La Fiscalía General de la República (FGR) pidió este miércoles a Interpol y a la Policía Nacional Civil (PNC) que emita difusión roja contra el expresidente Mauricio Funes por el caso tregua entre pandillas.
El exmandatario es prófugo de la justicia por delitos de corrupción durante su mandato (2009-2014).
“Como el expresidente Funes es prófugo de la justicia, será otro proceso que se le irá acumulando, pero se ha determinado que es a través de ese pacto, de ese liderazgo que tuvieron ellos (Munguía Payés y Funes) en el Gobierno a llevar la tregua entre pandillas, que se han cometido los delitos que se han mencionado”, señaló en julio el fiscal del caso.
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De acuerdo con el Ministerio Público, fue Mauricio Funes y David Munguía Payés quienes lideraron el pacto entre pandillas.
El exmandatario acumula al menos cinco procesos penales en El Salvador. Todos por diversos delitos de corrupción.
Es señalado de participar en el “Caso Corruptela”, en el cual se procesa a una red de venta de justicia a cambio de dádivas al interior de la Fiscalía General de la República que dirigió Luis Martínez.
La Fiscalía también acusa a Funes de haber sobornado a Luis Martínez para no ser investigado por su participación en la negociación de la tregua entre pandillas y por la divulgación en televisión nacional de un documento protegido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
De la misma forma, Funes es requerido por la justicia salvadoreña por las anomalías ocurridas en la construcción de la represa El Chaparral. En este caso, al exmandatario se le acusa por peculado, mientras que, a Ada Mitchell Guzmán, su compañera de vida, se le imputa el delito de lavado de dinero.
Asimismo, se ha solicitado capturar a Funes para que responda por haber divulgado en televisión el Reporte de Operaciones sospechosas (ROS) que incriminó al expresidente Francisco Flores en el desvío de donativos del gobierno de Taiwán para los afectados de los terremotos de 2001.
El pasado 3 de abril, el juzgado Octavo de Paz de San Salvador ordenó capturar a Funes por el delito de evasión fiscal en perjuicio de la Hacienda Pública.
La orden de captura se formuló una semana después de que la Fiscalía acusara al exmandatario de no pagar más de $375,000 en impuestos en el período fiscal de 2014.
La Fiscalía empezó a ver irregularidades en los movimientos bancarios de Funes cuando detectó la emisión de varios cheques provenientes de una cuenta bancaria a su nombre, sin justificar la procedencia de los fondos de la misma.
El expresidente Funes suma, este día, una nueva orden de captura en su contra por los delitos de Agrupaciones ilícitas e Incumplimiento de deberes, en el contexto de la denominada #TreguaConPandillas.
Se librará la nueva orden a la @PNCSV e Interpol.
— Raúl Melara (@MelaraRaul) September 16, 2020
Fiscalía también investiga a gobierno de Bukele
El periódico El Faro reveló una serie de documentos oficiales sobre reuniones entre funcionarios del gobierno y cabecillas de la MS-13. Una fuente interna de Casa Presidencial ha reafirmado a Diario 1 que todas las negociaciones sostenidas por dichos funcionarios fueron expresamente autorizadas y avaladas por el presidente de la República, Nayib Bukele.
Algunos analistas han señalado que todo se trata de una nueva tregua entre pandillas; en ese sentido, no solo los funcionarios sino el mismo presidente Bukele estaría cometiendo los mismos delitos cometidos por el general David Munguía Payés y el expresidente Mauricio Funes, ambos acusados de negociar con organizaciones terroristas.
De acuerdo con esa publicación que realizara El Faro, Bukele habría autorizado a sus funcionarios negociar con la Mara Salvatrucha (MS-13) una reducción de los homicidios a cambio de beneficios para pandilleros que operan en las distintas comunidades de El Salvador y también para los que están recluidos en las cárceles del país.
Las pruebas de que el Gobierno de Nayib Bukele está negociando con la Mara Salvatrucha 13 son documentos oficiales del propio Gobierno”, abre el texto que le ha dado la vuelta al mundo.
Entre los beneficios para los pandilleros están, según El Faro, permitir en las cárceles de pandillas la venta de Pollo Campero, pizza, pupusas o golosinas.
También trasladar a algunos custodios que los pandilleros consideraron muy agresivos y revertir la decisión tomada en abril pasado de juntar a miembros de pandillas contrarias en las mismas celdas.
Además, habría una promesa hecha por los funcionarios del Ejecutivo de reblandecer el régimen de máxima seguridad, derogar leyes y dar a los pandilleros beneficios en caso de que el Gobierno logre control del poder legislativo tras las elecciones de febrero de 2021.