El juez del caso Flores no recibe a periodistas en su despacho.
Al menos, hasta este lunes, esa era la decisión de Miguel Ángel García Argüello. Era su política. No recibir a periodistas, no conceder entrevistas y no permitir cámaras fotográficas en sus audiencias. Se resistía a que su rostro apareciera retratado en las páginas de los periódicos. Evitaba salir en alguna nota televisiva. En sus catorce años de presidir el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador jamás se dejó captar por una cámara. Y así se mantuvo.
Su figura poco mediática no era producto de una evasión premeditada. Tampoco lo hacía con la intención de ocultar o mantener en la oscuridad su trabajo como juez. Su único rechazo era el trato directo con los periodistas. Nada más. Asegura que sus procesos y resoluciones siempre han estado disponibles para los reporteros. Excepto cuando algún caso amerita ponerlo bajo reserva.
Pero todo comenzó a cambiar el pasado viernes. El ritual se rompió cuando llegó a la Asamblea Legislativa a presentar su solicitud como candidato a fiscal general de la República. Era de tarde. Ahí, adentro, se topó con una marea de periodistas. No pudo evitar las cámaras, grabadoras y micrófonos. Contestó algunas interrogantes, pero fue escueto en sus respuestas. Estaba incómodo. Un poco nervioso.
Ese día se convenció que ya nada era igual. Comprendió que debía destruir los muros que había construido para contrarrestar cualquier invasión periodística. Supo que, en su nueva incursión, era casi imposible evitar el contacto directo con la prensa. Y así, de esa manera, aceptó la primera propuesta de entrevista.
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La oficina del juez García Arguello no tiene nada de singular. Es un poco tétrica. Las paredes están limpias e intactas. No hay cuadros, ni retratos, ni títulos académicos. El blanco inunda el ambiente. Adentro hay solo un escritorio y un par de sillas. También una librera con leyes y códigos penales.
Por ese despacho ha desfilado una serie casos emblemáticos sobre narcotráfico, secuestros y corrupción. En el historial del juez García Arguello está haber enviado a juicio al expresidente de ANDA, Carlos Perla, a los Perrones, a la banda de los Tacoma Cabrera y a ocho procesados en el caso CEL-Enel. Actualmente tiene en su poder el caso del expresidente Francisco Flores.
El juez García Arguello ronda los setenta años de edad. Habla suave y pausado. Su mirada es un poco taciturna. Hoy, lunes, ha aceptado conceder una entrevista y romper algunos silencios. Ha decidido conversar sobre su aspiración a fiscal general y su experiencia en el mapa judicial de El Salvador. En su currículo destaca haber fungido como fiscal durante catorce años. También ha ejercido como abogado particular.
No hay mucho tiempo. Son las once de la mañana. Está acompañado de la secretaria del juzgado y de una de las comunicadoras del Centro Judicial Isidro Menéndez. Invita a tomar asiento y luego suelta un comentario con aires de asombro. “He tenido una aceptación que jamás imaginé. He recibido una llamada tras otra de colegas que han querido felicitarme”
Le comento que en las redes sociales y en la parte interactiva de los periódicos su candidatura ha suscitado un serio debate. Luego añado una observación sobre su método en el trato con la prensa. En seguida explica que no se trata de bloqueos a la libertad de expresión, sino de evitar entrar en interpretaciones y debates estériles que no abonan a los procesos judiciales.
Recuerda que nunca ha decretado reservas a procesos que no lo ameritan y pone de ejemplo el caso CEL-Enel y el del expresidente Flores. Le reconozco que como periodista de judicial nunca he tenido bloqueos cuando he pedido consultar expedientes en su tribunal. Y luego, sin más preámbulos, iniciamos el florilegio de preguntas y respuetas.
¿En qué momento decide optar al cargo de fiscal general?
¿Qué le puedo decir? Muchos amigos se me habían acercado y me incentivaban a que presentara la candidatura para fiscal general. Les preguntaba que cuál era la inquietud que ellos tenían para hacerme esa sugerencia. Lo primero que me dijeron fue que dentro de los procesos delicados yo había demostrado imparcialidad, honestidad y que no me dejaba influenciar bajo ninguna circunstancia. También dijeron que habían notado que mi función dentro de la tramitación de procesos estaba acorde con relación a nuestro ordenamiento jurídico. Y que las resoluciones, además de estar fundamentadas, daba el derecho de audiencias a las partes para que ellos tuvieran la oportunidad de examinarlas. Bajo ese pensamiento, me dijeron que para ellos sería un agrado que llegara una persona con la mentalidad que han visto en mí como fiscal general.
Digamos que no fue una motivación o aspiración personal.
Al principio no lo tomaba con mucho interés. Pero en vista de la insistencia de muchos amigos, me motivó para que me presentara. Fue una decisión que tomé a última hora.
Quiérase o no en las elecciones de fiscal general siempre entra en juego la política. Al final son los diputados de la Asamblea Legislativa quienes eligen. Usted me decía que ha tenido aceptación dentro de su gremio. Pero, ¿qué tanta aceptación cree que puede llegar a tener entre los legisladores?
