En la declaración que Miguel Lacayo Argüello presentó el 1 de junio de 1999 como recién nombrado ministro de economía dijo que su patrimonio ascendía a $1,667, 326.90. El documento que entregó lo llenó con tanta pulcritud y detalle que José Eduardo Cáceres Chávez, entonces jefe de la Sección de Probidad, lo felicitó: “Durante todo el desempeño de mis funciones en este puesto, nunca había recibido una declaración hecha con tanto esmero en cumplir con las formalidades de la legislación lo cual me ilusiona que sea indicativo de una preocupación nada común por la vigencia de la probidad pública”.
Cinco años más tarde el patrimonio de Lacayo había aumentado a $5,433, 724. Pero Cáceres ya no lo felicitó sino que inició una batalla legal por entender el crecimiento de $3,766, 398. Entonces pidió información sobre los movimientos bancarios de él y otros funcionarios salientes como Juan José Daboud, María Eugenia Brizuela de Ávila, Enrique Molins Rubio, Carlos Quintanilla Schmidt y Guillermo Alfredo Sol Bang.
Entre las facultades –y obligaciones- de la Sección estaba el pedir informes a los bancos. Por ejemplo, cuando el Estado investigó por sospechas de enriquecimiento ilícito a Carlos Augusto Perla, expresidente de ANDA, también solicitó y los privados accedieron a colaborar. Esa vez, sin embargo, la historia fue distinta: los bancos mandaron una “consulta” a Agustín García Calderón, entonces presidente del Órgano Judicial, en la que le preguntaban si de verdad estaban obligados a responder la petición.
Cáceres tenía dudas. La declaración de Lacayo aumentó en todos los rubros. En la de toma de posesión aseguró tener bienes muebles –incluidos los familiares- por $458,035.46 pero en la de cese de funciones crecieron a $3,710, 338.36; los activos personales y familiares pasaron de $2,116, 882.53 a $5,433, 725.03.
Mientras sus cuentas se engrosaban sus deudas desaparecían. En 1999 sus cuentas por pagar ascendían a $449,553.53 pero en 2004 estaban a cero, según los formularios de las declaraciones que la Oficina de Información del Órgano Judicial entregó a una petición de respuesta.
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En el año que cesó como funcionario su salario anual era de $41,143 más rentas personales y familiares por $246,950; cinco años antes el segundo rubro era de $166,400 mientras el primero aumentó $0.14.
Pese a eso el jefe de Probidad no pudo investigar porqué el pleno de la Corte Suprema decidió, con diez de quince votos, quitarle esa facultad. Tiempo después renunció al cargo. “Ya no tengo nada que hacer aquí”, explicó a La Prensa Gráfica.
Lacayo también es empresario. En el Registro de Comercio está inscrito como miembro de dos sociedades: Representaciones e Inversiones Consolidadas, y Ahorro y Crédito Multivalores. La primera fue fundada el 21 de julio de 1993 y en ella participan Mercedes Argüello de Lacayo, Ronald Antonio Lacayo Argüello, entre otros.
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El 11 de noviembre de 2011 la Fiscalía General (FGR) lo acusó de haber instigado a Sol Bang a que vendiera a Enel las acciones que la CEL tenía en LaGeo. El expresidente Mauricio Funes calificó el contrato entre ambas empresas como “una privatización encubierta” de la geotermia salvadoreña, lo que está prohibido en la Constitución ya que ese tipo de energía se produce con productos del subsuelo. En el caso también se vieron implicados Jorge José Simán Zablah, Thomas Roy Hawk Baker, Pedro José Escalón Pacas, José Antonio Rodríguez Rivas, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar, Óscar Armando Valdez Iraheta, José Ricardo Palomo Deneke y otros.
El 26 de marzo del año pasado la Cámara Primera de lo Penal ordenó el embargo de los bienes de los exfuncionarios acusados en el conocido como caso CEL-Enel. También mandó lo mismo para las propiedades de las sociedades Enel Green Power SpA y Enel Green Power El Salvador.
Este año fueron sobreseídos gracias al acuerdo que la Fiscalía logró con la multinacional. También les devolvieron sus bienes.
