Como una sociedad de papel, encaminada a la legitimación de capitales sin tener ningún tipo de operación más que una mera existencia formal, fue descrita Desarrollos Montecristo por la Fiscalía General de la República, fundada el 20 de junio de 2000 por tres personas, entre las que se encuentran el actual vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, y José Adán Salazar Umaña –Chepe Diablo-, procesado por encabezar una red dedicada al lavado de dinero.
De acuerdo con el requerimiento fiscal presentado al juzgado Cuarto de Paz, en el que se acusa a Salazar Umaña y otras ocho personas más de lavado de dinero, Desarrollos Montecristo formaba parte de las sociedades que el metapaneco de 69 años tiene establecidos en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas del Centro Nacional de Registros (CNR). La misma fue constituida con un capital inicial de 100 mil colones, un poco más de $11,400.
En aquel entonces, las acciones en la empresa fueron repartidas en partes iguales entre los tres socios: 33.33% de las acciones fueron aportadas por Salazar Umaña, 33.33% por Óscar Ortiz y el restante por Rogelio Cervantes Aguirre, amigo de Ortiz, quien a la postre se constituiría en presidente de la sociedad.
Varias irregularidades en el manejo de esta sociedad llamó la atención de la Fiscalía, como el hecho que solamente Cervantes, Salazar y Ortiz fueran los socios todo este tiempo, figurando además José Adán Salazar Martínez, hijo de Salazar Umaña, como segundo suplente.
Al respecto, esto dice textualmente la Fiscalía en su requerimiento:
Casi tres meses después de su constitución, Desarrollos Montecristo se inscribió como contribuyente de Renta e IVA, pero cada vez que presentaba sus declaraciones de la Renta, siempre aparecían a cero. Esto, pese a que Desarrollos Montecristo se constituyó como Sociedad Anónima.
Aun cuando no generó recursos económicos, la sociedad realizó operaciones en la adquisición de bienes inmuebles, que era la finalidad por la que se constituía, por lo que estaba generando un acto comercial por el cual tenía la obligación de tributar, por ser un acto de comercio. Entre esas operaciones, existe una en particular que se viene a sumar a las irregularidades de la sociedad.
Una de estas transacciones involucró un terreno ubicado en el Cantón Montecristo de Tecoluca, departamento de San Vicente. En un principio, el 31 de julio de 2000, el terreno fue vendido por Óscar Ortiz a Desarrollos Montecristo por $40,000, es decir, que se da un negocio entre partes relacionadas.
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En julio de 2007, Desarrollos Montecristo vendió el mismo terreno a Óscar Ortiz en el mismo precio de la compra original. Pese a que habían pasado siete años desde la primera compra, por lo que no se tomó en cuenta una posible plusvalía del mismo.
En mayo de 2008, Ortiz vende el mismo terreno al mismo precio a Rogelio Cervantes, solo para que este lo vendiera en diciembre de 2012 a Ortiz por la módica cifra de $10,000, es decir, a 75% menos del precio original de compra en julio de 2000.
Otra de las transacciones que hizo la sociedad Desarrollos Montecristo, de acuerdo con el requerimiento fiscal.
Este tipo de movimientos ha sido calificado por la Fiscalía como esquemas para lavar dinero, los cuales eran comúnmente utilizados por la red encabezada por Salazar Umaña, que involucra a miembros de su familia y a los prófugos de la justicia Wilfredo Guerra y Juan Samayoa, presidente de Gumarsal y alcalde de Metapán, respectivamente.
Al respecto, esto señala la Fiscalía en su requerimiento: “Estas acciones dejan muestra clara que el señor Salazar Umaña, uno de los métodos que ha utilizado para la legitimación de capitales, es precisamente la constitución de sociedades de papel y la compra y venta de bienes inmuebles sobrevalorados, para venderlos subvalorados”.
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Además remarca: “Esta sociedad no podía adquirir dichos inmuebles, pues no había generado los recursos necesarios para comprarlos (…) Por ello estas operaciones son altamente indicadoras de actividades de lavado de dinero y activos”.
El periódico digital El Faro reveló en un reportaje la sociedad existente entre Salazar y Ortiz, una sociedad que el vicemandatario ha querido minimizar al señalar que ha pasado inactiva muchos años, mismo argumento usado en una conferencia de prensa por el director del Centro Nacional de Registros (CNR), Rogelio Canales.
No obstante, a la luz de la explicación de la Fiscalía acerca de las sociedades de papel, era claro que esta sociedad nunca estuvo supuesta a realizar cualquier tipo de operación comercial, más que su existencia formal.
Los datos consulados por El Faro en el CNR revelan que la sociedad realizó negocios de 2000 a 2010, año en que Ortiz y el CNR sostienen, el consorcio quedó inactivo, pero nunca fue disuelto.
En abril de 2016, luego que se conociera la sociedad con Adán Salazar, Ortiz apareció en varias entrevistas televisivas a alegar que tenía más de 10 años que no veía a su socio Adán Salazar. Sin embargo, una fotografía filtrada luego de la publicación del Faro, en la que se dio a conocer la sociedad Desarrollos Montecristo, muestra al vicepresidente salvadoreño reunido con Chepe Diablo, en lo que parece ser un estadio de fútbol en el año 2014.
Luego que Chepe Diablo fuera arrestado el 4 de abril pasado, como parte de la “Operación Lavado”, en la que además fueron allanadas más de 50 empresas ligadas a los núcleos familiares Salazar Umaña y Umaña Samayoa, el vicepresidente Ortiz se mostró cauto y dijo que se debe dejar trabajar a la Fiscalía en torno a la investigación.
“Dejemos que el fiscal, que la Fiscalía haga su trabajo, como lo ha hecho y lo está haciendo en otras áreas, y como hemos trabajado de forma coordinada, articulada, entre los cuerpos auxiliares de Seguridad Pública, Policía Nacional Civil y la Fiscalía, en varios temas”, dijo el vicepresidente de la República.
Asimismo, el funcionario afirmó que está dispuesto a colaborar con las autoridades y dijo esperar una investigación profesional.
“El fiscal ha iniciado un proceso, él tendrá que ir dando los datos, los avances y sobre todo tendrá que ir explicando que es un proceso genuino, auténtico, profesional, bajo la competencia que la Constitución manda, con la transparencia del caso y la ley, también manda, que la contraparte tienen el derecho a explicar y a defenderse”, insistió el miembro de la cúpula del FMLN.
“No tengo absolutamente nada que ver con eso, y simple y sencillamente, en términos personales y en términos ahora de funcionario no tengo ni sociedad, ni negocios con nadie”, finalizó Ortiz.
A estas palabras, el fiscal general Douglas Meléndez reaccionó de esta forma: “Las explicaciones… las tiene que dar el señor vicepresidente de la República como funcionario público, las tiene que dar él; lo digo muy respetuosamente”.