A inicios del 2012, antes de ser fiscal general, Luis Martínez estaba en la quiebra. Era un abogado litigante de bajo perfil que adeudaba $301,001.22 a seis bancos en 22 productos financieros entre tarjetas de crédito, préstamos y sobregiros.
No solo eso. Su situación económica era tan grave que estaba a punto de perder su casa. Tenía un proceso legal de desalojo por incumplimiento de pago.
Además, en el Sistema Financiero era clasificado con la categoría E, la peor calificación de todas. Así lo revela el informe financiero con número de referencia DCI-18432 de la Dirección Central de Información de la Superintendencia del Sistema Financiero al que Diario 1 tuvo acceso.
“No podía comprar vehículos o pagar deudas antes de haber sido nombrado Fiscal General de la República (2012-2015); pues no tenía solvencia, ni capacidad económica, debido a que le estaban siguiendo trámites de cobro de deudas, tanto a nivel administrativo, como judicial”, indica el requerimiento fiscal.
El abogado Martínez, quien se había desempeñado como representante legal de algunas instituciones públicas en la década de los noventas, tenía, para diciembre del 2012, un capital de $1.75 en tres cuentas bancarias.
Dos de sus cuentas, inscritas en el Banco Agrícola, indicaban ingresos bajos. La primera cuenta corriente, número 5420017185, no presentaba movimientos desde el 28 de febrero de 2006. La segunda cuenta de ahorro, número 3490048427, tenía hasta el 3 de diciembre de 2012 un saldo de $137.94.
La tercera cuenta, número 062510011404, inscrita en el banco Davivienda, tenía hasta el 31 de diciembre de 2011 un saldo negativo de menos $136.19.
Los movimientos bancarios de Luis Martínez eran los de una persona de bajos ingresos. Antes de asumir como fiscal general, el 4 de diciembre de 2012, la situación financiera era precaria.
Las deudas de Martínez oscilaban entre los $140.92 hasta los $212,735.16. Con ese dinero, Martínez adquirió bienes de consumo personal e incluso compró una casa en la Residencial Joyas de las Piletas, Polígono C, Casa No. 8, Nuevo Cuscatlán, La Libertad. La vivienda estaba valorada en $172,500.
Gráfica D1. Ingresos detallados de Luis Martínez
Pero Luis Martínez pasó de ser un abogado en quiebra a un adinerado funcionario. Eso generó sospechas en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El 21 de julio de 2017, la Fiscalía presentó una acusación en contra del exfical Luis Martínez por el delito de enriquecimiento ilícito por un valor de casi medio millón de dólares.
Según la Fiscalía, el exfuncionario tuvo un incremento injustificado en su patrimonio por $486,213. La investigación Probidad indicaba la existencia de depósitos bancarios realizados a nombre del exfiscal y su esposa Carla Francesca García Rossi de Martínez, quien no percibe ingresos. Sin embargo le encontraron $9,850.00, cuyo origen se desconoce.
Probidad también encontró cuentas bancarias a nombre de Luis Carlos Martínez García, hijo del exfuncionario, por la cantidad de $60,470.00, cuyo origen se desconoce.
“Ello hace un total de $60,470.00 en depósitos realizados en el período en que se desempeñó como FGR, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro de su cónyuge y de uno de sus hijos, respecto de los cuales se desconoce su origen”.
Durante su gestión como Fiscal General, Martínez recibió $52,875.58 en concepto de viáticos para él y su comitiva, y en calidad de viáticos adicionales la cantidad de $124,784.11.
La Fiscalía lo acusa de articular y liderar una estructura de corrupción que se sirvió del Ministerio Público para “vender y prostituir justicia”, según dijo el titular de la FGR, Douglas Meléndez, al momento de revelar dicha organización.
Según el requerimiento de acusación, Luis Martínez utilizó dinero de cuentas de patrimonio especial del Ministerio Público para gastos personales.
Además, formó una red más compleja que vinculó al exempresario de la basura Enrique Rais y el expresidente Mauricio Funes, quienes se sirvieron para montar falsos procesos judiciales contra sus adversarios e incluso para ocultar delitos cometidos por ambos.
Funes como Rais habrían otorgado dádivas a Martínez y su séquito que en conjunto sobrepasaban los $1.5 millones, para que no fueran investigados por varios casos en los que estaban implicados. En relación a Funes, estos eran las irregularidades ocurridas en la construcción de la presa El Chaparral y la tregua entre pandillas en 2012.
A Luis Martínez se la acumularon 10 delitos más, incluido el de lavado de dinero. El exfiscal fue intimado el pasado martes, luego que se suspendiera su audiencia preliminar por los delitos de omisión de investigación y fraude procesal.