Apoyados en un enrejado, cubiertos con gorros pasamontañas y protegidos cada uno con un fusil que les cuelga del cuello como una cruz de madera, dos policías observaban con el ceño fruncido desde lo alto de la cancha de básquet de la colonia El Rosal, en Quezaltepeque, las angustiosas palabras de unas 50 mujeres que gritaban que el 1 de marzo de 2015 el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén utilizó a los familiares de los miembros del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) como puentes que lo llevaron a la presidencia de la República pero que después que ganó se ha dedicado a exterminarlos despiadadamente como animales.
La luz artificial del alumbrado público dibujaba en sus rostros femeninos las sombras que acentúan más el odio que las alimenta.
El peregrinaje de las desconsoladas había comenzado unas dos horas después que se enteraron, a través de las redes sociales, de los asesinatos del penal de Quezaltepeque. Alquilaron pick ups, subieron a sus carros y se fueron a buscar la verdad de lo que aconteció. Una mujer se movía nerviosa de un lado a otro con un celular pegado a la oreja. Casi gritaba que ya estaba cerca de la cárcel y que no había información. De pronto lloró a mares, con tanta aflicción. Otra mujer que amamantaba a su hijo la veía con tristeza; también esperaba noticias. A unos pasos de ellas el empleado de una funeraria recordaba, con voz autoritaria, que cuando masacraron a unos 32 reos en el penal de Mariona, en 2007, en el ambiente había un profundo olor a carne podrida que provocaba arcadas.
En una de las entradas al penal de Quezaltepeque unos cinco soldados y tres policías cuidaban que nadie cruzara la línea amarilla. A las mujeres que se acercaban a pedirles información les respondían que desconocían lo que estaba pasando allá adentro, que los nombres de los muertos también para ellos eran un enigma. Los familiares se desesperaron. Gritaban, exigían saber, pero no había respuesta mientras un policía reconocía, en voz baja, que la situación se ha salido de las manos. En ese momento un mensaje de Wasapp daba cuentas de lo que pasaba en El Salvador en la noche del 22 de agosto de 2015: “Bajo fuego, homicidios en: Ciudad Barrios, Moncagua, Soyapango, calle San Antonio Abad, Jayaque, volcán de Santa Ana, Ahuachapán, Aguilares y cinco heridos en un intento de asalto en la colonia Escalón”. Después de todo era solo el final de una semana en la que hubo un promedio de 40 asesinatos diarios o uno cada hora.
Adela tiene más de 60 años. Renqueaba de una esquina a otra en la calle aledaña al Centro Penal de Quezaltepeque ofreciendo cigarrillos mentolados a $0.25 mientras esperaba saber si su hijo era uno de los 14 fallecidos en el Centro Penal de Quezaltepeque que, según la versión que divulgó la Dirección General de Centros Penales, sus compañeros del Barrio 18 Revolucionarios los apuñalaron y estrangularon aproximadamente a las 6:00 de la tarde en una purga interna. Pero las noticias demoraban. Ya estaba cansada, demacrada, no había probado bocado en todo el día –la venta estuvo tan mal que ni siquiera logró ganar $3- , el miedo, la angustia y la desesperanza aplastaron de un manotazo su fe. En la larga espera recordó que hace unos años mataron al primero de sus hijos, que en 2011 su nuera murió bajo el fuego de las pandillas frente al Mercado de mayoristas La Tiendona y por eso le ha tocado mantener a sus nietos de seis y diez años que en ese momento dormían sobre pedazos de cartón tirados en la acera.
Aseguraba que si su hijo pandillero de 35 años era uno de los asesinados la tristeza la iba a hundir en lo más profundo de la tierra como hacen los aguaceros con las piedras en el invierno. “Él está siguiendo el camino que eligió. Que Dios tenga misericordia”, dijo. Después de tanto luto es la única familia que le queda. En los años de la Guerra Civil el ejército asesinó a sus padres y hermano. Veinte años después de la firma de los Acuerdos de Paz la muerte ha vuelto a sentarse con ella en la misma mesa.
Foto Diario1
Mientras cavilaba recordó que no tenía ni un centavo para pagar el pasaje de regreso a San Miguel. Tampoco para comprar el ataúd en caso su hijo estuviera muerto.
No sabía cómo sobrellevará tanta miseria y dolor. Pensar en el futuro le dio ganas de llorar.
