La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles reformas a la Ley Penal juvenil, Ley contra el crimen organizado y Ley penitenciaria, con el propósito de que los menores de edad vinculados a delitos relacionados a pandillas o el crimen organizado sean recluidos provisionalmente o cumplan sus penas en cárceles comunes, pero en sectores diferentes, separándolos de los menores procesados por delitos comunes y de los adultos.
La reforma, que recibió el aval con 57 votos de los legisladores, contiene un inciso en el artículo 119 de la Ley Penal Juvenil, la cual menciona que los menores cumplirán medidas de detención provisional o penas de cárcel en “centros penitenciarios administrados por la Dirección General de Centros Penales”, estableciendo “separación en pabellones hasta que estos alcancen los 18 años de edad”.
Además, el Órgano Legislativo avaló reformar la Ley contra el crimen organizado, con lo que se traslada el cargo de vigilar las normas que regulan la ejecución de las penas y las atribuciones de los jueces de vigilancia penitenciaria a los tribunales y cámaras contra el crimen organizado. La reforma también incluye la prohibición del beneficio de libertad condicional a los detenidos bajo esta ley.
A esto se suma una tercera reforma, aplicada a la Ley Penitenciaria, que asigna a los tribunales especializados de crimen organizado la vigilancia de las penas de los menores y adultos señalados de delitos de crimen organizado.
Previo a la aprobación de estas reformas, los diputados miembros de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia recibieron al ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien aseguró que el objetivo es generar un “ahorro de recursos” en el sistema judicial. “Contrario a demandar más recursos del sistema judicial lo estamos acortando, un juez de crimen organizado tiene la capacidad para imponer la pena y también supervisarla. Parte de la reforma es que vamos a generar una oportunidad de ahorro de recursos y saturación de casos en vigilancia penitenciaria”, agregó.