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PRIMERA ENTREGA

Juan Samayoa y Wilfredo Guerra prestaron a Salazar Romero $1 millón con garantía risible

Fiscalía denunció un esquema de acciones por parte del núcleo familiar encabezado por Adán Salazar para blanquear dinero, lográndolo ingresar en el sistema financiero.

Gerardo Arbaiza
Foto arte D1.
Foto arte D1.

Las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República en contra de una estructura dedicada a lavar elevadas cifras de de dinero y en la que José Adán Salazar Umaña –Chepe Diablo- está señalado como su principal cabecilla, descubrieron un esquema bien armado de transacciones fantasmas para legitimar capitales, como un préstamo otorgado por el alcalde de Metapán , Juan Umaña Samayoa, y su hijo Wilfredo Guerra, presidente de Agroindustrias Gumarsal, a la inmobiliaria Salazar Romero.

Según el requerimiento fiscal contra la red de lavado que fue presentado al Juzgado Cuarto de Paz, la sociedad Salazar Romero, propiedad de un primo de Chepe Diablo recibió en una fecha no determinada un préstamo de más de $1 millón por parte de Umaña Samayoa y Guerra Umaña, el cual fue otorgado en circunstancias sospechosas.

Entre las cosas que alarmaron a la Fiscalía fue que la sociedad inmobiliaria otorgó a manera de garantía a los prestamistas un inmueble recientemente adquirido valorado en poco más de $20,000.

Lo que la Fiscalía consideró inaudito fue que Samayoa y Guerra dieran un plazo irrazonable a Salazar Romero para pagar y que el dinero del préstamo, el cual no tenía intereses, llevaba el agravante de no haber salido de las cuentas bancarias de ninguno de los dos implicados o de sus empresas.

Esto formaba parte de un esquema de venta de inmuebles usado por Adán Salazar y sus familiares para blanqueo de capitales que fue advertido por la Fiscalía . En el requerimiento penal del caso contra Chepe Diablo, la Fiscalía también remarca el uso de sociedades “de papel” para estos fines, como Desarrollos Montecristo, una empresa fundada por Salazar Umaña y el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz.

De la misma forma en cómo se otorgó el préstamo a Salazar Romero, la Fiscalía sostiene que se habría usado a Desarrollos Montecristo para operaciones inmobiliarias caracterizadas por el uso de subterfugios, como la compra y venta del mismo terreno en repetidas ocasiones.

Pese a que el vicepresidente Ortiz ha negado repetidamente que la sociedad se encuentre activa actualmente y que nunca se hiciera negocios a través de la misma, el fiscal Douglas Meléndez afirmó en una reciente conferencia de prensa que una mirada a los estados contables de Desarrollos Montecristo, arroja que la empresa operaba con ningún margen de ganancia, producto de sus negocios.

Ortiz ha mantenido buenas relaciones con el núcleo familiar Salazar Umaña y ha figurado como invitado de honor en la inauguración de inversiones de Salazar Romero, siendo la más reciente, una lanzada en la ciudad de San Miguel, en marzo de 2016.

Óscar Ortiz y Juan Samayoa durante la apertura de un desarrollo inmobiliario de Salazar Romero. Foto Diario1.

Óscar Ortiz y Juan Samayoa durante la apertura de un desarrollo inmobiliario de Salazar Romero. Foto Diario1.

Un esquema para un ascenso meteórico en el mercado

Estas prácticas, de acuerdo con uno de los libros presentados por la Fiscalía en la acusación penal contra Chepe Diablo, se conocen como “estratificación”, y posibilitó además del incremento de las fortunas de los nueve implicados en el caso “Operación Lavado, que sus empresas crecieran sin mayor competencia.

Las mayor parte de las empresas ligadas a Chepe Diablo, así como los bienes comerciales vinculados al alcalde Samayoa y su hijo Wilfredo Guerra (ambos prófugos de la justicia), fueron allanadas por la Fiscalía el 4 de abril, fecha en que lanzó la operación para desbaratar la red de lavado de dinero, señalada por blanquear al menos $215 millones.

De estas empresas, 26 cuentan con un proceso abierto de extinción de dominio, en el que estarán bajo custodia estatal mientras se abre un proceso legal para determinar el origen de los recursos que constituyeron dichos negocios.

La más emblemática de las empresas de este grupo es Gumarsal, fundada por Salazar Umaña y el alcalde de Metapán, y que en base a sus transacciones, habría sido responsable de lavar más de $170 millones.

Alguna de las prácticas en las que incurrían las nueve personas investigadas, según un fragmento del requerimiento fiscal, implicaban todo un proceso de depositar, retirar, convertir y transferir dinero a través del sistema financiero, como la apertura de cuentas de ahorro en bancos y el cierre de las mismas en un plazo muy corto.

Pero además de ser acusados por el intento de ingresar al sistema financiero, dinero de origen dudoso, la Fiscalía advierte el daño que las prácticas de las empresas ligadas a Chepe Diablo, estarían haciendo a la economía, principalmente a actores que figuran en los mismos rubros en los que se encuentran ubicados los negocios de la red investigada.

