El juez del Juzgado 6° de Instrucción, Roberto Antonio Arévalo Ortuño, avaló las medidas extraordinarias propuestas por el gobierno y aprobadas por la Asamblea Legislativa, pero aseguró que el gobierno es ignorante al creer que solventará la inseguridad solamente con represión del delito.
El juzgador con más de 20 años de experiencia, señaló que el aislamiento de cabecillas de pandillas por un año podría violentar sus derechos humanos y el gobierno estaría violando el principio de pronta y cumplida justicia al suspender los plazos procesales.
Arévalo Ortuño dijo respaldar la depuración judicial que exigen funcionarios del Ejecutivo y Legislativo, pero acusó al gobierno de tratar de ocultar el mal manejo de la seguridad pública al culpar a los jueces por dejar en libertad a supuestos delincuentes.
¿Cuál es su valoración de las medidas excepcionales anunciadas por el gobierno?
En términos generales la inmensa mayoría de las medidas está bien. Está muy bien aislar a los cabecillas de los centros penales, cortar la comunicación telefónica, ponerse estricto con las empresas telefónicas, lastimosamente afecta a los que viven alrededores de los penales, pero es más importante que el bienestar de la inmensa mayoría tiene que prevalecer.
Me preocupa un poco el aspecto de los derechos humanos al tener aislados a los cabecillas durante un año. Me gustaría oír al procurador de los derechos humanos.
¿Le parece estricta la medida?
Es medida podría estar violando los derechos humanos de los reos. Algunos me van a decir qué importan los cabecillas de pandillas que han hecho atrocidades, hay delitos que realmente son espeluznantes, pero supuestamente somos un país civilizado y no nos vamos a poner al mismo nivel de los delincuentes.
El gobierno dice haber escuchado el clamor ciudadano…
Yo estoy de acuerdo que es una buena medida, lo que tengo mis dudas es que el aislamiento de un año viola los derechos humanos, aunque sean los más malos del mundo tienen derechos humanos y el Estado debe garantizar que no se violen los derechos fundamentales de la población incluso aquellos que son delincuentes.
Otras de las medidas excepcionales es la creación de un batallón especial para recuperar los territorios ¿Es correcto enviar más militares a las calles?
No me gusta esa idea. Me decía un carabinero chileno que la diferencia entre el policía y el soldado es solo una; el policía está entrenado para la captura del delincuente, pero el soldado está entrenado para la eliminación física del adversario.
Hemos visto que en algunos operativos en que han participado soldados los delincuentes han muerto y se puede cuestionar si esa era la única salida que había.
¿Los soldados abusan de su autoridad?
Habría que analizar cada caso, pero también si hay un fulano disparando, no lo voy a convencer que deje de disparar, hay que contestarle de la misma manera.
He escuchado comentarios que sí han habido excesos y especialmente cuando ha intervenido la Fuerza Armada, por un simple hecho, no están entrenados para labores de seguridad pública. Tampoco estoy diciendo que los soldados son los malos del cuento.
Bajo ese concepto que la misión de los soldados es matar ¿El gobierno quiere aniquilar a los pandilleros?
Dicen que la buena fe se presume, lo que el gobierno está demostrando es ignorancia en el combate a la delincuencia. Se le ocurrió que un batallón especial era una buena idea, que deben demostrar fuerza, pero han dejado al descubierto su ignorancia.
¿Son sostenibles estas medidas excepcionales?
Sostenible en el tiempo sí, pero lo que más abunda es la escasez de dinero, aunque las medidas no son suficientes. El delito como fenómeno social es multicausal. El combate a la delincuencia contempla la prevención, represión y rehabilitación. Ahorita de prevención y rehabilitación se habla mucho, pero se hace muy poco.
Una de estrategia de seguridad que se enfoque solamente en la represión no sirve, se deben emplear las tres facetas. Tenemos centros penales cargados con más del 300%, eso hace que el sistema no tenga capacidad para rehabilitar a los infractores de la ley.
Los empresarios siempre critican y tachan al gobierno de incompetente, pero si quieren ver soluciones tienen que dar más dinero. También hay que luchar contra la corrupción y sí hay niveles de corrupción en el gobierno.
Las medidas extraordinaria abarcan al sistema judicial al suspender los plazos procesales ¿Afecta o beneficia dicha medida a la Corte Suprema de Justicia?
