Un juzgado salvadoreño ordenó la detención de dos generales retirados que formaban parte del alto mando del Ejército durante la guerra civil (1980-1992) por la masacre de más de 200 civiles en 1982, según informó a EFE este miércoles uno de los abogados de las víctimas.
David Morales, de la organización humanitaria Cristosal, explicó que el Juzgado de Instrucción de la localidad de San Sebastián notificó el lunes la emisión de las órdenes de detención provisional de Guillermo García, exministro de la Defensa, y Rafael Bustillo, excomandante de la Fuerza Aérea.
Indicó que son «acusados de ser parte del alto mando militar que dirigió e impulsó el operativo durante el cual se produjo esta masacre» y que también dirigió la «política de tierra rasada, que aplicó exterminio y masacres de población civil no combatiente» en los primeros años de la guerra civil.
Señaló que García era «el más poderoso militar de la época», que posee otra orden de detención por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982, además de ser procesado por crímenes de lesa humanidad en la causa por la masacre de unos 1,000 civiles en 1981, en la remota localidad de El Mozote y sitios aledaños.
Lamentó que la jueza del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, que conoce este último caso, se ha negado a emitir una orden de detención provisional contra García.
También Bustillo es procesado por la masacre de El Mozote y por la matanza de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres en 1989, en el campus de la UCA.
Morales, exprocurador de Derechos Humanos, destacó que una nueva jueza en el proceso de El Calabozo decidió «tomar este paso histórico», lo que calificó de «positivo para la Justicia y que devuelve esperanza para las víctimas».
«Sería el segundo precedente de una orden de detención contra personas acusadas como criminales de guerra en El Salvador», subrayó el letrado.
Esta masacre, ocurrida en el lugar conocido como El Calabozo y ubicado en el cantón Amatitán Abajo en el municipio de San Esteban Catarina, a 70 kilómetros de San Salvador, fue ejecutada el mismo año en que las Fuerzas Armadas perpetraron la matanza de cientos de civiles y la desaparición forzada de más de 150 niños en la llamada «guinda (escape o carrera) de mayo».
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, el 7 de agosto de 1982 el Batallón Atlacatl comenzó un «vasto operativo militar antiguerrillero» con unos 6,000 hombres que terminó el 22 de agosto de ese año con la masacre de El Calabozo.