“Las celdas están a punto de reventar. Son cuatro paredes que encierran el quíntuple de ocupantes para las que fueron diseñadas. Entra poca luz. El calor es asfixiante. El vaho apestoso se mezcla con los olores fétidos y a pudrición que exudan los servicios sanitarios de fosa. En los patios se estanca el agua de las lluvias, los orines y las heces fecales. Los reos duermen parados sobre un pequeño cuadro de piso –a veces de tierra, a veces de cemento- mientras las ratas y las cucarachas los acechan. Sufren enfermedades de la piel y respiratorias; a veces los agentes de custodia también”.
La anterior es una típica descripción de un centro penitenciario de El Salvador. En las cárceles salvadoreñas el tiempo se niega a pasar; en ellas da lo mismo hablar de la dictadura militar, los Acuerdos de Paz, la posguerra o el nuevo siglo; es igual hablar de mayo de 1940 que del 11 de mayo de 2015; y es igual decir presidente Maximiliano Hernández Martínez, Salvador Castaneda Castro, Julio Adalberto Rivera, Carlos Humberto Romero, Francisco Flores, Elías Antonio Saca, Mauricio Funes o Salvador Sánchez Cerén. Las celdas y los privados de libertad siguen inundados de ratas, cucarachas, olores pútridos y heces como hace 75 años.
En el archivo que guarda el Palacio Nacional hay docenas de páginas en las que inspectores sanitarios explican a José Tomás Calderón, ministro de Gobernación y Guerra durante la dictadura de Hernández Martínez, en medio de qué malvivían los presos en las cárceles de Sensuntepeque, La Unión, Usulután, Sonsonate, Ahuachapán, Chalatenango, Zacatecoluca, San Miguel, Morazán, y San Vicente y que, irónicamente, son en extremo parecidas a las actuales.
Luis Alfaro enumeró, el 23 de febrero de 1940, en un reporte enviado al abuelo del expresidente Armando Calderón Sol las condiciones de las cárceles públicas: en estado sanitario deficiente, paredes húmedas, carentes de ventilación, pisos de barro, excusado de foso medio lleno, celdas inundadas por emanaciones pútridas permanentes, alimentación pésima, cucarachas, escarabajos, camas de tierra y reos con enfermedades infecto-contagiosas. “Las aguas negras quedan estancadas emanando de ellas olores nauseabundos debido a su fermentación y a la proximidad al ambiente exterior”, describe.
Samuel Cortés, comandante departamental radicado en la misma localidad, también escuchó la queja pero no de los privados de libertad sino de sus subalternos. En una carta al ministro fechada el 10 de mayo del mismo año –ayer se cumplieron 75 años de haber sido enviada- dice que los oficiales consideraban insoportables las emanaciones de las letrinas a las que solo les faltaba un metro para estar llenas “de materia inmunda” y empiezan a sufrir enfermedades que pueden convertirse en una epidemia debido a la densidad poblacional. “Es necesario hacer desaparecer un foco de infección tan peligroso para la salud del personal que hace el servicio de vigilancia”, pide en la misiva que también va con copia al ministro de Defensa.
En la cárcel de Sonsonate sucedía algo muy parecido. Raúl González Meadowns envió un reporte a la Dirección General de Sanidad, ubicada en San Salvador, en el que señalaba que el piso de la letrina es de tierra provocando estancamientos de orines y agua, no había basureros ni servicios de recolección lo que propiciaba el crecimiento de promontorios en los que llegaban a posarse moscas y todo tipo de insectos, en una de las celdas las paredes estaban a punto de derrumbarse y de los techos llenos de agujeros se filtraba la lluvia. “A mi humilde criterio el estado es deplorable”, concluye.
Las autoridades militares, igual que durante las manos dura, súper dura, presidencia de Funes y con mayor disimulo en el Gobierno de turno, hacían capturas masivas. Hernández Martínez llevaba a las cárceles a presos políticos, borrachos que dormían en parques, en las aceras, portaban cuchillos, machetes o protagonizaban escándalos. Cada una de las 12 prisiones construidas en todo el país tenía entre 11,949 a 11,960 reos; los más peligrosos arrastraban bolas con grilletes. Los reportes policiales de la época cuantifican en 13,216 los capturados desde mayo hasta agosto de 1940, es decir, 2,985 mensuales.
