El Tribunal de Sentencia de San Vicente condenó a 24 años y 8 meses de prisión a Dina Concepción Arévalo Chicas, exalcaldesa de San Rafael Cedros, tras hallarla culpable por actos de corrupción cometidos mientras ejercía como máxima autoridad de la comuna entre los años 2012 y 2015.
Ella y parte de su concejo municipal participaron en los delitos de peculado, negociaciones ilícitas y malversación de fondos del gobierno municipal, según pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
La entonces funcionaria aprovechó su posición para otorgar proyectos de agua potable y mejora de caminos rurales de diversos cantones del municipio a varios empresarios de forma arbitraria. Conchita Arévalo, como era conocida durante su gestión, pedía dádivas económicas de hasta $50,000.00 para adjudicar estas obras.
En específico, el tribunal le impuso 15 años de prisión por el delito de peculado, 6 años y 8 meses por el delito de negociaciones ilícitas y 3 años por el delito de malversación. Además, Dina Arévalo deberá pagar $126,000.00 en concepto de responsabilidad civil.
También, el juez sentenció a Gustavo Ulises Hernández a 3 años de cárcel con reemplazo de la pena por el delito de tráfico de influencias. Participaba en las negociaciones de licitaciones y proyectos de forma ilícita junto a otras dos personas más con quien Arévalo mantenía comunicación.
Se suma Miguel Ángel Antonio, condenado en procedimiento abreviado a 3 años de prisión con reemplazo por el delito de peculado al comprobarse su participación en los actos de corrupción. Se incluyen José Carlos Rodríguez y José Argelio Mendoza, condenados a 4 años y 6 meses de prisión por el delito de negociaciones ilícitas, y Silvia Dinora, a 1 año de prisión con reemplazo por el delito de malversación.
Tanto Dina Arévalo, José Carlos Rodríguez y José Argelio Mendoza cuentan con órdenes de captura pendientes para cumplir sus condenas ante la justicia salvadoreña. Fueron procesados judicialmente a partir de las reformas realizadas al Código Procesal Penal.