Un grupo de pandilleros revolucionarios del Barrio 18 está reunido en el interior de la casa de El Pachanga, el palabrero de la clica, quien está tirando metting (dirigiendo la reunión) para hablar cosas propias de la pandilla. Hablan sobre drogas, compra de armas, extorsión y muerte. Es un día cualquiera de diciembre de 2014 y en Apopa ya se siente el ambiente a Navidad.
En esas estaban cuando uno de los pandilleros presentes dijo que por qué no se echaban algo. De todos modos un metting no siempre es una cosa tan seria y de vez en cuando se puede venir a celebrar. Fue por eso que El Pachanga dijo que estaba bien, y luego de dar el pase para tomar tomó el teléfono y se apartó unos cuantos pasos. Al regresar, miró a todos con una sonrisa en el rostro y dijo: “ya viene el viejo a dejar las cervezas”.
Cuarenta minutos después de aquella llamada, un pick up doble cabina se estacionó frente a la casa número 90 del pasaje principal de la colonia Monte María. Cuatro hombres fornidos se bajaron del vehículo y caminaron hacia la casa. Era el mismísimo alcalde municipal de Apopa, José Elías Hernández, y tres de sus escoltas que habían llegado con las cervezas bien heladas.
Una vez entrando a la casa, el ambiente se puso más ameno. Luego de saludarlos a todos y repartir las cervezas el alcalde y El Pachanga se fueron alejando del grupo con una cerveza en la mano cada uno para platicar a solas mientras continuaba la fiesta.
Nadie supo de qué hablaron, pero cuando volvieron al alcalde le dieron ganas de quedarse un rato más y empinó varias veces el codo – como si de un grupo de mejores amigos se tratara –junto a los más temidos del Barrio 18 en Apopa que días atrás, en medio de su campaña política por la reelección, había jurado combatir hasta desaparecer.
Este y otros muchos relatos más contados por cuatro testigos con régimen de protección son los que han dejado en evidencia la relación entre el alcalde de Apopa, Elías Hernández, y varios de sus empleados con el Barrio 18, y que un proceso judicial en su contra ha terminado por revelar.
Si bien, el hecho que les llevara las cervezas heladas hasta la puerta de su casa y que los acompañara a beber, fue un acto que dice mucho de esta relación alcalde-pandillas, no fue el único encuentro ni acuerdo que estos tuvieron, según los testigos que declararon y cuyos relatos están plasmados en el requerimiento fiscal al que Diario1.com tuvo acceso.
Hernández, a quien los testigos reconocen con el alias de «El Maistro» fue capturado el pasado domingo 5 de junio en horas de la tarde, y un día después, la Policía Nacional Civil (PNC) en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) allanaron las instalaciones de la alcaldía municipal de Apopa en busca de documentación que fortalezca su hipótesis: la comuna estaba infiltrada por el Barrio 18.
El mismo lunes en que las autoridades allanaron la comuna, 14 empleados municipales fueron capturados, presuntamente por participar de una serie de ilícitos que terminó por favorecer a la pandilla y algunos de ellos por pertenecer a dicha estructura criminal, según los testigos protegidos.
Tanque, Durán, Triple X y Ninja son los nombres clave de los cuatro testigos con régimen de protección que revelaron todo lo que pasaba entre el Barrio 18 y la alcaldía de Apopa y que contaron cómo esta pandilla terminó por, prácticamente, apoderarse de la gestión municipal.
Tanque es un testigo protegido que pertenece al Barrio 18. Este fue capturado en el año 2015, cuando la Fiscalía inició la investigación sobre los ilícitos que se cometían en Apopa y los “favores” que la alcaldía les otorgaba a las pandillas.
Según el relato de Tanque, todo comenzó a finales del año 2012, cuando él se encontraba recluido en el centro penal de Izalco y llevaba la palabra de la clica de los Tainys Locos Sicarios que opera en la zona central de Apopa y varias colonias aledañas. Para entonces, El Chory tenía el rango de palabrero del penal, a quien los pandilleros de la libre le guardan mayor respeto y obediencia.
Desde que Tanque recuerda, todos los lunes se celebraba un metting en el interior del penal de Izalco donde los palabreros del Barrio 18 acordaban las líneas y las tiraban a la calle por medio de los palabreros hasta llegar a las bases.
Una tarde, finalizando noviembre, El Chory estaba tirando metting y hablando de que hacía varios días habían acordado poner la renta a varios puestos del mercado municipal de Apopa, específicamente a la gente de la calle Quirino Chávez. A media reunión, El Chory, como si no estuviera en un penal, sacó su teléfono celular y llamó a El Snyper, quien llevaba la palabra en la afurea del penal, y le empezó a tirar las líneas, poniéndolo en altavoz para que todos escucharan lo que este le respondía.
Sin embargo, El Snyper le comentó que el alcalde Hernández estaba “tirando fuego”, que estaba enojado y que no le había gustado saber que le habían puesto renta a más gente del mercado. Entonces El Chory le dijo que tranquilo, que hablara con el alcalde para que llegaran a un acuerdo, que no le iban a poner extorsión a la gente del mercado, pero que a cambio de eso querían que le subieran una cora ($0.25) a los impuestos que la alcaldía cobra por vendedor y que esa cuota sería para la pandilla.
