El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó este martes detención preventiva contra el Ex Fiscal General de la República, Luis Martínez, por el delito divulgación de material reservado.
El delito atribuido al ex fiscal está ligado a la filtración de conversaciones telefónicas del sacerdote pasionista español, Antonio Rodríguez, en las que se revelaban detalles de su vida privada.
El mismo Rodríguez, conocido como «Padre Toño», acudió el 26 de agosto a la sede de denuncias del Ministerio Público para entablar una demanda penal y civil contra Martínez.
En 2014, diversos medios de prensa revelaron cómo el “Padre Toño”, sostuvo conversaciones con cabecillas de pandillas, así como otras personalidades, acerca de su antiguo trabajo como colaborador de la tregua entre pandillas.
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El mismo año, el religioso fue capturado y procesado por los delitos de tráfico de influencias y tráfico de ilícitos en centros penales. De acuerdo con diversas publicaciones periodísticas, dichas conversaciones habrían servido para convencer a Rodríguez de que aceptara un proceso judicial abreviado, en el que aceptaba toda la culpa por dichos delitos y además admitió que se le impusiera una sentencia de dos años de libertad condicional, en la que tenía prohibido el ingreso a centros penales.
Luis Martínez fue detenido el 22 de agosto por la noche en la sede fiscal de La Sultana, en Antiguo Cuscatlán, ligado al proceso que involucra a una red de corrupción que garantizó favores judiciales al empresario Enrique Rais.
Por dicho proceso, en el cual se le acusa de omisión de investigación y fraude procesal, se le concedió al exfiscal medidas sustitutivas al arresto, además que se le impuso una multa de $5,000.
Todos lo implicados en dicho caso recuperaron su libertad, a excepción de Martínez, ya que debía encarar la audiencia inicial de este martes por el delito que la Fiscalía le acumuló el pasado viernes.
La jueza Primero de Paz decretó que Martínez regrese a las bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC), en las cuales permanece desde el pasado lunes 22 de agosto.
Asimismo se decretó reserva total en el caso, el cual pasará a fase de Instrucción, para proteger la privacidad del sacerdote Rodríguez.
El exfiscal general salió bajo custodia policial y no emitió palabra alguna a la prensa, mientras era introducido a un vehículo de traslado de reos. En ambos procesos legales, Martínez ha señalado ser víctima de persecuciones y objeto de «venganzas injustificadas».
Así se adulteraban los procesos
A principios de septiembre de 2014, se solicitó a Miguel Ángel García Argüello, juez Séptimo de Instrucción, autorización para intervenir teléfonos a través del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones, e indagar sobre supuestas amenazas de muerte contra Luis Martínez, entonces Fiscal General de la República.
Estas amenazas provendrían de gente allegada al exdiputado suplente del PCN, Wilber Rivera Monge, condenado recientemente por integrar una red de lavado de dinero ligada al narcotraficante Jorge Ulloa Sibrian. Lo que escucharían en las intervenciones vincularía al juez Noveno de Paz, Romeo Aurora Giammatei, con un hijo de Rivera Monge.
Sigfredo Campos Crespo, entonces director del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones, notificó de lo escuchado a Luis Martínez, para ampliar la intervención contra el juez Aurora Giammatei. Por medio de esa intervención, se constató que este juzgador convenía procesos judiciales para favorecer a terceros.
Fueron interceptadas varias comunicaciones telefónicas entre Giammattei y el abogado Wilfredo Ernesto Gutiérrez, un empleado del empresario Enrique Rais, célebre por un largo litigio legal contra empresarios canadienses por el control de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) y por haber sido arrestado en 2001 por defraudación a la economía pública.
Estos elementos constan en el requerimiento penal que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó al juzgado Séptimo de Paz en contra de Luis Martínez, Enrique Rais y otros nueve imputados, por participar en una red que ofrecía beneficios legales a cambio de dádivas por parte del empresario.
La Fiscalía interceptó 27 conversaciones entre el juez Giammattei y Wilfredo Gutiérrez, en el que convenían la presentación de un caso en el que Enrique Rais acusaba de amenazas con agravantes a Claudia María Herrera Díaz.