La legisladora estadounidense Norma Torres presentó al Congreso de ese país varias disposiciones para combatir la corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras, así como otras iniciativas para ayudar a poblaciones vulnerables de esta región.
Torres propone que el Gobierno estadounidense destine $45 millones para un fondo anticorrupción y para esfuerzos en mejora del Estado de derecho de los países del denominado Triángulo Norte.
Al respecto, la legisladora del distrito 35 de California, dijo que «me alegra que mis compañeros (del Comité de Asignaciones de la Cámara) se hayan unido a mí para reconocer el importante papel que tiene la política exterior de EE.UU. en la lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte y espero continuar los esfuerzos bipartidistas para apoyar el estado de derecho en la región».
Asimismo, la congresista de origen guatemalteco incluyó entre las disposiciones de ley, según su sitio web oficial, iniciativas para «eliminar a los actores corruptos en el Triángulo Norte».
En ese sentido, solicitará que se haga un reporte con la lista de individuos corruptos en los países de esta región.
La congresista no brindó más detalles de estas iniciativas, tanto la de destinar $45 millones para combatir la corrupción como sobre la elaboración de la lista de personajes corruptos en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Ayuda a poblaciones vulnerables
Además, Norma Torres incluye en su propuesta de ley la asignación de $20 millones para programas de protección a mujeres y niños en el Triángulo Norte.
La congresista expuso que el deterioro del Estado de derecho es clave para que las poblaciones vulnerables de El Salvador, Guatemala y Honduras emigren, la mayoría de forma ilegal, hacia la frontera sur estadounidense.
«El sufrimiento y la inestabilidad que siguen cuando se derrumba el Estado de derecho son los factores que impulsan a muchos de los solicitantes de asilo desesperados por refugiarse en nuestra frontera sur hoy», mencionó en su pronunciamiento sobre estas iniciativas.
Estas iniciativas de la congresista demócrata deben ser añadidas a la Ley de apropiaciones de operaciones estatales y extranjeras que deberá aprobar el Congreso estadounidense de cara al año 2021.
Dicha ley incluye varios aspectos de la actuación del Departamento de Estado de EE.UU., las operaciones internacionales y programas relacionados, incluyendo la administración de asuntos exteriores, comisiones internacionales, el funcionamiento de agencias estadounidenses como la de Desarrollo Internacional (USAID).
Corrupción en la región
Diversas organizaciones internacionales han estudiado el fenómeno de la corrupción en la región centroamericana, en particular en los países del Triángulo Norte.
Una de esas instituciones que ha estudiado el tema es la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) la cual, en su informe sobre Guatemala, de enero de este año, advierte que desde que en septiembre pasado de deshizo la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el país está a merced de los grupos corruptos.
Desde que el expresidente Jimmy Morales ordenó el cierre de la CICIG, la corrupción acecha en Guatemala y esto «pone en grave riesgo algunos temas claves relacionados con el Estado de derecho y la justicia en Guatemala, incluyendo la independencia del Ministerio Público y demás instituciones de justicia, el proceso de selección de las altas cortes del país, la seguridad de los individuos y organizaciones quienes luchan por el fortalecimiento de las instituciones del Estado y una mayor rendición de cuenta».
Asimismo, la WOLA advierte que en ese contexto, «un número importante de casos de corrupción de alto impacto están actualmente moviéndose en las cortes, sin embargo, sin un compromiso claro para continuar investigando la corrupción, el futuro de muchos de estos casos emblemáticos es incierto».
De igual forma se advierte que al no haber avances en la lucha anticorrupción y sin lograrse alianzas con instituciones internacionales o gobiernos como el estadounidense, difícilmente se cumplirán metas como institucionalizar la democracia, respetar derechos humanos, combatir el lavado de dinero y el crimen transnacional en Guatemala.
Por su lado, Honduras está entre los países más corruptos del mundo, según el Índice de Percepción 2019 de Transparencia Internacional (TI).
En ese sentido, el diario hondureño La Tribuna destaca que «a nivel latinoamericano Honduras aparece entre los países considerados como más corruptos junto a Paraguay, Guatemala, Nicaragua y Venezuela».
Al igual que en Guatemala, el Gobierno hondureño decidió no dar seguimiento a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) creada en coordinación con la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El Salvador
Respecto a los informes sobre corrupción en el país, instituciones como Transparencia Internacional dan una nota baja al país en cuanto a su lucha contra este problema estructural. En su último reporte, colocan al país en la posición 133 del listado del Índice de Percepción de la Corrupción.
El país obtuvo una calificación de 34 en una escala del 1 al 100, lo que a criterio del presidente de FUNDE, Roberto Rubio, representó un estancamiento para el país en la percepción que se tiene.
Por su lado, instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o Human Rights Watch (HRW) han mostrado preocupación en temas como los derechos humanos en el país, sobre todo en el contexto de la pandemia por coronavirus (COVID-19).
Justamente en el contexto de la emergencia sanitaria salieron a la luz casos que siguen bajo investigación de la Fiscalía General de la República y el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), sobre todo respecto a la adquisición de insumos como mascarillas y protectores faciales, los cuales fueron vendidos por funcionarios del mismo Gobierno.
El caso más emblemático hasta el momento fue el del ahora expresidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), Koky Aguilar, quien según una publicación periodística vendió por medio de su empresa protectores faciales al Ministerio de Salud. Por ese motivo, el presidente Nayib Bukele lo destituyó del cargo.
Sin embargo, Estados Unidos, por medio de su embajador en el país, Ronald Johnson, ha mostrado su respaldo al país, ya que, según aseguró en una rueda de prensa conjunta con Bukele, el Gobierno actual redujo homicidios en el país y ha cooperado en materia migratoria con Washington.
Gracias a esto, el país ha sido destino de cooperación norteamericana, como respiradores especiales para pacientes graves de coronavirus.
Otras instituciones internacionales, como la Unión Europea, han sido más sobrias en su respaldo al país, ya que el embajador de este organismo, Andreu Bassols, dijo meses atrás que han puesto mecanismos para controlar el destino de la ayuda que dan a El Salvador, para así evitar que la cooperación termine en las manos equivocadas.