El siguiente es el relato de la denuncia que Fredrych Eliseo Castillo Huete, estudiante universitario de 22 años de edad, originario de Estelí, presentó a la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH):
“Me integré a la lucha el 19 de abril de 2018 después de ver un video en el que simpatizantes del gobierno están golpeando a los viejitos por la reforma del 5 por ciento al INSS. Por medio de un grupo de WhatsApp convoqué a una marcha para salir desde mi casa a la Facultad Regional Multidisciplinaria Estelí y comenzamos a marchar de forma desordenada y en esa improvisación se fue uniendo la sociedad civil y a medida que avanzábamos más gente se fue uniendo. Ya estando en la plaza Domingo Gadea, un simpatizante del gobierno, Otoniel Olivas, nos hizo detonaciones preventivas con un revólver dispersando a la gente y posteriormente varios fuimos detenidos. Me tuvieron dos horas preso pero por presiones de los manifestantes me liberaron. El día 20 de abril convocamos a otra marcha que salió del Instituto Público Francisco Ruiz Espinoza hasta el parque central y la convocatoria fue exitosa: era cerca de kilómetro y medio de personas marchando y gritando consignas. La primera ruta la debimos cambiar porque fue montado un retén de la policía, pero luego nos fueron impidiendo más y más el paso para que no llegáramos al punto pero cuando íbamos llegando a los Hermanos Maristas los policías y los simpatizantes del gobierno recibieron la orden de reprimir y así fue que empezaron los enfrentamientos en Estelí que se extendieron desde la una de la tarde hasta la una de la mañana. A nosotros nos empezaron a defendernos con morteros y empezamos a ganar terreno, ellos nos habían atacado con gas lacrimógeno y balas de goma, pero de pronto nos empezaron a atacar con balas reales por órdenes del alcalde de Estelí, y fue entonces que cayeron los primeros muertos: primero mataron a Orlando y después a Franco Valdivia. El cuerpo de Franco fue secuestrado por los policías y arrastrado de los pies hasta llevarlo al grupo de la Juventud Sandinista. El enfrentamiento disminuyó cuando llegó el ejército y nos replegó, no nos disparó pero sí nos apuntó”.
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A mediados del año 2016, el expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena huyó de El Salvador cuando públicamente se supo que era investigado por casi una docena de delitos de corrupción. El 8 de septiembre de ese mismo año explicó, en una entrevista con el Canal 4 de Nicaragua y la página 19 Digital, que se había radicado en ese país por dos razones: la primera, porque después de saberse que iba a enfrentar un proceso judicial el “medio emergente” para el que trabajaba como consultor canceló su contrato y no le quedó más remedio que irse a buscar “nuevos derroteros”.
Se fue a Nicaragua a buscar trabajo y lo encontró.
Dijo, en esa entrevista, que mientras trabajaba como consultor para medios de comunicación y en asuntos de la integración centroamericana, allegados suyos y dirigentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), le recomendaron no regresar a su país de origen porque la Fiscalía General de la República (FGR), que en esos días lideraba Douglas Meléndez, podía ordenar antojadizamente su captura. Entonces vino la segunda razón: decidió pedir asilo a Daniel Ortega porque preside, según él, un “gobierno democrático que respeta la Constitución” y con el que afirmó sentirse “ideológicamente identificado”.
Aseguró, además, que mientras fue presidente tuvo una “estrecha relación” con Ortega. También contó que lo que más le impactó fue la prontitud con la que su exhomólogo lo asiló: cinco días.
