La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) confirma en un informe publicado este domingo, que hay un aumento en las detenciones ejecutadas durante la última semana por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), en el marco de la cuarentena domiciliar.
La PDDH registra 28 detenciones, lo que representa un aumento de cuatro veces lo reportado hace una semana, cuando solo se registraron 7 detenciones, mientras que en un informe de hace dos semanas, la PDDH solo contabilizó 14 casos de este tipo.
La instancia de derechos humanos, que debe enviar un informe semanal a la Sala de lo Constitucional como seguimiento a las medidas del Gobierno en el marco de la pandemia del coronavirus (COVID-19), también registra que de las 28 detenciones, la mayoría (16) se dieron en Santa Ana.
Los otros municipios donde se detuvo a ciudadanos por romper la cuarentena domiciliar son San Salvador (9 casos), Usulután (2) y Ahuachapán (1).
«Esta información resulta preocupante para esta Procuraduría, puesto (que) refleja un importante aumento en comparación al tercer y cuarto informe, presentados a la Honorable Sala de lo Constitucional, que reflejaron 14 casos y 7 casos, respectivamente», dice la PDDH en su quinto reporte al Órgano Judicial.
Oficialmente, el Gobierno registra en su sitio web con información sobre el coronavirus que un total de 2,424 personas han sido restringidas por romper la cuarentena.
El pasado 8 de mayo, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, confirmó que en las primeras 24 horas de vigencia de la «cuarentena especial» se retuvo a 13 personas que rompieron el régimen de aislamiento domiciliar ante la emergencia por el coronavirus.
Por otro lado, la PDDH indica que ha pedido información a las autoridades policiales respecto a incidentes como el ingreso de agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) a un centro de cuarentena en Ciudad Delgado, donde «golpearon a algunas personas recluidas, sacándolas violentamente de sus dormitorios, sin manifestar las razones por las cuales se realizó dicho procedimiento».
Posteriormente a estos incidentes, y una amenaza de huelga de hambre, los ocupantes de este recinto, ubicado en una casa de retiro, fueron enviados a centros de contención diferentes porque cinco personas dieron positivo a la prueba de COVID-19, según el Gobierno.
Al respecto de los incidentes en este albergue conocido como Monte Carmelo, «la dirección policial manifiesta que se giraron instrucciones a la subdirecciones de Investigaciones y Áreas Especializadas Operativas para que rindan informe de los hechos descritos y a la Secretaría de Responsabilidad Profesional para seguimiento, verificación y cumplimiento de la normativa aplicable».
También se pidió información sobre el caso de un joven que recibió un disparo en la espalda después de atravesar un retén policial en la carretera Panamericana, a la altura de San Martín.
Centros de contención
La PDDH, en este quinto informe, también expone que hay situaciones irregulares que siguen dándose en centros de cuarentena.
Como ejemplo, mencionan que en el albergue de Ciudad Mujer de Santa Ana, 73 de las 112 personas en contención pidieron la salida de las autoridades encargadas de dicho lugar, ya que llevaban 38 días sin conocer resultados de sus pruebas de coronavirus. Once personas se quedaron en el albergue y el resto de esos 73 denunciantes fue enviado a cuarentena domiciliar.
En Ciudad Mujer de San Miguel se informó de la retención de una madre que iba a compar leche a su bebé recién nacido, a quien finalmente permitieron salir de regreso a su hogar.
En la sede del INJUVE de Ahuachapán, la PDDH constató que las condiciones de seguridad no eran las mejores y que existía el riesgo de hacinamiento.
Mientras que en el Polideportivo de Merliot, la Procuraduría verificó que las medidas de distanciamiento y la falta de kits de aseo personal y de protocolos sanitarios propiciaron el contagio de la menos cuatro personas. Así también hubo denuncias por la calidad de los alimentos y poca información.
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