El fiscal general de la República, Raúl Melara, informó que la institución a su cargo iniciará sus propias investigaciones sobre el manejo de fondos estatales durante el combate a la pandemia de COVID-19 en el país.
Melara dijo en sus redes sociales que «hemos abierto las investigaciones correspondientes para determinar si se ha abusado del dinero que debería haber sido utilizado para el combate de la pandemia».
Este pronunciamiento surgió luego de que se destituyera al funcionario Jorge «Koky» Aguilar del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), por presunta corrupción.
Captura de pantalla de Twitter.
Ayer sábado, el presidente de la República, Nayib Bukele, informó que decidió remover del cargo a Aguilar, tras una serie de publicaciones periodísticas que vinculan al ahora expresidente del FONAES como el dueño de una empresa que vendió caretas protectoras al Gobierno.
«En vista de la información que ha salido en diversos medios, de una compra que el Gobierno habría hecho, a una empresa de un funcionario, siendo esto una posible violación a la Ley de Ética, he ordenado la separación del cargo de Koky Aguilar como presidente del FONAES”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter.
El caso salió a la luz luego de que la periodista Cecibel Romero, de Salud con Lupa, investigara la compra del Gobierno de 400,000 protectores faciales a la empresa INSEMA, la cual sería propiedad de Aguilar.
Sobre este hecho, el fiscal Melara afirmó que «hoy (sábado) se ha dado un mensaje importante contra la corrupción», sin embargo, dijo que «no vamos a esperar auditorias para ejercer nuestra labor».
El Gobierno ha buscado diversos mecanismos de financiamiento en el marco de la pandemia. Obtuvo un préstamo de $389 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) destinado a enfrentar la emergencia sanitaria así como para reforzar el presupuesto de ayuda ante las tormentas que afectaron al país desde el 31 de mayo.
De igual forma, el Ejecutivo obtuvo donativos de sistemas de ventilación por parte de Estados Unidos, mientras que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud donaron pruebas de coronavirus y la Unión Europea también ha ofrecido cooperación.
Otros donativos recibidos por el Gobierno comprenden medicamentos, como hidroxicloroquina por parte del laboratorio suizo Novartis, a la vez que el Ejecutivo invirtió $575,000 en dicha medicina, la cual está en duda respecto a su efectividad contra la enfermedad.