

La ruptura con Simán se dio tras las críticas del gremio de empresarios y de académicos a la gestión del gobierno Bukele de millonarios fondos para atender la pandemia de la Covid-19.

De hecho, Bukele decidió reunirse con un grupo de prominentes empresarios salvadoreños entre los que no estaba la familia Simán. Con ellos buscó llegar a acuerdos, saltándose a la asociación que aglutina a decenas de gremiales empresariales.

Pese a los ataques públicos del mandatario contra la figura de Simán, este buscó mantener una posición de diálogo y a la vez de crítica ante las acciones que consideró desacertadas por el Ejecutivo durante la pandemia.

Este historial de la división entre el Gobierno, y en particular Bukele, con la gestión de Simán al frente de la ANEP viene desde inicios del año y se agravó en los últimos meses.

Si bien el 1 de abril pasado ambas partes se reunieron con el objetivo de encontrar puntos en común para resolver la crisis provocada por el coronavirus, en un encuentro celebrado incluso por el embajador estadounidense Ronald Johnson, la situación cambió el mes siguiente.

El 6 de mayo el presidente de la gremial, Javier Simán, se pronunció en desacuerdo con las medidas adoptadas por el Gobierno, que restringió la circulación y adquisición de alimentos de acuerdo al último dígito del documento de identidad (DUI). Esto lo calificó como “inconstitucional” y a su pronunciamiento se unieron varias voces que criticaron estas acciones.

Posteriormente, el 12 de mayo, el presidente Bukele anunció a través de sus redes sociales que su Gobierno desconocía a Simán como representante de la empresa privada, una postura que el mandatario ha mantenido hasta la fecha.

“Es evidente que el nuevo liderazgo de ANEP solo busca sabotear el trabajo del Gobierno. Lo peor, en medio de una pandemia”, señaló el mandatario.

Y después, llegaron los ataques contra las empresas ligadas a la familia Simán, mas no necesariamente vinculadas a Javier Simán, excandidato presidencial de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

López Davidson y otros opositores de Bukele

Tanto Javier Simán, como Gustavo López Davidson fueron contrincantes de Carlos Calleja en las elecciones internas que el partido ARENA realizó en 2018 para elegir a su candidato presidencial.

Al final, el partido tricolor eligió a Calleja, también empresario. Por su parte, Gustavo López fue nombrado presidente del partido ARENA y Simán retornó a sus actividades empresariales.

Durante los primeros meses de Bukele en el poder, López Davidson criticó a su gobierno. Fue entonces que el mandatario lo desconoció como representante de la oposición.

En febrero de este año, Gustavo López renunció a la presidencia del partido ARENA aduciendo que lo hacía “por una sola razón” y era “enfrentar un proceso en mi contra”.

El viernes 14 de agosto, la Fiscalía ordenó su captura por complicidad necesaria en el delito de peculado.

La FGR lo acusó de afectar al Estado en un intercambio de armas con el Ministerio de la Defensa a través de su empresa Centrum. Según la acusación, Gustavo López entregó dos obuses usados a cambio de armas nuevas y obsoletas.

Actualmente López Davidson está detenido, esperando la audiencia inicial para saber si queda detenido o es procesado en libertad condicional.

Bukele también ha desconocido a Javier Simán como representante de la ANEP y en mayo pasado el gobierno cerró una de las empresas de la familia Simán aduciendo ciertos incumplimientos legales.

Un experto en la materia de la política interna de El Salvador manifestó que esta era una clara intención del gobierno de Bukele de utilizar el poder del Estado para neutralizar a posibles opositores políticos en una futura contienda presidencial, en este caso, Gustavo López Davidson y Javier Simán.

El Gobierno salvadoreño además ha continuado acciones cuestionables en cuanto a la forma de tratar a empresas que ni siquiera han concluido los procesos correspondientes y son expuestas de forma politizada y sin tomar en cuenta el debido proceso.

En ese sentido, el Ministerio de Hacienda, ahora liderado por Alejandro Zelaya, tras la sorpresiva salida de Nelson Fuentes, se ha caracterizado por llevar requerimientos a la Fiscalía en lo que en redes sociales el gobierno llama “Jueves de evasores”.

Estas acciones de Hacienda, consideradas politizadas y hasta difamatorias por expertos económicos, también son vistas ya por el Congreso de Estados Unidos, que a través de cartas enviadas por parte de legisladores republicanos y demócratas, han hecho ver al presidente Nayib Bukele que no puede sobrepasar los debidos procesos ni socavar -como dicen en su última carta- el Estado de Derecho en El Salvador.

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