Yo esperaría que el análisis que se haga en el seno de la Asamblea Legislativa obedezca precisamente a las inquietudes que manifiesta la sociedad salvadoreña. Ante el clamor popular contra la corrupción y la inseguridad jurídica, la sociedad salvadoreña desea que los funcionarios electos sean las personas idóneas, justas e imparciales. Y que ante todo lleguen para servir a los intereses de la sociedad. Yo esperaría que los diputados, como representantes dignos de la sociedad salvadoreña, tengan en cuenta ese clamor al momento de la votación. Ojalá que hagan un análisis exhaustivo de los candidatos para que determinen la persona que ellos consideran idónea.
¿Se siente cercano a algún partido político?
Es muy difícil desvincular esta elección con el tinte político.Yo, personalmente, nunca he participado en cuestiones políticas. Porque quiero ser sincero, políticamente yo estoy huérfano. Nunca he militado en un partido político, ni he asistido a mítines, ni a nada por el estilo. Es como cuando alguien pasa frente al estadio Cuscatlán y escucha los gritos, y uno se pregunta ¿quién estará jugando? Así me pasa a mí en la política.
Foto D1: Luis Canizalez.
Imagino que como juez ha detectado falencias en algunas investigaciones fiscales que llegan a su despacho. Ahora que aspira a ser fiscal general, ¿qué cosas de esas mejoraría?, ¿qué de innovador propone?
Mi primera experiencia en lo laboral es que fui fiscal durante catorce años. Conocí el rostro de la víctima. Posteriormente, cuando dejé de desempeñar las funciones como fiscal, entré al ejercicio de la profesión de abogado y tuve la oportunidad de conocer el rostro de la persona procesada. También fui asesor jurídico de varias empresas. Ahí conocí el rostro del empresario, no aquel rostro que aparece en eventos sociales, sino de aquel hombre preocupado por los costos de su producción y la comercialización de sus productos. Y hoy que estoy como juez sigo conociendo el rostro de la administración de justicia. Todas esas experiencias acumuladas me sirven para hacer un enfoque realista, doctrinario y jurídico para la labor que hay que desempeñar dentro de la Fiscalía General de la República.
Hay fiscales que están en una situación bien dramática. Algunos que hasta han perdido sus hogares porque el trabajo es demasiado. Hoy en día existe lo que se le llama masificación del delito. Es necesario hacer un estudio exhaustivo de la institución para saber del por qué se está reflejando una falencia. Pero hay que ir a conocer las causas desde adentro. Lo primero que se me viene a la mente es que hay poco personal para hacerle frente a esa masificación de casos. Por ejemplo, hay traslados de fiscales de una unidad a otra, y el que se va deja hasta 400 juicios pendientes. A veces las acusaciones las vienen leyendo en el trayecto de la Fiscalía a los tribunales.
¿Y cómo cambiar esa situación?
Lo primero sería crear paralelamente otra unidad de investigación de diligenciamiento para apoyar el trabajo en cada unidad. Por ejemplo, en el examen de testigo, en el reconocimiento a las víctimas y en preparar documentación para enriquecer un requerimiento. Y así por el estilo. Porque el fiscal hoy en día realiza no solo funciones jurídicas, sino también funciones administrativas. Y eso les absorbe mucho tiempo.
Como juez ha implementado un estilo para manejar los casos donde entran en juego elementos políticos y mediáticos, ¿cómo piensa manejarlos desde la Fiscalía?
Si nosotros vinculamos la justicia con la política no vamos a llegar a ningún resultado positivo. Hay que ver los casos de una manera fría. Hay que verlos también desde el punto de vista del diligenciamiento para hacer llegar la verdad a los procesos; que no se lleve de una forma absoluta, pero por lo menos tratar de llegar a la verdad. Pero si en el transcurso de ese camino nosotros le damos cabida a las cuestiones políticas, vamos a tener problemas.
El caso ANDA y el caso CEL-Enel han sido algunos de los procesos que ha revisado. Actualmente tiene en su poder el del expresidente Francisco Flores. ¿Cuál ha sido el caso más complejo que ha tenido en sus manos?
Aquí hemos tenido una serie de casos muy delicados. Y de ante mano le digo que me siento orgulloso de tener un personal joven y dinámico que está al pie del cañón conmigo. Hubo un proceso donde el personal renunció a sus vacaciones de agosto y semana santa para terminar los plazos establecidos.
¿El caso CEL-Enel?
Sí. Ese fue un proceso donde las diligencias se hicieron respetando los diferentes términos que señala la ley. Tal es así que un defensor se sorprendió y dijo que cómo era posible que siendo un juicio tan complejo nosotros habíamos cumplido con los plazos que daba la ley. Pero, claro, detrás de una resolución había un sacrificio del personal.
Hablando del caso Cel-ENEL. Al final usted decide enviar a juicio a una parte de los acusados. Y, de pronto, aparece una maniobra jurídica que hasta el momento aún estoy pretendiendo entenderla.
