“No andes mintiendo, no andes robando, que ahí en Mariona los están esperando”, dice una improvisada canción que usan artistas callejeros para ganarse monedas en los buses. Estas palabras sirven como advertencia al ciudadano que no intente vivir al margen de la Ley, para no acabar con un sombrío destino en la cárcel más emblemática del país.
Los jardines que rodean el parqueo y la oficina administrativa del penal La Esperanza, en Mejicanos, departamento de San Salvador, intentan aplacar la deprimente desolación que aguarda al entrar al sector de las celdas. En dicho sitio, el hacinamiento y la desidia del gobierno han pasado factura por años, haciendo del lugar un criadero de enfermedades infecciosas.
El portón de entrada, siempre vigilado por custodios con pasamontañas, da paso a un maloliente sector conocido como “la biblioteca”, en el que el olor a orina y las estrechas celdas en las que se apretujan presos, que a veces solo alcanzan a sacar las manos de entre los barrotes, lo asemejan a un cuadro de la “Divina Comedia” de Dante Alighieri, cuando se adentra en las fauces del infierno.
Un sendero al aire libre, flanqueado por gruesas paredes de concreto y protegido por alambre razor, conduce al resto de sectores, cuyos pasillos permanecen en constante humedad y la oportunidad de conseguir una cama para pasar la noche es poco menos que un pensamiento idílico.
Calificado dentro del segundo nivel de seguridad más bajo entre las cárceles, según la Dirección General de Centros Penales, este recinto, que alguna vez albergó guerrilleros capturados en operativos del ejército durante la guerra, estuvo en algún momento pensado para recluir a 800 privados de libertad, pero actualmente se alojan más de 5,000 y el número sigue creciendo.
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Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, Mariona fue cambiando paulatinamente de alojar a los llamados “presos políticos” a dar cabida a los miembros prominentes de un fenómeno delincuencial que empezaba a cobrar fuerza en los años de la posguerra: Las pandillas o maras.
Así fue como los miembros de las principales pandillas rivales, MS13 y Barrio18, empezaron a abarrotar las cárceles y poco a poco a trasladar sus riñas a las celdas. Durante los últimos años de la década de los 90 y primeros de la década del 2000, los reportes de muertes en amotinamientos y declaratorias de estados de emergencia al interior del penal, eran muy comunes.
En los últimos meses de la gestión del expresidente Francisco Flores, a finales de 2003, se empezó a fraguar la idea de distribuir a pandillas en cárceles específicas para evitar episodios de violencia; fue así como se trasladaron a más de 200 miembros de la MS13 al penal de Ciudad Barrios en San Miguel, dejando todavía a los miembros de la pandilla 18, riñendo con reos comunes, que hasta el día de hoy tienen el control fáctico del día a día en la cárcel.
Creyendo que el problema se había resuelto, el gobierno ignoró constantes advertencias por parte de la entonces Procuradora de Derechos Humanos de la época, Beatrice de Carrillo, del riesgo inminente que representaba dicho penal. En agosto de 2004, en los primeros meses de Elías Antonio Saca como presidente del país, se suscitó la peor masacre de la cual tiene registro el sistema penal salvadoreño: 32 fallecidos, la mayoría de ellos miembros de la pandilla 18, la cual se estaba encaminando a un conflicto interno.
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La situación llevó a que los ojos del mundo se pusieran en El Salvador y forzó al gobierno a mover a los miembros de la pandilla 18 recluidos en Mariona, y llevarlos a Cojutepeque, un penal que fue recientemente clausurado por condiciones iguales o peores a las que prevalecen en Mariona.
A Elías Antonio Saca se le achaca la responsabilidad de convertir los centros penales en cuarteles de operación de las pandillas, y es sabido del ciclo de introducción y decomiso de objetos ilícitos como teléfonos celulares, con los cuales los cabecillas de grupos criminales ordenan actos delictivos en el mundo exterior.
Es precisamente con el expresidente Saca con quien se está abriendo, en este 2017, un nuevo ciclo en el penal de Mariona. Desde que el 5 de noviembre cuando se le enviara a prisión, acusado de varios delitos de corrupción, Saca fue puesto en un limbo, mientras se conocía en qué momento sería enviado a un centro penal, y de ser así, a cuál.
Luego de admitir que no había condiciones en ninguna cárcel para albergar a Saca y su séquito de funcionarios de confianza, la Dirección de Centros Penales tuvo que enmendar la plana por orden del Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, y acondicionó un nuevo sector para el exmandatario, su otrora círculo íntimo y los acusados del caso de remuneración de servicios sexuales prestados por menores de edad, entre los que figura el locutor y presentador Max González “Gordo Max”.
Si existiera un libro de personalidades importantes que han sido retenidas en Mariona, en 2017 el nombre de Elías Antonio Saca, figuraría a la cabeza de la lista. Un penal que compartirá con condenados por homicidio, violación, extorsión y secuestro, además de miembros de pandillas menores como la Mao Mao, Máquina y Mirada Locos.