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“Al día siguiente hicimos plantones por las muertes de los muchachos pero la gente ya no nos quiso apoyar, por temor. El día 23 convocamos para pintar de azul y blanco la Avenida Estelí, pintamos árboles y monumentos, los motociclistas se detenían para que les pintáramos las motos, era bastante notorio el apoyo de la gente. En la noche, cerca de las ocho de la noche, me puse de acuerdo con Bryan Quirós para ir a Managua a traer víveres y medicinas para la Universidad Politécnica de Managua (UPOLI), en el camino nos siguió una camioneta y al llegar estaban formando el movimiento cívico M19 y nos invitaron a formar parte de él. Después yo me replegué a una casa de seguridad, en León, luego me fui a Masaya a participar en varias barricadas y después regresé a atrincherarme a la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN); fue cerca del 18 de junio de 2018. Ahí estuvimos resguardándonos aguantando sol, hambre. Unos días después fui a apoyar el repliegue táctico de Masaya y al volver la UNAN había sido tomada por los paramilitares. Entonces nos fuimos a refugiar a la iglesia de la Divina Misericordia y los paramilitares llegaron y empezaron a atacarnos mientras nosotros tratábamos de ayudar a Racheli Munguía, estudiante de medicina, que había recibido dos disparos en la rodilla; logramos contactar con la Cruz Roja y gracias a la mediación del Episcopado los heridos pudieron ser trasladados. Pero después los paramilitares reanudaron el ataque, dispararon a los postes de energía eléctrica para que no pudiéramos cargar los teléfonos celulares y evitar que transmitiéramos los ataques que nos estaban haciendo. Aquí fueron asesinados dos compañeros nuestros: Gerald Vásquez y El Oso. Al día siguiente la Conferencia Episcopal llegó a traernos con la condición que no lleváramos nada para defendernos. Cuando salimos los paramilitares estaban en la calle y nos decían adiós y nos tiraban besos. En la catedral nos entregaron a nuestras familias pero yo decidí irme a una casa de seguridad ubicada en el Mercado Oriental. Fueron seis días los que estuvimos refugiados hasta que un día, en la mañana, llegaron policías y nos detuvieron; se fueron directamente contra mí y me preguntaban por Pedro, por Jefrey, nos golpeaban, nos tomaron fotos y nos llevaron al Distrito I. Éramos unos 15 los detenidos. Después llegaron por nosotros policías encapuchados que nos llevaron a Auxilio Judicial y nos robaron nuestras pertenencias; a mí me quitaron $1,200 que eran para el ataúd del Chino, los documentos personales y los teléfonos. Ya en Auxilio Judicial un policía comenzó a golpearme, a decirme que me iba a ir feo si no decía quién nos daba dinero, si el Movimiento Renovador Sandinista o Mónica Baltodano o el Imperio Norteamericano. Mencionaba nombres de personas que estaban atrincheradas insinuando que yo las conocía; me dijeron que yo era asesino de policías, me golpearon más, me hablaron de un tal Toro. Después me llevaron a una celda de aislamiento que estaba al fondo, era una habitación de 3X4 metros cuadrados, sin camarote, dormía en el suelo, no tenía luz. Ese día me di cuenta que me habían roto la nariz porque sangraba. Me quedé dormido pero me desperté porque sentí el agua que el policía tiraba porque estaba lavando, pero esa agua me provocó una gran infección en el brazo que también tenía herido como consecuencia de la explosión de una bomba que tiraron los paramilitares en la Divina Misericordia. Me volví a dormir pero me despertó el sonido de las llaves del celador que fue a mi habitación para llevarme a otro cuarto que estaba oscuro donde me amenazaron de muerte, me dijeron que no iba a salir vivo de ahí, que estaba en el Chipote; en esa ocasión sí logré ver los rostros de los policías: uno era alto, caucásico, corte militar, contextura recia; el otro era alto, moreno, bigote poblado, pelo corto. Me desnudaron y me empezaron a electrocutar, me pusieron choques en todo el cuerpo, incluso en los testículos, me echaban agua y me seguían golpeando, pero no me pegaban en la cara. Me incitaban a revelar identidades, ubicaciones y contactos, tanto personas que ayudaban como donantes internacionales; también insistían en que dijera dónde estaban las armas. Como no les respondí me llevaron a otra celda, me dieron una pichinga con agua y un plato con comida, era comida que me había llevado un familiar el primer día que llegué, por eso estaba mohosa y en mal estado, pero me la comí porque tenía hambre. Después me sacaron a una especie de sesión psicológica. El policía me dijo que ellos eran buenos y que nada me había pasado, que todo lo había soñado, le respondí que me habían golpeado y él respondió que era estrés carcelario, también intentó convencerme que el gobierno me quería mucho, que el presidente nos ha dado wifi, seguridad, carreteras, puentes. ¿Quién ha hecho esas cosas?, preguntó. Le contesté que Somoza había hecho el Lago de Apanás, el Día de las Madres, el INSS, y que todo dictador solo se enfoca en lo bueno que ha hecho. El investigador se enojó y me mandó a la celda. Al día siguiente un policía me llevó a que me hicieran la prueba de parafina que salió negativa y yo era quien supuestamente tenía armas, también revisaron mis huellas digitales repetidas veces esperando tener algún resultado de crímenes pero no salió nada. Luego me llevaron a un cuarto donde me inyectaron anticoagulantes donde tenía morados, yo intentaba ver quién me estaba inyectando pero cada vez que levantaba la cabeza me pegaban culatazos. Permanecí ahí hasta el día siguiente que me llevaron a los juzgados para imputarme los delitos de terrorismo y tenencia ilegal de armas”.
Foto: EFE archivo. Crisis en Nicaragua.
