El exjefe del fútbol de Costa Rica, Eduardo Li, se declaró culpable de aceptar más de un millón de dólares en sobornos en el marco del escándalo de corrupción de la FIFA, y pidió perdón al pueblo costarricense.
Li, presidente de la Fedefut desde 2007 hasta su arresto en Zurich en mayo de 2015, compareció el viernes ante una jueza de la corte federal de Brooklyn y se declaró culpable de tres de los 14 delitos de que es acusado: asociación para delinquir, transferencias bancarias fraudulentas y conspiración para cometer un fraude bancario.
Cada uno de estos tres delitos conlleva una pena máxima de 20 años de cárcel.
El exmandamás del fútbol costarricense, que también integró el comité ejecutivo de la Concacaf hasta su detención, dio en la corte jugosos detalles de los sobornos aceptados en una declaración en español, traducida simultáneamente al inglés por una intérprete. También aceptó devolver 668.000 dólares.
«Don Eduardo se siente arrepentido y pide perdón al pueblo de Costa Rica», sostuvo su abogado costarricense, Roger Guevara, en un comunicado transmitido a la AFP al finalizar la audiencia.
Una sucesión de sobornos
«Yo acepté recibir un soborno por 500.000 dólares y de hecho recibí 300.000 por este contrato» que otorgaba a la empresa Traffic de Miami los derechos de transmisión y marketing de los partidos clasificadores para el Mundial de Qatar-2022, explicó un serio Li, vestido de traje y corbata oscuros, a la jueza Pamela Chan.
El dinero fue pagado por la empresa a una cuenta en Florida de un amigo de Li a quién éste debía dinero por una transacción inmobiliaria, explicó el costarricense.
En otro caso de soborno, Li relató que «una persona que vivía en Florida (…) me pagó sobornos para que Costa Rica jugara amistosos que él organizó. Acepté decenas de miles de dólares de esta persona para autorizar estos amistosos». El dinero sucio transitó por bancos estadounidenses.
Li contó asimismo que aceptó un soborno de 500.000 dólares de intermediarios de una empresa estadounidense que sería auspiciante de los nuevos uniformes de la selección de Costa Rica, y que finalmente recibió un pago de 230.000 por este contrato en 2014 y 2015.
Li «fue arrestado antes de que pudiera recibir el resto», precisó la fiscalía estadounidense en un comunicado.
«Estuvo mal»
«Esos pagos de sobornos no fueron declarados a la Fedefut, a la Concacaf o a la Fifa. Yo sé que estuvo mal de mí aceptar estos pagos no declarados», dijo un compungido Li a la jueza.
También precisó que se apropió indebidamente de 90.000 dólares de dinero de la FIFA y del comité organizador local destinados a planificar y llevar a cabo el Mundial femenino Sub-17 en Costa Rica en 2014.
Los tres delitos que Li reconoce haber cometido le imputan la «participación en un esquema de actividades consideradas delictivas, y de usar como medio de pagos transferencias electrónicas derivadas de o dirigidas a bancos en los Estados Unidos», explicó a periodistas su abogado costarricense.
Li, de 57 años, fue arrestado en Zurich en mayo de 2015, dos días de asumir un cargo en el comité ejecutivo de la FIFA. El 18 de diciembre pasado fue extraditado a Estados Unidos. En un principio se había declarado inocente de todos los cargos.
Por ahora seguirá bajo arresto domiciliario en el área metropolitana de Nueva York como desde marzo, cuando pagó una fianza de 5 millones de dólares.
Li, que entregó todos sus pasaportes al FBI, lleva un brazalete electrónico y permanece bajo monitoreo por circuito cerrado de televisión las 24 horas del día.
En total, 42 exjerarcas del fútbol, empresarios deportivos y empresas han sido acusados de solicitar y recibir decenas de millones de dólares en sobornos y comisiones en el marco del escándalo que generó una inmensa crisis en la FIFA y tumbó a su jerarquía, incluido a su expresidente Joseph Blatter.
Aproximadamente un tercio se han declarado culpables y aceptaron cooperar con la justicia de Estados Unidos a cambio de una posible reducción de su condena.
Los que se han declarado no culpables serán juzgados posiblemente a partir de setiembre u octubre de 2017.
Un total de ocho acusados están fuera da Estados Unidos y pelean su extradición.