Al principio es beneficioso porque el sistema judicial tiene tranquilidad de no hacer las audiencias sin afectar los derechos de los privados de libertad; sin embargo, después de la emergencia el sistema se pondrá crítico al tener que procesar a todos esos procedimientos paralizados.
Algunos dicen que las audiencias serán realizadas por videoconferencias, pero pongo en duda que el sistema judicial tengan capacidad de comprar un equipo para cada juzgado del país. Es mentira que todos podrán tener una videoconferencia.
¿Qué pasa con las personas capturadas por delitos menores?
Esas personas se ven sumamente afectadas por la suspensión de plazos procesales. Una persona detenida por habérsele encontrado un arma o por lesiones se tirará al menos un año en la cárcel, cuando pueden haber salido por libertad condicional o tras conciliar con la víctima.
La medida aprobada por la Asamblea Legislativa es legal, pero afecta los derechos humanos de estas personas, pero también de los que han supuestamente cometido delitos graves como homicidios, pero no hay pruebas en su contra. Hay que mantener presente el principio de pronta y cumplida justicia.
Entonces… ¿No son una alternativa viable las audiencias por videoconferencia?
En mi juzgado realizamos tres audiencias diarias, por videoconferencia solamente realizaría una. Si tengo tres imputados, uno está recluido en el penal de Chalatenango y otros dos en San Miguel, tendría que repetir las audiencias para cada penal, lo cual es absurdo.
Imagínenos que llego a Chalatenango, pero ahí me dicen que hay ocho jueces esperando audiencia por videoconferencia, es decir, debo esperar mi turno y finalmente pongo en riesgo mi seguridad y la de mis colaboradores. Sí es viable el sistema de las videoconferencias, pero hay que reconocer que no existe el equipo correspondiente ni los recursos para echarlas a andar.
Funcionarios del Ejecutivo y Legislativo reprochan a la Corte Suprema de Justicia el poco avance en la depuración judicial ¿Se deben acelerar este proceso?
Estoy de acuerdo que se debe profundizar la depuración judicial, somos seres humanos y cometemos errores, como la avaricia, codicia y estamos sujetos a corrupción, al igual que la Policía y la Fiscalía. Todos los cuerpos de justicia del Estado deben ser depurados permanentemente.
Hay jueces que son muy honestos, pero tienen algunos colaboradores corruptos, por lo que también debe depurarse el personal del Órgano Judicial.
La Policía señala que capturan a delincuentes, la Fiscalía los investiga y los jueces los dejamos libres. Eso no es cierto.
¿La Fiscalía está fallando en sus procesos de investigación?
Hay casos que no se investigan, hay casos maliciosos por parte de la Policía al capturar sin justificación alguna y la Fiscalía acusa sin tener pruebas. A los jueces no nos queda otra que dejar libre a los imputados. Se necesita la depuración de todas las instituciones, con criterios técnicos, que se examinen las resoluciones y las pruebas presentadas por las instituciones.
El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, ha criticado que los jueces supuestamente no colaboran en las tareas de seguridad ¿Está pasando su responsabilidad a la Corte Suprema de Justicia?
El gobierno echa la culpa a los jueces por sus fallas en seguridad. Nos tildan hasta de pícaros, pero lo que están haciendo es evadir su responsabilidad de lo que hacen mal y echarle el muerto al otro.
Con todo respeto, así son las cosas, y esto no es de hoy, ha sido de siempre desde los gobiernos de ARENA, lo cual es absurdo.
Las estadísticas de 2014 nos dicen que de cada 100 homicidios, solo 14 se judicializaban, de esos solo 3 se condenaban, pero el Órgano Judicial no es responsable que 86 homicidios no hayan sido judicializados, por corrupto que sea un juez, la culpa no es de él.
¿De quién es la culpa?
De la Policía y la Fiscalía. También voy a decir que cada fiscal tiene entre 200 y 300 casos que investigar, sinceramente no dan abasto y todos los gobiernos han recortado el presupuesto al ministerio público porque no pertenece al Ejecutivo ni Legislativo. Además, la Fiscalía no se ha fortalecido porque posteriormente los mismos políticos pueden ser investigados y castigados.
En la Policía hay mal uso de fondos. Recuerdo que a finales de 2014 se gastaron $300,000 en uniformes de gala para los altos mandos y medios, un gasto ridículo, no creo que haya habido corrupción, pero es un gasto disparatado.
Para que las instituciones de seguridad funcionen deben de ordenarse administrativamente e invertir los ingresos en su mejoramiento y no en cuestiones innecesarias.