Luego de un mes de bloqueos constantes por parte de sindicalistas en el relleno sanitario de Nejapa y la planta de transferencia Aragón, en autopista a Comalapa, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) vigilaron que empleados de desechos sólidos de San Salvador pudieran ingresar sus camiones de basura.
El alcalde capitalino Ernesto Muyshondt presentó tres demandas ante juzgados ambientales debido a que miembros de la Asociación de Trabajadores Municipales (ASTRAM) obstruyeran el trabajo de la unidad de desechos sólidos de la comuna, lo que generó una crisis sanitaria y ambiental en San Salvador.
El jefe edilicio acusó a los ministros de Trabajo, Rolando Castro, y de Gobernación y candidato a la alcaldía capitalina por Nuevas Ideas, Mario Durán, de enviar «turbas» a bloquear el trabajo y evitar el correcto tratamiento de desechos sólidos.
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Sin embargo, este jueves, integrantes de la PDDH y la PNC llegaron a la planta de transferencia Aragón, en autopista Comalapa, así como en la calle 5 de noviembre, donde también hubo protestas de miembros de ASTRAM.
«PDDH verifica en la zona de la planta Aragón el procedimiento de PNC, atendiendo requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), que ordena la habilitacion y garantizar la libertad de circulación de ciudadanos y transporte en las zonas autopista a Comalapa y calle 5 de noviembre», indicó esta mañana la Procuraduría en sus redes sociales.
Al menos 30 policías se ubicaron en la entrada principal de la planta de transferencia para evitar que sindicalistas volvieran a obstruir el trabajo de los empleados de San Salvador.
🚍💪🏼 | Nuestros camiones recolectores ya están ingresando a la planta para descargar los residuos sólidos. 👇🏽 pic.twitter.com/iRXNcCyTTh
— Alcaldía de San Salvador (@alcaldia_ss) October 29, 2020
El alcalde Muyshondt señaló en las últimas semanas que ni el Ministerio de Medio Ambiente ni la Policía intervinieron ante la crisis sanitaria que generaron los cúmulos de basura que se acumularon en varias calles de la capital.
Esto, a pesar de las órdenes de la FGR y, en última instancia, de juzgados ambientales que solicitaron la intervención de la PNC para liberar el acceso a los rellenos sanitarios bloqueados.