La orden de Luis Martínez fue tajante: evitar la pericia contable contra tres cabecillas del cártel de Texis. “No sé cómo van hacer, pero tienen que dejar sin efecto esa babosada”, le dijo al jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, Tovías Menjívar.
Días atrás, el 27 de julio de 2014, Tovías Menjívar había pedido a uno de sus fiscales que abriera una investigación por posible lavado de dinero en contra de José Adán Salazar Umaña, conocido como Chepe Diablo, Juan Umaña Samayoa, alcalde de Metapán, y Wilfredo Guerra, presidente de Agroindustrias Gumarsal.
El fiscal asignado para investigar si estas personas habían lavado dinero fue Mario Huezo, quien luego de recolectar la documentación tributaria, registral y financiera de los investigados y las sociedades que representaban, solicitó al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador autorizara una pericia contable con la finalidad de determinar la existencia, o no, del delito de lavado de dinero y de activos.
Cuando Luis Martínez, quien para entonces se desempeñaba como fiscal general, se dio cuenta que la Unidad de Investigación Financiera había solicitado la pericia contable, y que el juzgado la había autorizado, llamó telefónicamente a Tovías Menjívar y le reclamó esa acción, según parte del requerimiento fiscal contra el exfiscal al cual tuvo acceso Diario 1.
Luis Martínez estaba furioso. Le exigió que dejaran sin efecto esa solicitud. Tovías Menjívar le explicó que la investigación la había iniciado porque habían recibido un informe de la Unidad de Crimen Organizado donde se evidenciaban indicios que estas tres personas, señalados como cabecillas del cártel de Texis, habían lavado dinero.
Un mes antes, en abril de 2014, la Fiscalía había presentado una acusación en contra de Salazar, Samayoa y Guerra por el delito de evasión de impuestos. Fue ahí que descubrieron indicios de lavado de dinero y la información fue enviada a la Unidad de Investigación Financiera para que se investigara.
Pero, cuando Luis Martínez se dio cuenta que esa unidad había comenzado la investigación, se puso furioso y le ordenó a Tovías Menjívar que la frenara.
Le preguntó, además, que quién era el fiscal que había ordenado la pericia contable. Menjívar le contestó que era uno de los más capacitados en el tema. Martínez reiteró la orden: evitar la pericia.
¿Por qué Luis Martínez estaba evitando la investigación? Tovías Menjívar, según declaraciones que brindó durante la investigación contra el exfiscal general, pensó que eso no era un simple capricho de Luis Martínez, sino un arreglo con los investigados, pues, “este tipo de acciones no se hacen sin que exista un beneficio a cambio”.
El fiscal general de la República, Luis Martínez junto a Edgar Márquez, fiscal adjunto. Foto D1.
Reasignación
Tovías Menjívar le prometió al fiscal general resolver el problema. Aprovechó que por esos días se estaban desarrollando algunas pericias en otros casos de la misma unidad para argumentar, ante el juzgado, que había dificultades con el espacio físico. En seguida le trasladó su plan a Luis Martínez, quien estuvo de acuerdo de principio a fin.
El jefe de la Unidad de Investigación Financiera le mandó a decir a su fiscal que presentara un escrito para desistir de la pericia financiera en contra de los cabecillas de Texis por problemas de espacio físico.
Mario Huezo, el fiscal del caso, le mandó a decir que ese no era ningún problema, pues se podía gestionar un espacio en el Centro Judicial para realizar el peritaje financiero. No solo eso. Le recordó que José Adán Salazar recién había sido catalogado capo internacional de la droga por parte del gobierno de los Estados Unidos.
Tovías Menjívar no le insistió. Sabía que lo que estaba pidiendo no era una cosa correcta y el fiscal del caso no cumpliría la instrucción. Fue entonces que le llamó al fiscal general para manifestarle la dificultad presentada. Luis Martínez se enfureció y pidió que reasignara el caso a otro fiscal para que limpiara el archivo de la investigación. Además, le pidió que devolviera la documentación a los investigados con la intención de hacer constar que todo estaba en orden y que los investigados no tuvieran problemas para realizar operaciones financieras y mantener el orden en sus empresas.
El caso fue reasignado a la fiscal Alessia Esteffy Herrera Menjívar. Lo primero que se le pidió fue que presentara un escrito para desistir de la pericia que se había autorizado. Pero a Luis Martínez no le gustó que el caso fuera delegado a esa fiscal, pues, según alegó, todos sabían que era pariente de él.
“Martínez le recriminó con palabras soeces por haber asignado (el caso) a dicha fiscal, ya que era de conocimiento público que Alessia era sobrina política del señor Luis Martínez… Tovías le explicó al señor Luis Martínez que se lo había asignado a ella porque los demás fiscales estaban saturados de diligencias”, dice el expediente fiscal al que Diario 1 tuvo acceso.
Cuando Douglas Meléndez llegó a dirigir la Fiscalía, en enero de 2016, comenzó a desengavetar varios casos. Entre ellos estaba la investigación por lavado de dinero contra Chepe Diablo y sus cómplices. Pero fue hasta abril del año pasado que el caso fue judicializado.
El mismo periódico informó el pasado lunes que Chepe Diablo está siendo investigado por los delitos de narcotráfico por la Fiscalía General de la República (FGR).
Mafia
Chepe Diablo es originario de Metapán, Santa Ana. Tiene 69 años de edad. Su historia empresarial está plagada de dudas: empezó como cambista de quetzales a colones en la frontera de El Salvador y Guatemala; y, en pocos años, se convirtió en un millonario dueño de gasolineras, hoteles y otros negocios.
A mediados de los años noventa era un próspero empresario. Pero las dudas en torno a su fortuna crecían. En 1997, por ejemplo, fundó junto con Juan Umaña Samayoa una empresa de granos llamada Gumarsal. Este último se convirtió años después en alcalde de Metapán. Actualmente es prófugo de la justicia. Los fiscales lo acusan de pertenecer a la red de lavadores encabezada por Chepe Diablo.
Chepe Diablo era dueño de gasolinera, hoteles y otras empresas. En 2014 fue designado por los Estados Unidos capo internacional de la droga. Ese mismo año fue procesado por el delito de evasión de impuestos.
Fue capturado por el delito de lavado de dinero el martes 4 de abril, junto a su exesposa Sara Paz Martínez Bojórquez y su hija Susana Noemy Salazar de Cruz, por los delitos de lavado de dinero.
Ese mismo día, la Fiscalía ordenó el allanamiento de 70 residencias y locales comerciales vinculados a Chepe Diablo, acusado de ser el cabecilla de una estructura de lavado de dinero.
Chepe Diablo quedó en libertad luego que la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador revirtiera la detención provisional ordenada por el juez Cuarto de Instrucción. Adán Salazar pagó una fianza de 200 mil dólares.
El pasado 11 de enero, la Fiscalía inició el proceso de extinción de dominio contra Chepe Diablo para incautarle 81 inmuebles y 16 sociedades con sus respectivas empresas.
Juan Samayoa y su hijo Wilfredo Guerra, por su parte, se encuentran prófugos de la justicia desde hace más de un año. En abril del año pasado, la Fiscalía ordenó su captura por el delito de lavado de dinero. Sin embargo, cuando los policías montaron el operativo para capturarlos, ya se habían escapado.
Foto D1, archivo.