Carmen estaba sentada a la par de Adela. Contó que su hijo se convirtió en pandillero un día después que integrantes de la MS-13 mataron a su hermano y la violaron a ella. Quizá la venganza lo había empujado al camino en el que no existe marcha atrás. Antes había sido un buen estudiante que trataba de mantenerse alejado de los problemas que no le incumbían. Afirmó que él no es malo, tiene un buen corazón –aclaró que no lo dice por ser la mamá- pero que si sigue en la cárcel nunca cambiará ya que entre los barrotes los espacios para el arrepentimiento fueron eliminados porque ocupaban demasiado espacio. Espera que algún día a Sánchez Cerén se le ocurra tomarlos en cuenta para dialogar.
“Podemos cambiar tanta violencia media vez el presidente hable con ellos y no los trate como animales”, aseguró.
Detrás de ella se aglomeraron las mamás, hermanas, hijas, de los reos del penal de Quezaltepeque. Gritaban que se equivocan los que piensan que viven del dinero que producen las extorsiones, los asesinatos, los robos, los hurtos y los secuestros, que han errado los que creen que en El Salvador todos los presos son pandilleros y advirtieron que si el Gobierno insiste en seguir vejándolos, ultrajándolos, humillándolos, abusándolos se unirán contra Sánchez Cerén.
Una hora antes en una breve declaración a la Radio Nacional Franzi Hato Hasbún, comisionado presidencial para la Seguridad, comentó que las víctimas eran consecuencia de una purga en el Barrio 18 Revolucionarios, que la situación estaba controlada, que el Gabinete está reunido de manera permanente y que siguen los vínculos de la pandilla con el alto crimen organizado. “No hay ningún pasillo que se nos haya escapado, ¿de acuerdo?”, preguntó al locutor que estaba de turno esa calurosa noche sabatina. Él contestó que estaba de acuerdo.
Al filo de la medianoche Rodil Hernández, director de Centros Penales, también pronunció declaraciones para tres medios gracias a las gestiones del periodista Julio Rodríguez: Canal 33, TVO y Diario1. Apoyado en un escritorio de la Dirección repitió que el centro penitenciario estaba bajo control, que las víctimas y los victimarios estaban recluidos en los sectores uno y dos, que todo ocurrió a la hora del encierro, es decir, cuando los custodios los entran a las celdas, que nadie escuchó o vio muestras de violencia extrema que llevara a pensar que estaban ocurriendo 14 homicidios.
Cuando se le preguntó a cuánta distancia estaban los garitones desde los que vigilan los soldados y los custodios respondió que no podía calcularlo pero que la purga es una acción interna de la pandilla. Reiteró que las autoridades tienen control de la cárcel. “El Gobierno no les ordena que maten; son estructuras criminales y así lo demuestran (…) las familias deben ver eso”, expresó.
En resumen dijo que las autoridades controlan el penal pero no escucharon ni siquiera un grito de las víctimas. Ni uno.
En la boca del lobo. Las mujeres provenientes de San Miguel, Lourdes Colón y otras localidades se dieron cuenta que habían llegado al territorio del enemigo. Estaban tensas. Se imaginaban que de entre los pasajes iban a salir unos muchachos con escopetas, con los rostros tapados, y que las iban a ametrallar. En ese momento una sacó un teléfono y mostró a todas dos fotos de los cadáveres que habían colgado en las redes los abominables usuarios que engordan sus cuentas con morbo y escenas sangrientas. Dos reconocieron a sus familiares. Pero ya era de madrugada. Nueve de los familiares de los reos contrataron un picap que las iba a llevar a la sede de Medicina Legal en Santa Tecla a reconocer los cadáveres. Cuatro horas más tarde sabrán que los asesinados se llamaban Erick Alberto Escobar Vásquez, José Ernesto Durán Orellana, Emmanuel de Jesús Lovato Navarro, Víctor Manuel García Deras, José René Rubio Hernández, Henry Mauricio Artiga, José Antonio Gutiérrez Marroquín, Óscar Alfredo Grijalva Díaz, Carlos Ernesto Herrero Martínez, Giovanni Esaú Santos Cartagena, Cristian Giovanni Artiga Valle, René Mauricio Valle Mejía, Carlos David Campos y Santos Mauricio Arias. Estaban detenidos por agrupaciones ilícitas, homicidio, extorsiones, posesión de armas de fuego, encubrimiento de homicidio y otros delitos.
Habrá llanto pero será el fin de un peregrinaje luctuoso. Después el país tendrá más tiempo para seguir odiando y bañándose en sangre.
Foto Diario1