El domingo pasado el Cuerpo de Bomberos registró un incendio en las instalaciones de la exfábrica Baterías de El Salvador (Record) que, de acuerdo con las primeras versiones, fue provocado por una persona.
Aparentemente el fuego se propagó rápido debido a la cantidad de material de fácil combustión todavía almacenado en el lugar que fue clausurado para detener la contaminación que provocó con plomo que provocó la fabricación de baterías. En el lugar había tiradas cajas en las que eran almacenados los productos.
Desde hace más de quince la empresa es un problema para los pobladores del cantón Sitio del Niño. Este es un recuento de los hechos:
En 1955 la comunidad Sitio del Niño fue fundada con los terrenos que el entonces Instituto de Colonización Rural (actual Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria- ISTA) entregó a un grupo de familias pobres, en la presidencia de Óscar Osorio.
El gobierno de Osorio entregó viviendas y terrenos a las familias más pobres que en aquella época no podían comprar por su cuenta un lugar en el que vivir. El financiamiento lo hizo el Banco ABC, actualmente Banco Hipotecario.
Cuando las familias terminaron de pagar muchas vendieron sus propiedades facilitando la llegada de empresas interesadas en construir grandes urbanizaciones. Fue en este contexto que también llegaron a instalarse empresas, entre ellas Baterías de El Salvador.
Entre 1994 y 1995 Record comenzó sus operaciones como distribuidora de baterías para el mercado nacional y regional. Cinco años después comenzó operaciones de reciclaje y ensamblaje de baterías.
Es en este contexto que puede detectarse la primera irregularidad: en 1995 aún no tenía permiso ambiental para operar y no es sino unos siete años después que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) se lo entregó.
En 2003, sin embargo, ya fabricaba baterías electrolíticas de ácido plomo para vehículos y ya operaba una planta recicladora de plomo en la que producía su propia materia prima. En aquellos años los vecinos de Sitio del Niño veían llegar a la zona grandes cantidades de chatarra y baterías usadas para procesar en su planta.
Record creció tanto que se convirtió en el principal proveedor para el mercado local de plomo puro, óxido de plomo, agua para baterías, plomo normalizado y placas para baterías.
El 9 de marzo de 2005 la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se reunió con los miembros del Comité Ambiental Sitio del Niño y tres meses más tarde emitió una medida cautelar recomendando al Estado la adopción de medidas sanitarias para proteger a los vecinos y cuestionando en qué términos había sido entregado el permiso ambiental a la empresa.
El 14 de febrero de 2006 el laboratorio Test América, contratado por Record, hizo un estudio de suelo para localizar plomo, arsénico y estaño en tres puntos críticos dentro de la empresa: el plomo sobrepasó el límite técnico de referencia de 0.06 metros en 338 por ciento dentro del área de almacenamiento de la escoria y con tendencia a aumentar a 0.9 y 2.9 metros. También los técnicos concluyeron que había una gran cantidad de infiltración en el suelo contaminando los mantos acuíferos.
El 21 de marzo de 2007 el MARN realizó una auditoría ambiental en la que concluyó que las aguas residuales de la empresa superaban el límite de 0.05 microgramos por litro de plomo. Esas aguas, además, eran descargadas en una zona abandonada cerca de la fábrica y de uno de los pozos abastecedores de la comunidad.
Para entonces los vecinos ya sufrían problemas de salud como frecuentes dolores de cuerpo, niños con alopecia, fiebres, vómitos constantes. Pero no lo relacionaban con el funcionamiento de la empresa, más bien estaban agradecidos con los empresarios que regalaban implementos deportivos para los equipos de fútbol de la comunidad, pintura para la escuela y otros.
La contaminación era tan desesperante que los sábados y los domingos, según relataron los vecinos a la oenegé Centro Salvadoreño de Tecnologías Apropiadas (CESTA), la empresa abría mucho más las compuertas de sus máquinas de desechos que el humo inundaba las casas de todo Sitio del Niño.