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El 13 de agosto de este año los estudiantes organizados en el Movimiento Defensa Estudiantil cerraron los portones de la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua y protestaron contra el gobierno de Ortega. Es una modalidad conocida como Piquete Exprés: son pequeñas manifestaciones dentro de casas o instituciones privadas para evitar que la Policía Nacional las reprima a punta de macana.
Esa y otras modalidades de expresión las comenzó a practicar la resistencia desde que, a finales del año 2018, el orteguismo prohibió las protestas tipificándolas como terrorismo.
Ese martes los estudiantes se taparon los rostros con pañuelos y camisetas y corearon consignas contra la pareja presidencial Ortega-Murillo. Afuera, en la carretera adyacente al campus universitario, un grupo de antimotines se puso en guardia y llegaron dos patrullas más a vigilarlos.
Adela (nombre ficticio) tiene 22 años de edad y estudia el quinto año de comunicación social. Se enroló en la resistencia después de ver cómo eran golpeados y asesinados centenares de estudiantes, como ella, que solo reclamaban sus derechos. En abril del año pasado participó en una protesta que terminó en un tiroteo.
La lucha civil que emprendieron desde mediados de 2018 terminará cuando Ortega se vaya y las instituciones estatales se limpien de la corrupción que, según ella, las corroe.
Por eso es que, además, dijo abominar la presencia del expresidente salvadoreño en suelo nicaragüense. “Es indignante porque es un delincuente protegiendo a otro delincuente haciendo mayor la desgracias de este país y encima que obtenga nuestro dinero. Eso no puede seguir”, criticó.
Juan Carlos (nombre ficticio) estudia el cuarto año de trabajo social. Comenzó a participar en los movimientos estudiantiles en abril del año pasado después de una protesta que terminó con las turbas orteguistas agrediendo a todo el mundo. Desde entonces dijo que decidió que “o la bebía o la derramaba”. Él, al igual que Adela, dijo tener claro que Funes no es más que un cómplice de Ortega. “Son dos ratas de la misma alcantarilla. Entre dictadores se protegen y entre corruptos se tapan todo. Si en verdad estuviera limpio de todo estaría frente a las leyes salvadoreñas rindiendo cuentas”, señaló.
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«Al día siguiente fuimos trasladados al Sistema Penitenciario Jorge Navarro: nos llevaron a un salón para tomarnos los datos y nos dividieron: a Medardo Mairena y a Pedro Mena los mandaron a Máxima Seguridad y nosotros a la Galería 16-2. Ahí nos dio normas de comportamiento Venancio Alaniz, que portaba unos llamativos broches alusivos al Frente Sandinista y del escudo de Nicaragua. Se nos prohibió cantar el himno nacional, cantar canciones folclóricas, gritar consignas y cualquier acción alusiva a la lucha que nos llevó ahí. En agosto un joven originario de Matagalpa sufrió convulsiones y desmayos como consecuencias de las torturas que sufrió en el Chipote, que provocó la pérdida de audición en su oído derecho, y exigí a los funcionarios verdadera atención médica para él provocando que más presos también se levantaran. Eso terminó en mi traslado a Máxima Seguridad donde, después de una sesión de rasurado obligatorio, me pasaron a una sala en la que un policía me preguntó qué pensaba yo de mi comandante y me dio un sermón tratando de hacerme cambiar de opinión. Después me llevaron de regreso a la celda sin permiso para comer ni tener toallas, sabanas, cepillo de dientes ni nada. Luego vino la presión psicológica: no tenía atención médica, se deterioraba mi salud, me prensaban los dedos con la ventanilla de la celda, la presión del calor es muy fuerte ya que no tiene suficiente ventilación y la celda está plagada de alimañas: alacranes, culebras, arañas, escarabajos, moscas. Había poca agua y estaba sucia; es prohibido hacer actividades físicas y mentales. Estaba en un régimen de aislamiento total, el régimen de visitas era de 30 minutos al mes hablando a través de un teléfono que graba todas las conversaciones. Pero también me visitaban funcionarios del penal que llegaban a insultarme, inclusive una vez logré que uno de ellos se identificara como paramilitar, su alias es Flansher, un señor de 40 años bajito, moreno, canoso, cabello corto; otro era Ramón López, también el alguacil, Ignacio Matute, que fue uno de los participantes de la Operación Limpieza y también de mi tortura. El 14 de octubre, día de mi cumpleaños, llevaba alrededor de once días en huelga de hambre y el director Roberto Guevara llegó a sacarme de mi celda para llevarme a la planta médica para golpearme y hacerme desistir, el médico me puso una vitamina para que me diera hambre y después de eso me dio un episodio en el que quedé inmovilizado de pies y manos y perdí la noción de la realidad, comencé a delirar y me llevaron a un pequeño cuarto con una psicóloga que me hizo volver a la realidad y trató de hacerme creer que en el sistema penitenciario no golpeaban a nadie y que todo era parte de mi colapso nervioso. A la semana siguiente llegó el Nuncio Apostólico; el 12 de marzo de 2019, llegó a reunirse con las personas que habían sido golpeadas, pero no fue así porque solo le presentaron al Nuncio personas que no habían sido golpeadas. El 5 de abril de 2019, a eso de las tres de la mañana, llegó a mi celda el subdirector William Trujillo y me dijo que tomara mis cosas y saliera. Yo le contesté que no tenía nada, luego me llevaron al área de descarga donde me dieron ropa civil usada y me trasladaron al salón principal donde me vi con aproximadamente 50 reos políticos que íbamos a ser excarcelados ese día. A mí y a dos reos nos trasladaron en una camioneta sin identificación hasta mi casa en Estelí en donde mi papá firmó la carta».
