La Gaceta, el diario oficial publicado por el Ministerio de Gobernación de Nicaragua, confirmó este martes la nacionalización de otros tres parientes del expresidente Salvador Sánchez Cerén, quien se refugia en dicho país para evadir la justicia salvadoreña, que lo requiere por delitos de corrupción.
De acuerdo con el rotativo, el régimen de Daniel Ortega confirió la ciudadanía nicaragüense a Salvador Antonio Sánchez Villalta, hijo del exmandatario, su nieta Alejandra Sofía Guardado Sánchez y su bisnieto Carlos Manuel Pacheco Guardado, de tres años de edad.
El pasado 30 de julio, dicha publicación confirmó las nacionalizaciones del mismo Sánchez Cerén, su esposa Margarita Villalta y sus hijos Salvador Antonio, Claudia Lissette y Dolores Iveth Sánchez Villalta.
Sánchez Cerén siguió así el ejemplo del expresidente Mauricio Funes, quien en 2016 recibió la ciudadanía nicaragüense de parte del régimen de Daniel Ortega. El exmandatario es requerido en El Salvador por al menos nueve procesos legales, la mayoría de ellos relacionados con casos de corrupción ocurridos en su gestión.
De acuerdo con las normas internas de Nicaragua, ninguno de sus ciudadanos puede ser extraditado para enfrentar la justicia de otra nación. La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Sánchez Cerén de recibir $530 mil aparte de su salario cuando fungió como vicepresidente (2009-2014).
A finales de julio, la Fiscalía acusó formalmente a 10 exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) por presuntamente haber recibido sobresueldos durante el tiempo en que ejercieron sus respectivos cargos y cooperar así al esquema de lavado de más de $350 millones que se implementó durante ese quinquenio, según investigaciones.
De esas 10 acusaciones, se hicieron efectivas las capturas de Violeta Menjivar, Carlos Cáceres, Hugo Flores, Erlinda Handal y Calixto Mejía. Durante el gobierno de Funes, cada uno ejerció respectivamente los cargos de viceministra de Salud, ministro de Hacienda, viceministro de Agricultura y Ganadería, viceministra de Ciencia y Tecnología y viceministro de Trabajo.
Además de Sánchez Cerén, uno de los exfuncionarios que actualmente huye de la justicia es el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, quien obtuvo asilo político por parte del gobierno de México.
Otros implicados en el denominado «Caso Desfalco» que aún no han sido capturados son el exministro de Agricultura y Ganadería, Guillermo López Suárez; el exministro de Seguridad Pública, Manuel Melgar y la entonces viceministra del Medio Ambiente, Lina Pohl Alfaro.