El torneo pasado dejó muchos dolores de cabeza a dirigentes y seguidores del Alianza, el equipo grande de la capital y uno de los más populares del país.
En lo futbolístico, los albos naufragaron en la mitad de la tabla producto de un pálido rendimiento, sin lograr clasificarse entre los cuatro primeros lugares y con eso, cerrar toda posibilidad de terminar con la sequía de más de tres años sin títulos.
En el plano extradeportivo, se vieron salpicados por escándalos de violencia de su barra brava que terminó costándole al club una sanción de jugar a puerta cerrada los tres primeros partidos como local del apertura 2014.
Pero Lisandro Pohl, presidente albo, apeló la sanción y el tribunal correspondiente decretó que los encuentros se realizarían con afición, en cualquier otro estadio que no fuera el Cuscatlán. En los hechos, el castigo fue para el estadio, no para el equipo.
Cuando todo parecía indicar que volverían a su recinto habitual, la junta directiva aliancista, sin dar mayores explicaciones, anunció que rescindiría el convenio para jugar allí.
Néstor Castaneda, presidente de Estadios Deportivos de El Salvador (Edesa), organización que administra el Cuscatlán, explicó los entretelones de esta decisión. A raíz de los reiterados incidentes violentos, los directivos aliancistas querían que Edesa asumiera la total responsabilidad por la seguridad del estadio ante cualquier problema entre aficionados.
A Edesa y Alianza le correspondía a cada uno un 50% de las ganancias producto de la venta de alimentos, bebidas y parqueo, pero los dirigentes del equipo deseaban que el beneficio fuera mayor para ellos. Por último, no querían que Edesa le cobrara por el alquiler del estadio para los entrenamientos.
“En esta temporada llegaron muy exigentes. A nosotros nos sorprendió. Imagínese si le digo yo a usted que le voy a prestar mi casa para hacer una fiesta. Usted lleva los amigos y de repente se hace una balacera y matan a cualquiera, y usted me dice que el responsable voy a ser yo. ¿Cómo puede ser eso posible?», dijo.
Y agregó: «Nosotros nunca cobramos un centavo para que Alianza jugara ahí. Lo más curioso es que ahora que están en el Mágico González pagan $1,500 por partido y $300 por entrenamiento al administrador, que es el Indes. No podemos decir a Alianza ‘venga a jugar y no pague nada’. Tenemos jugadores de Alianza quejándose porque no les gusta jugar en el Mágico porque la cancha está deteriorada”, dijo Castaneda.
Edesa incluso envió una carta a la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) porque la sentencia final dejó en los hechos sin sanción al club, e hizo que esta recayera únicamente en el Cuscatlán.
Castaneda considera que esta decisión no fue ética ni legal, y le parece “sospechoso” que de la noche a la mañana no se aplique el castigo, al mismo tiempo que el Alianza decide jugar el actual torneo de la Liga Mayor de Fútbol en el estadio Mágico González.
Los tres juegos de sanción (ante Águila, Marte y Santa Tecla) ya se incluían, desde la planificación anual, dentro del presupuesto de la organización e iban a generar un buen ingreso, tanto para Edesa como para el equipo blanco. Por eso protestaron ante el tribunal disciplinario en un tono “un poco fuerte”, según el presidente de Edesa.
Castaneda es del criterio de que Alianza volverá a jugar en el coloso capitalino la próxima temporada porque están teniendo un saldo negativo en taquilla y los jugadores no están a gusto.
Por eso le dijo a los dirigentes, desde un principio, que, pese a las diferencias, las puertas del “Cusca” estarían abiertas para ellos. “Ellos van a regresar en la temporada de enero y nosotros estamos interesados siempre. Yo reconozco que bueno, es el equipo de la capital debería jalar gente en eso estamos”, expresó.