Aldo Alexander Peña se levantó de su asiento y pidió al conductor del microbús que parara.
—¡Con maricones no hablo!— se escuchó desde la parte frontal.
Con evidente molestia, Aldo y su novia, Sonia, insistieron una y otra vez. El conductor continuó la marcha y se detuvo frente a una delegación policial.
—¡Miren!— gritó el microbusero a agentes que se asomaron a la puerta. —Este me viene molestando.
Cinco oficiales de la Delegación Policial de Ciudad Delgado, municipio donde Aldo reside, se acercaron. Eran las 9:30 de la noche de un sábado en el que Aldo había marchado junto a la comunidad Lesbianas, Gay, Bisexual, Trans, Intersexual (LGBTI) para aclamar por derechos.
A Aldo lo tomaron y bajaron del microbús…
Lo que pasó en tan solo unos minutos está hoy bajo investigación. La versión de la víctima se resume en un cráneo fracturado, costillas rotas y un ojo dañado; la de los agentes es que Aldo venía haciendo desorden en el colectivo, que se les abalanzó para golpearlos y que, al haber sido detenido, enloqueció y se golpeó contra el piso. Pero las organizaciones de LGBTI enfatizaron que fue golpeado por su condición.
“Los cinco agentes lo conocen y saben que es un hombre trans”, denunciaron este lunes frente a los medios.
Aldo trabaja para el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador desde hace siete años, es miembro de Generación Hombres Trans (HT) de El Salvador, nació mujer y hoy se identifica de forma masculina.
La golpiza propinada al agente del CAM llevó a que su madre, el domingo recién pasado, denunciara ante la Fiscalía General de la República (FGR) el caso. No es la primera vez, dijeron representantes de las organizaciones, que acosaban a Aldo: tres veces más lo habrían detenido agentes de esa misma delegación policial. Ante su complexión masculina, le quitaban su camisa, lo cateaban y tocaban entre las piernas, relataron.
La activista de la Fundación de familiares y amigos por la diversidad sexual de El Salvador “de la mano contigo”, Bessy Ríos, quien también se unió al resto de organizaciones LGBTI para denunciar el maltrato, declaró a Diario1 que están a la espera de que la institucionalidad del país funcione. Caso contrario, “si ya se han cerrado todas las etapas de oficio de parte del Estado salvadoreño, vamos a ir a Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) a denunciar al país”.
Para Ríos, pese a que confían en la institucionalidad, todavía es una deuda de parte pendiente el asesinato de Francela Méndez, transgénero cuyo crimen ocurrió a inicios de junio. Aunque se inició una investigación para determinar las causas, aún la Fiscalía no les da una respuesta.
Del caso de Aldo, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde; el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele; y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales; urgieron a acelerar un proceso de investigación para conocer qué habría llevado a los policías a actuar de esa manera.
Ríos explicó que, organizaciones como Espacio de Mujeres Lesbianas por la Diversidad en El Salvador (Esmules) y Generación HT, lo que buscan es se pueda lograr que aquellos que atenten contra una persona por su condición sexual “sean tratados como lo que son: violadores de derechos humanos”.
“Nos preocupa que el policía hacía ver que la víctima había provocado este tipo de lesiones”, añadió Ríos.
Al terminar la entrevista telefónica, Bessy Ríos asegura haber recibido un mensaje donde le alertan de que Aldo abandonó el Hospital Médico Quirúrquico donde se recuperaba: unos agentes policiales llegaron por él sin previo aviso. Su paradarero es desconocido.