«El día 27 de abril de 2019, a las ocho de la mañana, nos percatamos que en mi casa de habitación habían escrito con letras de spray la palabra PLOMO como manera de amenaza e intimidación hacia mi persona y mis familiares. Por eso decidí trasladarme a casas de seguridad en Managua para garantizar mi seguridad y de mis familiares».
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La CPDH comenzó a registrar, desde el año 2009, un deterioro progresivo de los derechos humanos en Nicaragua. Los primeros síntomas comenzaron cuando las resoluciones judiciales las empezó a desobedecer el régimen orteguista, que las denuncias de torturas en la cárcel El Chipote aumentaban, los policías abusaban de su poder impunemente y la independencia entre Órganos de Estado desapareció.
Pero, evidentemente, la situación estalló en abril de 2018 con la represión violenta de las protestas ciudadanas.
Desde abril del año pasado hasta la fecha la CPDH registró 326 ciudadanos asesinados en dos tipos de contextos: en protestas o como víctimas de homicidios selectivos; hay más de 3 mil exiliados cuyos principales destinos son Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y España; más de 138 denuncias de torturas.
Ortega es el gran represor de Nicaragua. Ortega es el gran protector de Funes.
“Funes ve a Ortega como un héroe, como un modelo, hay una afinidad ideológica y últimamente, después de su nacionalización, está feliz que va apoyar a Ortega y eso ha caído muy mal a los nicaragüenses, porque apoyar a Ortega significa apoyar sus crímenes”, opinó Carlos Pallais, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. “Que venga a apoyar a alguien que está matando, que está reprimiendo, que coarta las libertades del pueblo, eso sienta muy mal”, agregó.
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“En nombre del Estado salvadoreño pido perdón”. Esas palabras que pronunció Funes el 16 de enero de 2010 marcaron una brecha entre la historia de los gobiernos después del fin de la Guerra Civil y su gobierno que asumió el 1 de junio de 2009: por primera vez en su historia el Estado salvadoreño asumía su responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos, y en este caso asumía su responsabilidad por la Masacre de El Mozote en la que más de 900 personas fueron asesinadas.
“Reconozco que agentes entonces pertenecientes a organismos del Estado, entre ellos la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad pública, así como otras organizaciones paraestatales, cometieron graves violaciones a los derechos humanos y abuso de poder, realizaron uso ilegítimo de la fuerza”, reconoció el entonces presidente.
Aunque las magnitudes y los momentos son distintos, el fondo es el mismo: el Estado no puede asesinar a sus ciudadanos. Funes lo creyó en ese momento. O al menos aseguró creerlo.
Hoy es el protegido de un presidente que es acusado de graves violaciones a los derechos humanos.
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“La víctima FREDRYCH ELISEO CASTILLO HUETE presenta muchos efectos y secuelas producto de los vejámenes, golpes, amenazas y lesiones recibidas contra su integridad física y psíquica dado que debido a la violencia y agresión que fue sometido en su integridad física presenta dolor en todo el cuerpo, dolor de cabeza, esguince en mano derecha, dolor en hombros y cuello, cansancio, desorden en el sueño, pesadillas con su asesinato, persecución, ansiedad, estrés, le irrita el sonido de las llaves, los espacios cerrados le causan nerviosismo, así como el calor, poca tolerancia hacia los demás, distraído. Su núcleo familiar también está afectado: su padre ELISEO CASTILLO, de 49 años, sufrió preinfarto, hipertensión, taquicardia; su madre, ANA MERCEDES HUETE ZELAYA, de 50 años de edad, tiene problemas de salud mental: parece asustada, nerviosismo, come poco, presenta tristeza, temor a que nuevamente le pase algo a su hijo”.
Foto EFE.