Pasaron varios días y la reunión se dio. El Chory llamó nuevamente a los cabecillas del penal para informar sobre los acuerdos a los que había llegado con el alcalde y contó que este les había dicho que estaba de acuerdo en colaborar con la pandilla en lo que fuera necesario, pero que a cambio de ello quería algunas cosas: que lo apoyaran en las elecciones siguientes elecciones municipales para reelegirlo, que no mantuvieran caliente la zona de la alcaldía, es decir, que se calmaran con los asesinatos y los robos al menos en esos lugares, y que quería su colaboración para convertir a Apopa en municipio “Santuario”, como se le llamó a los territorios libres de homicidios en el tiempo de la tregua, algo que, efectivamente, se dio meses después, el 9 de marzo del 2013.
Otro de los beneficios que tanto el requerimiento fiscal como el mismo director de la PNC, Howard Cotto, repiten en más de una ocasión es que la alcaldía de Hernández les facilitó vehículos a la pandilla para movilizarse y transportar armas y droga, así como gasolina y dinero en efectivo.
La versión de Tanque, el testigo criteriado, es más detallada. Dice que este acuerdo surgió aproximadamente el día uno de noviembre del 2013, luego de que el palabrero con la taca El Crimen llamó a El Pato, otro de los palabreros recluidos en Izalco. El motivo de El Crimen para llamar al penal era para pedir autorización de matar a los agentes del CAM que cuidaban la zona de la alcaldía y, de ser posible, al mismo alcalde.
Sorprendido, El Pato preguntó que qué pasaba, a lo que El Crimen contestó que un agente de CAM había matado al Slow cuando este acababa de matar a un pandillero de la MS en las cercanías de la alcaldía.
Entonces El Pato le ordenó a El Crimen que se tranquilizara, y le recordó que no se podía matar al alcalde de Apopa porque les hacía “los paros”, que lo mejor era hablar con él, reunirse, y ver qué solución se le daba al problema.
El resultado de la reunión con el alcalde, según el testigo Tanque, fue que este accedió a poner a disposición de la pandilla las patrullas del CAM para que movieran a la gente después de una pegada y para que transportaran droga y armas, así como ordenarle al director del CAM que no se metieran con ellos y que no hicieran nada cuando los vieran matar.
Según los relatos de Tanque, la “colaboración” del alcalde de Apopa con las pandillas fue tal que no solo accedió a prestarle los carros del CAM para que se movilizaran después de matar y para huir de la policía sino también para sacarlos de la zona en que hubiera operativo policial y así pasar frente a las narices de policías y soldados sin que estos sospecharan.
También la ambulancia municipal de Apopa fue utilizada varias veces, según el testigo, para sacar a los palabreros de zonas donde había operativo y así evadir a la policía, que era el mismo director del CAM quien conducía la patrulla que los llegaba a sacar y que hasta servicio médico tenían las familias de los pandilleros.
Otro de los acuerdos que a lo largo del requerimiento relatan los testigos, es que el alcalde aceptó contratar a decenas de pandilleros en la comuna en cargos como barrenderos u ordenanzas, aunque también se han identificado a varios de estos que trabajan como agentes del CAM o hasta en puestos administrativos.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el alcalde no solo colaboraba con la pandilla sino que también daba órdenes. Tal fue el caso de cuando pandilleros de la 18 mataron a Carlos Alexande Axume, alias EL Humilde, un supuesto empleado de la alcaldía municipal a quien, según relatos de los testigos, el mismo alcalde Hernández mandó a matar.
El testigo clave “Ninja” narró que, durante el tiempo de la tregua entre pandillas, el Barrio 18, luego de todos los beneficios obtenidos por la alcaldía, accedió a “calmarse” en la zona y que gracias a eso disminuyó el número de homicidios en la zona; sin embargo, la Mara Salvatrucha hizo poco eco. Por eso fue que, según narran los testigos, el alcalde ordenó pegarle a El Humilde, el palabrero de la MS que no se había querido calmar con la matanza.
El día viernes uno de noviembre de 2013 fue reportado el homicidio de Axume, a quien, según agentes de la PNC, pandilleros del Barrio 18 esperaron en el parque central de Apopa, en las cercanías de la alcaldía, para matarlo.
El relato de los testigos clave dice que fue el alcalde quien lo mandó a llamar a una “reunión” en las instalaciones de la alcaldía para hacerlo llegar a la zona dominada por el Barrio 18 y que luego de casi una hora en las instalaciones de la comuna, El Humilde salió a encontrar su muerte.
La Fiscalía ha abierto un proceso judicial en contra de 91 acusados, de los cuales 32, incluyendo al alcalde Hernández, fueron capturados esta semana, el resto están en la cárcel o se encuentran prófugos. Las investigaciones señalan que la alcaldía de Apopa fungió durante varios años como una “base” de la pandilla 18, y que la financió y le dio apoyo logístico a cambio de beneficios electorales.
Este viernes 10 de junio, todos los procesados, incluyendo al alcalde y demás empleados, fueron enviados a prisión preventiva durante cuatro meses, mientras la Fiscalía termina las investigaciones.