El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, confirmó este miércoles que, tras dos semanas de atraso, el Gobierno finalmente transfirió los fondos para el pago de salarios de los empleados de este órgano de Estado, aunque dijo que «los daños colaterales ya están hechos».
Tras la amenaza del sindicato de la Asamblea de denunciar la falta de pagos ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la demanda interpuesta por el apoderado legal del Legislativo ante la Fiscalía General de la República (FGR), los $3.6 millones destinados a los pagos fueron trasladados por el Ministerio de Hacienda.
«Eso (depósito) se debería de haber hecho desde hace buen rato. No era falta de ingresos, ingresos hay todos los días. El presupuesto de la Asamblea Legislativa no es uno exhorbitante», dijo esta mañana a los medios el presidente de la Asamblea.
Asimismo, lamentó que «lastimosamente los daños colaterales ya están hechos; hay cooperativas financieras que no han perdonado a nuestros empleados» con el cobro de préstamos o intereses por mora.
«Lastimosamente este tipo de decisiones arbitrarias, fuera del marco jurídico dañan a las personas más humildes, más vulnerables; en este caso nuestros empleados no tienen nada que ver con las condiciones políticas que el órgano Legislativo toma», expresó Ponce, también legislador del Partido de Concertación Nacional (PCN).
El traslado de fondos destinados al pago de salario se efectuó este martes por la noche.
«El monto de los $3.6 millones (que requieren mensualmente), el 87 % de ese presupuesto, es para el pago de salarios de empleados», indicó Ponce.
El legislador añadió que «las cooperativas financieras no perdonan y el resto de bancos aplicaron cláusulas financieras, ya habían casos donde se iniciaron procesos de embargos».
Presidente @marioponcesv brinda declaraciones sobre la transferencia de fondos para el pago de salarios a empleados legislativos. pic.twitter.com/eahvIAO69R
— Radio Legislativa 88.1 FM (@RLegislativaSV) October 7, 2020
Acciones del Legislativo
Esta cancelación de salarios se dio con un atraso de dos semanas, lo que generó varias acciones de protesta del sindicato de empleados de la Asamblea, además de un aviso interpuesto ante la FGR y una posterior demanda.
Desde inicios de octubre, la Asamblea se pronunció ante el impago a sus empleados, lo cual calificaron como una «extorsión» del Ejecutivo para que se aprobaran más préstamos. Asimismo, en un comunicado indicaron que esta decisión de no transferir los $3.6 millones era una «amenaza directa».
Los diputados no solo pidieron al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que cumpliera con la cancelación de salarios, sino que también denunciaron públicamente “la ausencia total de transparencia en la administración de cuantiosos recursos asignados para el combate de la pandemia”.
En específico, la Asamblea mencionó en el comunicado del 1 de octubre que el Gobierno contó con $7,111 millones para sus distintas acciones contra la Covid-19 y otras obligaciones, por lo que el argumento de falta de ingresos lo consideraron inválido.
Demanda
Posteriormente, este lunes 5 de octubre, el mismo diputado Ponce confirmó en espacios de entrevista televisiva que se interpuso una demanda ante la FGR contra el ministro de Hacienda y su equipo de trabajo por el impago de salarios.
En dicho recurso legal, firmado por el apoderado legal de la Asamblea, Juan Gilberto Contreras, el Legislativo señaló a Zelaya por los delitos de «actos arbitrarios e incumplimiento de deberes».
«Hay una sanción (del Gobierno contra la Asamblea) y eso es lo que hemos podido leer entre líneas. El ministro no está solo en la decisión, no se la está jugando solo», dijo este lunes el legislador.
Mientras que este martes, Luis Ortega, el secretario general del sindicato de empleados legislativos, anunció que la institución presentaría denuncias ante organismos internacionales por el atraso en el pago de los salarios.
Ortega detalló que serían cuatro denuncias las que interpondrían ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Mientras que, la semana pasada, el fiscal general de la República, Raúl Melara, aseguró que se había iniciado una investigación en contra del ministro de Hacienda por posible incumplimiento de deberes y otros delitos.
El argumento del Gobierno sobre esta falta de pagos radicó en que no se contaba con los recursos para realizar el traslado de los $3.6 millones a la Asamblea, aunque Ponce contrastó que el Gobierno recibe diariamente $10 millones.
Al respecto, la comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, afirmó este lunes que ya contaban con fondos para comenzar a pagar a empleados de la Asamblea, aunque “la prioridad número uno son los trabajadores y los proveedores” de este órgano del Estado.
De hecho, la propuesta del ministro de Hacienda fue de trasladar los fondos de forma escalonada, pagando inicialmente a los empleados administrativos, asesores y como último a los diputados. Esta propuesta fue rechazada por Mario Ponce.