Pero no solo corrían riesgos sanitarios sino de fuga. El 16 de abril del año mencionado Ernesto Bará, comandante departamental en Morazán, advierte en una carta al ministro de Gobernación que la porosidad de las paredes, la húmedad, la falta de lámparas de gas, electricidad, grilletes y la fátiga de los custodios son como una puerta abierta para la fuga de los reos.
En Santa Ana pasaba lo mismo, según la carta que Ricardo Álvarez Vidaurre, gobernador del departamento, envió el 12 de febrero de 1940 al ministro: “El edificio en total puede desplomarse de un momento a otro y las vidas de los recluidos están en constante peligro. Durante el invierno las aguas pasan en gran cantidad por los entejados derruidos que ya no admiten compostura porque las maderas enteramente podridas no están en condiciones de soportar el peso de un hombre que pueda colocarse sobre ellas”.
En esa época el ministro de Gobernación era la última autoridad a la que los alcaides podían acudir; primero debían ir con las alcaldías porque eran los encargados del remozamiento carcelario pero estas nunca presupuestaban para hacerlo. Y cuando lo hacían compraban préstamos, enviaban la factura a Calderón pero éste la devolvía sin erogar ni un centavo. El 29 de junio, por ejemplo, Abraham Emilio Chacón, alcalde de Usulután, pidió 1,230 colones para cancelar los costos de la reparación de un edificio; el ramo de justicia le respondió que no tenía dinero en la caja que tal vez el otro año.
75 años después la situación ha cambiado muy poco.. La Huelga de Brazos Caídos obligó a Hernández Martínez a abandonar el poder y exiliarse en Honduras donde lo asesinó su chofer Cipriano Morales; la Junta Revolucionaria derrocó en diciembre de 1949 a Salvador Castaneda Castro, promulgó la Constitución de 1950 que es considerada “progresista” por algunos historiadores; nueve años más tarde un grupo de militares fundó el Partido de Conciliación Nacional (PCN) que llevó al poder a cuatro de sus miembros: Julio Adalberto Rivera, Fidel Sánchez Hernández, Arturo Armando Molina y Carlos Humberto Romero; un francotirador asesinó a Monseñor Óscar Arnulfo Romero mientras oficiaba misa en la capilla de la Divina Providencia; estalló la Guerra Civil protagonizada por el Estado y la insurgencia del Frente Farabundo Martí (FMLN) con un saldo de 75,000 muertos y casi 8,000 desaparecidos; en el Castillo de Chapultepec, México, las partes en conflicto firmaron los Acuerdos de Paz; la exguerrilla entró al sistema electoral como partido político, ganó escaños en la Asamblea Legislativa pero el Órgano Ejecutivo siguió en manos de ARENA, primero con Calderón Sol al frente, luego con Francisco Flores y finalmente con Elías Antonio Saca; estos últimos dos impulsaron las manos Dura y Súper Dura que incrementaron el número de detención de pandilleros; en 2009 ganó la presidencia Mauricio Funes y los excomandantes se convirtieron en funcionarios del Gobierno Central; el exdirector Douglas Moreno abrió las cárceles a la mirada de todo el mundo para evidenciar lo que pasaba: en una entrevista las llamó “escusados” en las que era imposible lograr el propósito de cualquier cárcel medianamente decente: rehabilitar a quienes violaron la ley.
Los primeros días de enero de 2012 el Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria de la ONU calificó la situación del sistema penitenciario como “espantosa, inhumana y degradante”. También constató el hacinamiento: 300% de su capacidad, es decir, más de 26,000 en cárceles construidas para menos de 10,000 detenidos.
Mientras estuvo en la Dirección de Penales, Moreno impulsó medidas alternas a la detención como el uso de brazaletes para reos en fase de confianza y la implementación del programa Yo Cambio. Su sucesor, Rodil Hernández, ha seguido en la misma ruta.
En casi cien años las cárceles salvadoreñas son a la vez chiste y bofetada: se burlan del artículo 27 de la Constitución que establece que el Estado organizará los centros penitenciarios “con el objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formales hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos” pero aceptan resignados la sentencia del criminalista Cesare Lombroso que dice que las cárceles son las universidades del crimen.