Exalumno de Ignacio Ellacuría y fiel creyente de que la pena de muerte no solucionaría los graves problemas de violencia que vive el país, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Ernesto Morales Cruz, dice que El Salvador debe retormar la vía de la construcción de una cultura de paz basada en la tolerancia, el diálogo y el respeto.
Abogado graduado de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Morales asegura que los líderes políticos deben dar el ejemplo a la población en cuanto a las actitudes y la manera de solucionar las diferencias.
“Yo les haría un llamado a reflexionar sobre la importancia de ser tolerantes, dialogantes. Pero no todo es negativo, también observamos muchos ejemplos de grupos políticos diferentes que por vía del diálogo y del debate arribaron a acuerdos”, añade el Procurador.
Estudió su primaria en la escuela parroquial San Francisco, sobre la alameda Juan Pablo II, en las cercanías de la alcaldía municipal de San Salvador, recuerda el ahora funcionario, quien destaca la importancia que a los niños se les trate con respeto, cuidado y amor. “Ellos deben estar en un ambiente libre de violencia para que puedan comprender y asimilar sus derechos”, señala.
En las escuelas se les debe enseñar los derechos humanos, hay libros especializados en este tema. Es importante potenciar que los niños se sientan desde muy temprana edad sujetos de derechos, que incluya no solo el derecho a no recibir maltratos, castigos; no ser explotados, sino también el derecho a expresarse y que sus opiniones sean tenidas en cuenta, indica Morales, quien estudió bachillerato en el Colegio Cristóbal Colón.
Desde adolescente, David Morales se sintió inclinado al Derecho, aunque confiesa que también “huía de las matemáticas”. Egresó de la UCA en 1989, año del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en 1989, en plena guerra civil.
El estigma de los derechos humanos
Durante el conflicto armado en El Salvador, el término derechos humanos se convirtió en un estigma. No solo se asimiló ser de izquierda, también se llamó comunista o subversivo a cualquier disidente político. Y esto trajo serias consecuencias políticas porque había miles de personas sindicalistas, estudiantes, luchadores sociales, catequistas y miembros de la Iglesia, subraya el Procurador.
“Nuestro primer gran defensor de derechos humanos en la era moderna de El Salvador fue monseñor Óscar Arnulfo Romero. Fue acusado de lo mismo y eliminado. Creo que era parte de la guerra ideológica que nos llevó a sufrir tanta violencia en el conflicto armado. Esa fue una especie de estigma”, dice.
Asegura que en América Latina, particularmente El Salvador, las políticas de tolerancia cero contra las pandillas trajeron aparejado el discurso de parte de los políticos que los derechos humanos afectaba la función del Estado en materia de seguridad pública, que se defendían delincuentes.
Es importante hablar con la ciudadanía sobre este tema porque es falsa la tesis de que los derechos humanos afectan el derecho a la seguridad. También es una mentira que para tener una seguridad efectiva −una seguridad pública garante frente la violencia− es necesario disminuir los derechos humanos, según el funcionario.
Hay muchas experiencias en el mundo de políticas de seguridad eficientes que han superado situaciones de crisis y que han sido exitosas en el marco de respeto a los derechos humanos, explica.
De hecho, respetar los derechos humanos es el primero de los mandatos de toda autoridad pública, incluyendo la Policía Nacional Civil o el Ejército. Su labor es proteger derechos humanos”, afirma Morales Cruz, quien habla con vehemencia, solvencia y aplomo sobre derechos humanos.
Antes de ser elegido como titular de la Procuraduría, se desempeñó como funcionario de la Procuraduría durante 10 años (1995-2005) y fungió como director general de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de haber impartido un sinnúmero de conferencias sobre ese tema en el país y en el extranjero.
Dice que la Procuraduría tiene un mandato −una obligación constitucional− de velar por del debido proceso y eso tiene dos dimensiones. Una es velar por las garantías del debido proceso ante los juicios que someten a las personas, fase en la que recibe la mayor parte de denuncia; y la segunda es acompañar a las víctimas y exigir al Estado que actúe con responsabilidad, que sea eficiente en la investigación, se apoye a las víctimas y se sancione a los responsables.
“En mi posicionamiento frente al tema de seguridad, durante mi gestión he dejado establecido claramente que la prioridad de la Procuraduría deben ser las víctimas y estamos exigiendo al Estado la construcción de herramientas de políticas públicas y programas para que asistir y proteger a las víctimas del delito. Ese es nuestro objetivo fundamental, sin que por ello tengamos dejar de lado la vigilancia en relación a los privados de libertad, que es una obligación constitucional”, sostiene.
Procurador David Morales. Foto transparenciaactiva.gob.sv.
Pena de muerte
Hay diversos argumentos de algunos salvadoreños, inclusive políticos, a favor de la pena de muerte. Uno de los razonamientos que se esgrime es que así habría una medida ejemplarizante que enviaría un mensaje para disuadir a otros delincuentes.
David Morales –quien tiene 48 años, casado, 2 hijos− sostiene una posición clara sobre este tema. “Estoy en contra de la pena de muerte, no es una posición aislada, incluso es una posición de los sistemas internacionales de protección a derechos humanos. En los países donde tienen instalada la pena de muerte, al ver los estudios técnicos sobre el impacto de la aplicación de esta pena, observamos que su efecto en la reducción de la violencia en los crímenes es prácticamente mínimo. Este mensaje de fuerza total del Estado no soluciona el problema”.
En el caso de El Salvador, la pena de muerte fue abolida por la Constitución y con los tratados internacionales sobre derechos humanos el Estado se ha obligado a tener un retroceso en esta materia. Se admite como excepción en el caso de delitos militares en caso de conflicto internacional, explica el defensor de los derechos humanos, quien también se ha desempeñado como consultor especializado y, además, fue abogado investigador en la Oficina de Tutela legal del Arzobispado de San Salvador.
“A mí me parece que no resolvería el problema, quedaría nada más como un espejismo de seguridad y significaría un retroceso a los derechos humanos, sobre todo en un país donde hay tantas violaciones al debido proceso”, afirma el Procurador, quien recuerda palabras de su antiguo profesor Ignacio Ellacuría: «en El Salvador no tenemos la pena de muerte, sino la muerte sin pena».