Algunos de los más afectados fueron los alumnos del Centro Escolar Comunidad Rural Sitio del Niño que sufrían náuseas, dolor de cabeza, sangrado de nariz. Una de las estudiantes fue ingresada de emergencia y para evitar escándalos la empresa pagó el tratamiento de quelación de la menor, es decir, un tratamiento para aliviar a las personas intoxicadas por mercurio y plomo.
María de los Ángeles Pacheco, entonces directora del Centro Escolar, pidió a la unidad de salud de la localidad hacer exámenes a los menores de edad. También acudió al MARN, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (actual MINSAL), al Ministerio de Educación (MINED) y a la Asamblea Legislativa.
La presión de la docente dio resultados: en abril de 2007 el Ministerio de Salud realizó pruebas de sangre a niños de entre diez meses y diez años de edad y los resultados es que la mayoría tenía entre 10.15 a 26.78 microgramos por decilitro en sangre de plomo, valores muy superiores a los admitidos.
Tres meses después la Procuraduría emitió su resolución final concluyendo que los problemas de salud de los habitantes de la comunidad es consecuencia de la contaminación por plomo y señaló como responsables a los ministerios de Salud y al de Medio Ambiente así como también a la alcaldía de San Juan Opico por no tomar las medidas pertinentes para salvaguardar la salud de las personas. Otra de las conclusiones fue que la empresa debía ser cerrada y que debía declararse emergencia en la zona.
Para entonces ya habían sido afectadas unas siete mil doscientas personas.
El 5 de abril de 2011 la Fiscalía General de la República (FGR) presentó a la Asamblea un informe en el que calculaba en unos 3 mil 964 millones de dólares los costos ocasionados por Record en Sitio del Niño.
La evaluación de los daños la realizaron peritos del laboratorio internacional Ana Lab Corporation, personal de los ministerios de Salud y Medio Ambiente que estudiaron la contaminación en el aire, el agua, la tierra y los habitantes en un radio de unos 1 mil 500 metros en la comunidad.
Dos años después la Fiscalía presentó la acusación en los tribunales por los delitos de contaminación ambiental agravada y lesiones culposas contra los técnicos Hugo Trujillo, Arturo Marenco y Edgardo Brito. En ese entonces también fueron imputados Ronald Lacayo, Cecilia Escapini, Ofilio Guardian, Domingo Call y Dimas Alvarenga.
Hasta el momento no hay resolución firme en el caso.
Trujillo, Marenco y Brito, los principales acusados, siguen prófugos.
Miguel Lacayo, exministro de Economía en la presidencia de Francisco Flores, también fue señalado en su momento porque fue el principal propietario de Record en los años de mayor contaminación.
Él, sin embargo, nunca fue imputado.
En diciembre del año 2000 La Prensa Gráfica publicó un reportaje en el que señalaba que Lacayo, entonces ministro de Economía, ocupó la “salvaguarda” establecida en el Tratado General de Integración Económica (COMIECO), que permitía que, ante una situación de emergencia nacional, los ministros de Economía y el de Hacienda pudieran reducir o eliminar los impuestos a productos importados desde fuera de Centroamérica.
De acuerdo con la publicación, Record se benefició de esa salvaguarda por lo menos cinco veces.
Lacayo también estuvo bajo cuestionamiento cuando después de terminar su periodo como ministro su patrimonio había incrementado de 1 millón 667 mil 326 dólares a 5 millones 433 mil 724 dólares.
José Eduardo Cáceres Chávez, entonces jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pidió a los bancos información sobre las transacciones de Lacayo y otros funcionarios salientes como Juan José Daboub, María Eugenia Brizuela de Ávila, Enrique Molins Rubio, Carlos Quintanilla Schmidt y Guillermo Alfredo Sol Bang.
El 30 de marzo de 2015 el Ministerio de Medio Ambiente comenzó las evaluaciones para el retiro de la escoria de plomo que quedó en Sitio del Niño.
Foto D1/Rodrigo Sura/Archivo
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