Luego de dos días de audiencia el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó este sábado la detención preventiva contra el expresidente Elías Antonio Saca y seis exfuncionarios por los delitos de peculado, asociaciones ilícitas y lavado de dinero.
La jueza que conoció el caso ordenó el embargo de bienes y cuentas de todos los imputados. La Fiscalía General de la República (FGR) durante el proceso judicial había solicitado esta medida ante un riesgo de fuga.
Uno de los fiscales del caso aseguró que como Fiscalía buscarán que las empresas embargadas sigan cumpliendo con sus obligaciones ante sus empleados, en ese sentido se exceptúan las cuentas para sueldos y derechos que tienen los los trabajadores.
Por su parte, los abogados defensores aseguran que apelarán a la resolución, ya que consideran que la estructura que le dio la jueza al caso no es la correcta, porque no se individualizó sino que se hizo delito por delito y «esto estaría atentando contra la defensa de cada uno de sus representados».
«Se ha pegado un atarrayazo, como decimos en forma corriente. Un atarrayaso en cuanto a los delitos sin considerar uno a uno a las personas», señaló a la salida del juzgado donde se ventiló el proceso Tania Pastor, abogada defensora.
La parte defensora resiente que la jueza no consideró los argumentos que le expusieron en la audiencia, ya que sostienen que la resolución es un «tatuaje», dándole de esta forma la razón al Ministerio Público al presentar el requerimiento fiscal.
Foto Diario 1/ Rodrigo Sura.
Durante los dos días en que se desarrolló la audiencia, la jueza escuchó las intervenciones de la Fiscalía quien expuso la forma en que se cometieron los ilícitos por parte de los imputados, además, escuchó las intervenciones de los abogados defensores que trataron de desvirtuar las acusaciones hechas por el Ministerio Público.
La Fiscalía presentó el requerimiento fiscal y 21 cajas de piezas que contienen prueba documental solicitada a bancos, Ministerio de Hacienda, Casa Presidencial e instituciones estatales que conservan registros presuntamente de los ilícitos cometidos.
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Junto al exmandatario enfrentan el proceso penal el exsecretario de la Juventud, César Funes; el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank, quienes fueron capturados mientras se encontraban en la fiesta de la boda de uno de los hijos del expresidente, en el municipio de Antiguo Cuscatlán.
Pablo Gómez, contador del secretario privado de la Presidencia; Francisco Rodríguez, jefe de la unidad financiera institucional de Casa Presidencial y Jorge Alberto Herrera, tesorero institucional de la Presidencia, también fueron capturados el 30 de octubre por orden de la Fiscalía.
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Mientras que, el exsecretario privado del expresidente Saca, Elmer Charlaix, llegó la mañana de ese mismo día a las instalaciones de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) y se entregó a para someterse a la justicia por la investigación que le siguen en su contra por un incremento injustificado de su patrimonio en $18 millones, según la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Foto Diario 1/ Rodrigo Sura.
El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, aseguró el 31 de octubre que las investigaciones sobre el expresidente Antonio Saca arrojaron que se desviaron $246 millones de una de las partidas de Casa Presidencial a cuentas personales del exmandatario y de esta cantidad $116 millones fueron cobrados en efectivo.
Saca y los seis exfuncionarios permanecerán recluidos en las bartolinas policiales de la DAN mientras siguen el proceso judicial en la fase de instrucción, así lo decidió el juzgado.