Lo primero que Yani Rosenthal dijo en una entrevista televisiva fue que las autoridades fiscales estadounidenses habían cometido “una ligereza” al acusarlos de tener vínculos con capos de la droga. Después señaló que con esa acusación los Estados Unidos estaban matando a todas las empresas del Grupo Continental.
Esas empresas pertenecen a una de las familias más poderosas de Honduras y de Centroamérica: los Rosenthal. Yani es un banquero que fue excandidato presidencial en Honduras. Es primo de Yankel Rosenthal, quien fue detenido en los Estados Unidos el pasado martes acusado de lavar dinero proveniente del narcotráfico.
“Ellos tienen unas armas atómicas como la Ley Kingpin y Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos) en las cuales ellos incluyen a las empresas y prácticamente las matan. En este momento han incluido a las empresas del Grupo Continental, les limitan mucho las operaciones y entiendo durante el proceso de juicio que entiendo llevan años les van a causar mucho daño”, comentó el empresario en la entrevista televisiva Frente a Frente de Honduras.
El Grupo Continental incluye al menos siete empresas: una fábrica de cemento, bienes raíces, una empresa de telecomunicaciones y el periódico El Tiempo, del cual Jaime Rosenthal es presidente y Yani Rosenthal vicepresidente.
La Ley Kingpin fue promulgada en diciembre de 1999 y su objetivo principal es bloquear las actividades de individuos o de organizaciones extranjeras sospechosas de estar vinculados con el narcotráfico y que sean una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
El Grupo Continental, según el Departamento del Tesoro, realizaba operaciones con narcotraficantes desde 2004 a la fecha. Sin embargo, autoridades policiales y fiscales de Honduras jamás presentaron alguna acusación contra los Rosenthal.
Caso en El Salvador en que se aplicó la Ley Kingpin
Este tipo de actividad no es nueva en la región. En El Salvador, por ejemplo, José Adán Salazar fue designado en mayo del año pasado como cabecilla del narcotráfico internacional por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Salazar fue accionista y principal fundador de la comercializadora de granos Gumarsal; es dueño de al menos seis hoteles y también fue dirigente de la Primera División de Fútbol de El Salvador. Informes policiales lo han señalado como el cabecilla de una organización de crimen organizado denominada “Cártel de Texis”.
Días después que Estados Unidos lo declarara capo internacional de la droga, la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, aseguró que las empresas estadounidenses deben interrumpir las relaciones comerciales con las personas que se les ha aplicado la Ley Kingpin.
Según un reportaje de La Prensa Gráfica publicado el pasado 16 de junio, Salazar comercializó granos con algunas empresas agroindustriales de los Estados Unidos entre los años 2004 y 2011.
En ese sentido, la diplomática señaló en esa ocasión que la ley conocida como Ley Kingpin (de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico) “lo que hace es interrumpir y no permitir que las personas en Estados Unidos hagan negocios, por mas legales que sean, con personas que han sido designadas bajo este programa”.
De acuerdo al reportaje de La Prensa Gráfica, Salazar le compraba granos a empresas estadounidenses a través de Agroindustrias Gumarsal, empresa dirigida actualmente por Wilfredo Guerra, hijo del alcalde de Metapán Juan Umaña Samayoa. Ambos son socios de Gumarsal y el último también ha sido vinculado al cártel de Texis.
Gumarsal habría comprado $63.2 millones en arroz, trigo y maíz a distribuidoras estadounidenses.
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Documento del Departamento del Tesoro contra los Rosenthal
El Departamento del Tesoro de EUA publicó el siguente informe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros en el caso de los Rosenthal señalados por lavado de activos. El siguiente es el comunicado íntegro:
Departamento del Tesoro sanciona a la organización de lavado de dinero de los Rosenthal
Washington, Estados Unidos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) anunció hoy la designación de tres empresarios hondureños y siete compañías como Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin) por desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos.
