Sonó el teléfono. Contestó. Escuchó atenta sumida en un silencio sepulcral. Al otro lado de la línea alguien hablaba con imperativos, sin dejar ni una rendija abierta por la que pudiera entrar un rayo de luz en forma de duda.
Colgó. Digirió la orden como quien traga un pedazo de lija estrujado. Fue el 13 de diciembre de 2014. La habían llamado a una reunión. ¿Para qué? No le explicaron el asunto. De todas formas debía atenderla porque el convocante era una autoridad en el departamento de Cirugía del Hospital Nacional Rosales. O al menos así se habían presentado los residentes –estudiantes de una especialidad dentro de las innumerables ramas de la medicina- de la Universidad de El Salvador con quienes iban a compartir el día a día en sus prácticas profesionales.
Desde el primer día las trataron mal. El 27 de noviembre Mónica L., Delmy R., y Alba M., se presentaron como las estudiantes de medicina que daban sus primeros pasos con el “curso de inducción de nuevo ingreso de residencia”. Su primer encuentro fue en realidad un desencuentro: las humillaron, las denigraron, las amenazaron y les hicieron burla por cómo iban vestidas, de acuerdo a un informe que pidió FUNDE a la Unidad de Acceso a la Información de la Universidad de El Salvador (UES).
Las reglas que les impusieron fueron drásticas, como las de un cuartel en plena guerra, rayanas en lo absurdo. Cada tres días debían acudir a turnos especiales de inducción en los que no tenían derecho a comer, sentarse o a tomar agua porque de lo contrario una lluvia de insultos iba a empaparlas, los horarios de trabajo se alargaban inexplicablemente y las humillaban cuando estaban frente a los pacientes, contrario a la regla no escrita que dice que el externo –como se les conoce a los estudiantes que no devengan salario- acude a los hospitales a aprender a tratar a los pacientes y para eso el residente debe guiarlo con paciencia y solidaridad.
Pero no era solo eso. También estaban obligadas a saludar con un reverente apretón de mano a los residentes sin importar que lo hubieran hecho cinco minutos antes, es decir, que solían saludarlos de esa manera hasta veinte veces en menos de 12 horas, las amenazaban con castigos severos cada vez que cometían un error y, como si se tratara de un juego diseñado para colmar la paciencia hasta de un chiquillo, las hacían entrar a la sala de operación y un par de minutos después las sacaban porque se sentían incómodos cuando las tenían cerca.
Cuando el 13 de diciembre las convocaron a la reunión esperaban lo peor. Lo que previeron se cumplió: volvieron a amenazarlas con terribles castigos si cometían errores y cuando terminó la sesión las convocaron al bar La Esquinita en la que, como ritual de iniciación, debían embriagarse hasta perder el sentido.
La gota que derramó el vaso
Las estudiantes acudieron a la Defensoría de los Derechos Universitarios de El Salvador a presentar una denuncia en la que dieron a conocer las vejaciones de las que eran víctimas. Empezó un proceso burocrático que incluso les ha traído más problemas. Tiempo después que comenzó la investigación, Daniel Platero, secretario de la Asociación de Estudiantes de Medicina Dr. Emilio Álvarez, llevó un escrito a la misma entidad porque, como consecuencia de apoyar a sus compañeras, empezaron a humillarlos, a cancelar los turnos de los alumnos de 4, 5 y 6 nivel, así como intimidaciones de las que señalaron como protagonista a Alcides Gómez, secretario del Sindicato de Médicos del Rosales (SIMEHR), quien desde principios de este año está en un cuadrilátero legal con las autoridades de ese hospital y ha sido una de las voces más críticas de la conocida como Reforma de Salud.
Claudia María Melgar, defensora de los Derechos de los Estudiantes, mandó una nota el 8 de abril a Roberto Germán Tobar, coordinador de las especialidades médicas de la UES, en la que le preguntaba por qué había permitido que Dennis Josué Flores Portillo, Pamela Yamileth Alfaro de Alvarado, Claudia Navarrete Rivera, Liliana Elizabeth Castillo Amaya, Rudecinda Ramírez Serrano, David Isaí Ayala Campos y Vanessa Marcela Cruz Alvarado, los estudiantes acusados de las humillaciones a sus compañeras de la carrera, habían “sido promovidos en los niveles académicos correspondientes” si tenían un largo historial de irregularidades en los pagos de sus matrículas y mensualidades. La deuda de todos los residentes, de los involucrados y los que ni siquiera conocían el caso, ascendía a unos $500,000.
El 14 de abril el coordinador respondió que desde el año pasado han advertido a las autoridades de la Facultad de Medicina sobre las deudas que los residentes arrastran con la Universidad. No hubo una respuesta sobre el asunto.
Las estudiantes renunciaron al curso. Entre los motivos señalaron: “Maltrato psicológico y verbal durante el periodo de inducción, y autoridad laboral y extra laboral por parte de los residentes de cirugía general de segundo y tercer año”.
Cinco semanas más tarde la Defensoría mandó una nota a las denunciantes en la que les explicaba que los residentes y ellas eran alumnos, es decir, que no había espacio para jefes y subordinados porque “todos son estudiantes de esta Universidad, por lo cual no puede existir una relación entre pares”. Les aseguraba, además, que iba a pedir al Ministerio de Salud que las reincorporara al curso.
El 16 de mayo la Junta Directiva de la Facultad de Medicina de la UES abrió un expediente disciplinario contra los señalados, basada en el artículo 11 del Reglamento universitario que establece como falta: “Atentar contra la imagen o buena fama de cualquier miembro de la comunidad causándole daño moral. Habrá daño moral cuando aparezcan en los recintos rótulos, hojas sueltas, retratos, imágenes murales, o pasquines denigrantes o atentatorios a la honra e imagen de una persona o cuando se emitan ultrajes o manifestaciones vulgares y denigrantes sobre una persona estando presente o no el afectado”.