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Gerson Martínez huye a México 

Fiscalía requiere al exministro de Obras Públicas por lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito.

Redacción
Foto: D1/MIGUEL LEMUS
Foto: D1/MIGUEL LEMUS

El exministro de Obras Públicas de los dos gobiernos del FMLN, Gerson Martínez, ha recibido estatus de refugiado político en México, en momentos que la justicia salvadoreña lo requiere por delitos de corrupción.

Así lo confirmó este lunes Pedro Cruz, abogado de Martínez, quien pidió además al juzgado Segundo de Paz que anule la orden de captura en su contra, como parte del “Caso Desfalco”, que involucra a diez antiguos funcionarios efemelenistas. 

No es la primera vez que México otorga refugio a un alto cuadro del FMLN: En marzo del año pasado se conoció que ese gobierno había concedido asilo político al expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, quien está acusado de mover seis millones de dólares en actividades ilícitas.

Al conocerse sobre el estatus de refugiado político otorgado a Martínez, el presidente Nayib Bukele reaccionó de esta en forma en su cuenta de Twitter: “Gerson Martínez, “el albañil del pueblo”, la cara de la “transparencia” del FMLN, miembro del “Grupo Promotor”, luchador incansable, junto a la “sociedad civil”, por la “transparencia y la rendición de cuentas”, ha oficialmente huido de El Salvador”.

A finales de julio, la Fiscalía acusó formalmente a 10 exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) por presuntamente haber recibido sobresueldos durante el tiempo en que ejercieron sus respectivos cargos.

De esas 10 acusaciones, se hicieron efectivas las capturas de Violeta Menjivar, Carlos Cáceres, Hugo Flores, Erlinda Handal y Calixto Mejía. Durante el gobierno de Funes, cada uno ejerció respectivamente los cargos de viceministra de Salud, ministro de Hacienda, viceministro de Agricultura y Ganadería, viceministra de Ciencia y Tecnología y viceministro de Trabajo.

Además de Martínez, entre los exfuncionarios que se encuentran prófugos de la justicia está el expresidente Salvador Sánchez Cerén, quien durante el mandato de Funes fue vicepresidente y ministro de Educación ad-honorem.

El 30 de julio pasado, el gobierno de Nicaragua confirió ciudadanía a Sánchez Cerén, así como a su esposa, su hija y su nieto. De acuerdo con las normas internas de dicho país, ninguno de sus ciudadanos puede enfrentar extradición para enfrentar la justicia de otra nación.

Sánchez Cerén siguió así el ejemplo del expresidente Mauricio Funes, quien en 2016 recibió la ciudadanía nicaragüense de parte del régimen de Daniel Ortega. El exmandatario es requerido en El Salvador por al menos nueve procesos legales, la mayoría de ellos relacionados con casos de corrupción ocurridos en su gestión.

Otros implicados en el “Caso Desfalco” que aun no han sido capturados son el exministro de Agricultura y Ganadería, Guillermo López Suárez; el exministro de Seguridad Pública, Manuel Melgar y la entonces viceministra del Medio Ambiente, Lina Pohl Alfaro.

“La FGR ha realizado la conclusión de una investigación en contra de varios exfuncionarios de la administración del expresidente Mauricio Funes, todas estas personas contribuyeron al desfalco de $350 millones al Estado”, dijo en su momento el fiscal general, Rodolfo Delgado, quien también aseguró que la investigación inició en 2019 con el caso Saqueo Público.

Se estima que solo entre esta red de exfuncionarios acusados, se habrían movido más de $2.5 millones en concepto de sobresueldos. 

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