Jaime Rolando Rosenthal Oliva, así como su hijo Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo y su sobrino Yankel Antonio Rosenthal Coello, proveen servicios de lavado de dinero y otros para apoyar actividades de tráfico internacional de narcóticos de múltiples traficantes de drogas centroamericanos y de sus organizaciones criminales.
Como resultado de la acción de hoy de la OFAC, todos los activos de estos individuos y de las entidades que están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o que están en control de personas estadounidenses están congelados, y personas estadounidenses están generalmente prohibidas de realizar transacciones con ellos.
En coordinación con la acción anunciada hoy, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina de la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York (SDNY, por sus siglas en inglés) también realizaron acciones en contra de la familia Rosenthal.
Ayer se ha hecho pública una acusación penal en el Distrito Sur de Nueva York en contra de Jaime Rolando Rosenthal Oliva, Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, y de Yankel Antonio Rosenthal Coello, así como contra una cuarta persona, por lavado de dinero en violación al Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956, y Yankel Antonio Rosenthal Coello fue arrestado en los Estados Unidos.
“Esta acción está enfocada directamente en los tres miembros de la familia Rosenthal y sus propiedades, en relación a sus actividades de lavado de dinero y tráfico de drogas”, afirmó el Subsecretario Interino de Terrorismo e Inteligencia Financiera Adam J. Szubin.
“Este paso enfatiza el hecho que el Gobierno de los Estados Unidos está completamente comprometido para proteger el sistema financiero estadounidense de criminales como los Rosenthal. Estamos plenamente comprometidos para trabajar con las autoridades hondureñas para tomar las acciones necesarias para proteger al sistema financiero hondureño de abusos por parte de narcotraficantes y de otros actores ilícitos, con el propósito de salvaguardar aún más a las instituciones financieras hondureñas”.
Esta acción fue realizada en estrecha coordinación con la DEA, la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, el Centro Nacional de Monitoreo del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, y las Oficinas de la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York y del Distrito Sur de Florida.
La acción de la OFAC tiene como objetivo a siete empresas clave de los Rosenthal, incluyendo su sociedad principal con sede en Panamá, Inversiones Continental (Panamá), S.A. de C.V., conocida como Grupo Continental. El Grupo Continental es la compañía madre de un conglomerado de negocios en Honduras involucrados en actividades bancarias, servicios financieros, bienes raíces, agricultura, turismo, y medios de comunicación.
Además de Grupo Continental, la designación de hoy incluye a su filial agrícola Empacadora Continental S.A. de C.V. (conocida ahora como Alimentos Continental), así como a dos de sus componentes financieros clave, Inversiones Continental, S.A. (conocido como Grupo Financiero Continental) y el banco hondureño, Banco Continental S.A., cuya sede principal está ubicada en San Pedro Sula, Honduras.
Con la acción de hoy, es la primera vez que la OFAC ha designado a un banco conforme a la Ley Kingpin. El Banco Continental S.A. ha servido como parte integral de las operaciones de lavado de dinero de los Rosenthal y ha facilitado el lavado de ganancias procedentes del narcotráfico de múltiples organizaciones centroamericanas de narcotráfico.
Adicionalmente, las siguientes tres compañías de inversiones en el exterior también han sido designadas hoy: Shelimar Investment, Ltd., Desland Overseas, Ltd., y Preyden Investments, Ltd., todas con sede en las Islas Vírgenes Británicas. La OFAC también ha identificado a tres entidades estadounidenses ubicadas en Florida como propiedades bloqueadas con base a la Ley Kingpin – Inversiones Continental U.S.A., Corp.; Shelimar Real Estate Holdings II, Inc.; y Shelimar Real Estate Holdings III, Inc.
Desde junio de 2000, más de 1,800 entidades e individuos han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de drogas.
Las sanciones por violaciones a la Ley Kingpin varían desde sanciones civiles de hasta 1,075 millones de dólares por cada violación hasta sanciones criminales más severas. Las sanciones criminales para directivos de corporaciones pueden incluir hasta 30 años en prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas criminales para corporaciones pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años en prisión y multas con base al Título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciones criminales a la Ley Kingpin.