En el registro de propiedades Lacayo tiene relación con dos propiedades. El 24 de agosto de 2012 compró un apartamento, tres estacionamientos y una bodega por $610,000 en los condominios Alisios ubicado en Avenida Las Magnolias, San Benito. Este complejo arquitectónico tiene 96 apartamentos divididos en grupos de 64 y 32, cinco jardines, tres sótanos, área de servicios, piscinas, lobby para las visitas, centro de negocios, salones para uso sociales, empleados y motoristas, gimnasio, cancha de squash.
El 20 de mayo de 1999 donó a Vivian del Carmen Argüello de Lacayo un terreno de 4,666 metros cuadrados ubicado Jiquilisco, Usulután, valorado en 320,000 colones –$36,571.42-.
Vía mensaje directo de Twitter se le pidió una entrevista para que explicara el crecimiento de su patrimonio. En un correo electrónico adjuntó la nota que el 10 de junio de 1999 le mandó Cáceres Chávez y una notificación de “cumplimiento total” de los requisitos legales en la presentación de la declaración. “Puedo decir categóricamente que todos mis bienes son fruto legítimo del esfuerzo personal y familiar”, escribió en la caja de texto del correo.
El miércoles pasado Carlos Pineda, actual jefe de Probidad, explicó en una audiencia en el Instituto de Acceso a la Información Pública que la certificación de cumplimiento demuestra que un funcionario llenó los requisitos de ley a la hora de entregar su declaración patrimonial pero “no significa que no haya cometido un ilícito que pueda resultar de la etapa de comprobación”.
El círculo de Francisco Flores
Juan José Daboub Abdalá fue ministro de Hacienda y secretario Técnico de la presidencia de Francisco Flores. Se le considera, asimismo, uno de los cerebros de la dolarización. Cuando tomó posesión su patrimonio era de $415,784.89 y cuando cesó funciones había aumentado a $2,359, 103.20, es decir, $1 millón, 943 mil 318.31.
Sus bienes inmuebles pasaron de cero a $630,642.75, las inversiones personales y familiares crecieron de $190,462 a $1,041, 190.05. Las deudas disminuyeron de 460,537 a 10,080 dólares.
Daboub es socio de Flores –el exmandatario espera la audiencia preliminar en su contra por el supuesto desvío de $15,000, 000 de la cooperación de Taiwán entre 2003 y 2004- en Estrategas Internacionales, de acuerdo a la información que recopiló la Fiscalía General (FGR) y que está en el Juzgado 7° de Instrucción. La sociedad abrió dos cuentas bancarias que tenían 16.35 y 226.25 dólares.
Medio millón de dólares
El patrimonio de María Eugenia Brizuela de Ávila, exministra de Relaciones Exteriores, creció de $2,447, 430.70 en 1999 a $3,012, 642.09 en 2004.
En la declaración de toma de posesión dijo tener inversiones por $1,003, 809 más $59,755 del grupo familiar; sus bienes inmuebles ascendían a $1,468, 013.47. Cinco años después el primer rubro había crecido $325,250.03.
Su salario mensual era de $8,023.80. En 1999 declaró no tener dietas, sobresueldos o aguinaldos sino otras rentas por $121,279.65. En 2004 ese rubro aumentó $8,987.79.
En la toma de posesión sus deudas eran de $222,121.81; en 2004 debía $116,291.95.
El 9 de junio de 2006, de acuerdo a la información que está en el registro de propiedades, compró a Inversiones Bolívar un apartamento, dos estacionamientos y una bodega por $384,772 en un condominio ubicado en avenida La Capilla, San Benito. Dos años más tarde compró –junto a su esposo Ricardo Antonio Ávila Araujo- por $17,000 un terreno de 41,263 metros cuadrados ubicado en Guachipilín, Chalchuapa, Santa Ana. En esa propiedad se produce café.
En el registro de comercio el nombre de la exministra de Exteriores aparece como directora suplente del Banco Salvadoreño, que en 2005 vendió sus acciones a HSBC.
En la declaración de 1999 Probidad escribió una observación: “Casada. No declara ingresos y gastos de su cónyuge”.
Exsecretario Técnico de la Presidencia de la República, Juan José Daboub.