¡Jajaja!
¿Cómo fue esa maniobra?, ¿a usted qué percepción le queda?
Esto es como una canción que dice: “Estamos en las mismas condiciones”.
¡Jaja!
No, fíjese que el proceso CEL- Enel era un proceso que llevaba como 370 piezas. Cada pieza está formada por 400 páginas. Eran 84 cajas llenas de documentación originada de la SIGET, de la Geo y otras instituciones. Nosotros hicimos el estudio correspondiente en un período de mes y medio para llegar a la conclusión a la que llegamos: individualizar la participación de cada persona. Examinamos los correos electrónicos y vimos que había elementos por analizar, y que era necesario que en una Vista Pública se mediara toda la información colectada en el período de instrucción. Era necesario, a nuestro juicio, que fuera el tribunal de sentencia que a través de la prueba ofertada por la Fiscalía se determinara si efectivamente había responsabilidad para las personas. Pero después, al conocimiento público, se hizo una audiencia especial y en esa audiencia especial terminó todo.
Recuerdo que ustedes señalaron varios vacíos en la investigación. Era tan fácil como realizar una audiencia especial…
Sí, señalé deficiencias. Pero el problema es que como no se llevó a una Vista Pública no se analizó ese enjambre de inquietudes. Si no que fue una audiencia especial que terminó a las 12:30 del mediodía. En hora y media dieron el resultado. ¡Es de felicitar a los compañeros jueces, por esa mente tan brillantísima! Nosotros aquí pasamos más de un mes dándole duro, día y noche.
Entiendo que no puede entrar en detalles sobre el caso del expresidente Flores porque sería adelantar criterios. Pero, ¿por qué cree que la Corte Suprema de Justicia decidió trasladarle ese proceso a usted?
Acuérdese que el colega juez venía siendo cuestionado y al parecer hubo una discrepancia con el procurador de Derechos Humanos. Eso motivó para que la Corte en Pleno analizara esa situación y decidieron retirar el caso al señor juez, porque de una forma constante estaba siendo cuestionado. Nosotros, desde un inicio, decidimos darle amplia cobertura a los medios de comunicación. Siempre he tenido por norma la libertad de expresión, porque esa es la formas más democrática que hay. La sociedad salvadoreña tiene derecho a saber cómo son juzgados los funcionarios cuando son cuestionados en cosas ilícitas. Mal haríamos nosotros como jueces en negar el acceso a los medios.
¿Jamás pensó en decretar reserva al caso como lo hizo su antecesor?
Es que la publicidad es la mejor defensa que puede tener un juez. Si hay reservas en un caso que no amerita, la primera inquietud que viene es que por qué el juez ha decretado reserva. Surgen una serie de interrogantes: ¿qué es lo que hay aquí de por medio?, ¿qué es lo que hay que no quieren que se dé cuenta la sociedad? Pero si se habilita el proceso, ustedes como periodistas lo analizan y sacan sus propias conclusiones. Yo no sé por qué hay funcionarios que niegan esa información a los medios de comunicación.
También en este caso ha señalado algunos vacíos en la investigación.
Lo único que le puedo decir es que a los medios les he dado una gran libertad, no les he puesto restricciones. Los periodistas hacen las interpretaciones con base a los documentos que están ahí. Todas las diligencias le han sido notificadas a los fiscales y a los defensores. Yo no he hecho nada a escondidas de ellos. Y en algunas ocasiones ha sido bien problemático porque siempre tratan de ver cómo cuestionan al juez. Aquí nosotros nos cuidamos en ese sentido. Yo ni siquiera tengo contacto con los fiscales, ni querellantes, ni defensores. Muchas veces nos han pedido audiencias, pero no, porque yo sé que si me dan la mano ahí, de frente, pueden surgir malas interpretaciones.
¿En caso de ser electo fiscal general garantizaría la transparencia en la institución?
En la parte financiera, yo por lo menos, en caso que estuviera como fiscal general, le diría a los contadores que den toda la información a los periodistas para que vean cómo se está invirtiendo el presupuesto. Incluso, si fuera necesario, le diría a los auditores que muestren los libros a los periodistas. No se trata de ocultar nada.
Hay cosas en las que sí habría que analizar en cada caso particular. Por ejemplo, que se esté investigando a cierta persona y filtrar esa información, eso sería poner en sobre aviso a la persona que se está investigando. Eso jamás sería lo correcto.
En el tema de pandillas, que por ahora parece ser uno de los problemas que más afectan a la población, ¿cómo combatirlo desde la Fiscalía?
Hoy estamos con la segunda generación de las pandillas y están generando muchos problemas. La primera generación está en centros penales o en el cementerio. Hay algo importante, a través de las extorsiones las pandillas se están alimentando y eso se debe combatir con mucha fuerza. La empresa privada también tiene que poner cartas sobre el asunto. No se puede dejar solo al presidente con su gabinete. Es complejo, pero se puede salir adelante.