“Al movilizarse tales ingentes cantidades de dinero se distorsiona el mercado, pues se crean burbujas económicas, lo que puede hacer subir el precio real de los productos o servicios; o se pone en situaciones desventajosas a comerciantes que actúan en el mercado”, dice un fragmento del requerimiento fiscal en el que se refiere a las prácticas en las que incurrieron las empresas.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), se logró determinar que Gumarsal movilizó $1,000 millones de dólares entre 2003 y 2015. Esta empresa en los últimos años logró un ascenso meteórico, que no pasó desapercibido por las autoridades estadounidenses.

Un reportaje publicado el 16 de junio de 2014 por el rotativo La Prensa Gráfica, sostenía que una serie de compras de granos básicos alertó a las autoridades estadounidenses. La publicación sostiene que entre 2004 y 2011, Gumarsal compró $63.2 millones en arroz, trigo y maíz a cinco consorcios agroindustriales con sede en los Estados Unidos lo cual representa casi el 80 % de los $81 millones en producto que la empresa salvadoreña importó ese mismo período.

Esto hizo que el Departamento del Tesoro, según esa nota, empezara a girar avisos a los consorcios agroindustriales estadounidenses que tienen negocios con empresas relacionadas a José Adán Salazar Umaña para que se abstengan de hacer o continuar tratos comerciales con dicha persona.

Lo anterior se enmarca en el nombramiento que el mismo Departamento le dio Salazar en mayo de 2014, como Capo Internacional de la Droga, bajo la ley Kingpin. Esta designación se le fue removida a Salazar el 7 de abril pasado, ya que el Departamento del Tesoro argumentó que ya no contaba con información que sustentara un papel continuo de Salazar en el tráfico internacional de drogas.

“Los que intervienen en el mercado con dinero de ilícita procedencia, están mejor posicionados, por contar de dinero en metálico, con lo que se desplaza a otros competidores del mercado”, remarcó la Fiscalía en su escrito presentado al juzgado Cuarto de Paz de San Salvador.

Foto arte D1.

Foto arte D1.

Otros flujos de dinero entre la familia

Otro de los mecanismos denunciados por la Fiscalía, con los que las familias Salazar y Umaña lavaban dinero, es a través de la compra masiva de terrenos, a pesar que según declaraciones de renta de los implicados, estos no contaban con las posibilidades para adquirirlos.

En estas irregularidades están señaladas la hija y la exesposa de Chepe Diablo, Susana Noemy Salazar de Cruz y Sara Paz Martínez Bojórquez, respectivamente. Estos tres, junto a Romelia Guerra Argueta, exesposa del alcalde Juan Umaña Samayoa, fueron enviados a prisión preventiva por el juzgado Cuarto de Paz.

El director de la PNC, Howard Cotto, indicó el 5 de abril pasado que el primer direccionamiento sobre este caso fue recibido departe de la Fiscalía a principios de 2014, año en que también se lanzaron allanamientos a negocios propiedad de Salazar Umaña, cuando la Fiscalía era conducida por Luis Martínez.

El 8 de abril del 2014, la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía ordenó el allanamiento de 17 inmuebles propiedad de José Salazar Umaña, Juan Umaña Samayoa y Wilfredo Guerra; estos dos últimos están prófugos del a justicia.

Esta investigación logró determinar que Gumarsal evadió $1,135,809 en impuestos. Por lo que Guerra Umaña y Umaña Samayoa fueron declarados culpables por dicha evasión, pero, para evitar la cárcel, se acogieron al beneficio de pagar la mencionada cantidad.

Con el fiscal Luis Martínez la investigación no trascendió más que un caso por evasión fiscal, pese a que en la Ley contra el Lavado de Dinero se establece que esta anomalía es generadora de lavado de dinero. Fue el sucesor de Martínez, Douglas Meléndez, quien aseveró que su antecesor en el cargo contaba con la información necesaria para procesar a Salazar por lavado de dinero.

Por su parte, Howard Cotto indicó que el último direccionamiento de la Fiscalía en torno al caso fue recibido en enero de este año, al abrirse una investigación contra los socios de HOTESA, un consorcio de hoteles propiedad de Salazar.

Sobre esta sociedad, la Fiscalía señala en el requerimiento del caso, un memorándum del 29 de junio de 2013, en el que se mencionaba como entre 2010 y 2011, HOTESA habría incurrido en operaciones sospechosas que implicaban una violación ante la ley antilavado.

El memorando consigna que en ese período, la empresa movilizó más de $96 millones en una cuenta en el Banco de América Central, pero al consultar con la Superintendencia del Sistema Financiero y la misma entidad bancaria, se descubrió que la cuenta no existía.

Durante la audiencia inicial del pasado 8 de abril, los fiscales del caso trajeron a colación otras anomalías y señalaron a Adán Salazar por adquirir préstamos y cancelarlos antes de tiempo.

Además señalaron que las finanzas de las empresas creadas por Adán Salazar y su núcleo familiar no contaban con libros financieros que dieran fe de los fondos para hacer remodelaciones, compras o gastos de operación.

HOTESA, brazo hotelero del emporio empresarial de Salazar Umaña, también está en la mira de la Fiscalía por un préstamo por más de $200 mil al mismo Chepe Diablo. Este préstamo no se pagó con dinero, se canceló con más acciones. Sin embargo, no se logró establecer el origen de los fondos, aseguró el fiscal del caso.

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