Cuando desarticularon la estructura de “Los Garrobos”, en enero de 2013, José Enrique Torres se refugió en Guatemala y siguió manteniendo sus vínculos con el narcotráfico.
Torres se encargaba de hacer los contactos en Panamá y en Colombia para poder traer la droga hacia El Salvador y luego enviarla a través de encomenderos hacia los Estados Unidos.
En El Salvador había creado una nueva red en la Zona de Oriente. Ahí tenía como su principal aliado a Luis Edgardo Franco, conocido como “Luisón”, quien se encargaba de distribuir la droga que Torres le mandaba.
Luisón comercializaba la droga en pequeñas y en grandes cantidades. El mercado no sólo era a nivel nacional, sino también internacional.
En el país, por ejemplo, comercializaban la droga con las pandillas. Uno de sus clientes más fuertes era la pandilla 18, del ala Sureños. Para ello, Luisón contactaba a Ciro Obdulio Zelaya para que le sirviera como enlace con los cabecillas de la pandilla 18.
También utilizaban a una señora identificada como Rubia del Carmen Árevalo, alias “La Tía”. Ella tenía su centro de operaciones en la colonia Ciudad Futura, municipio de Apopa, San Salvador.
Adquiría la droga de parte de los pandilleros de la 18 de la Zona de Oriente y luego la trasladaba hacia San Salvador. Ahí la vendía, paradójicamente, a pandilleros de la MS de los sectores cercanos donde ella residía.
Por eso es que la Fiscalía, cuando brindó informes sobre esta estructura, aseguró que “La Tía” era una de las personas más importantes dentro de la red de Enrique Torres, porque “sabía manejarse con ambas pandillas”.
Para comercializar la droga con toda libertad y sin problemas, los narcos habían infiltrado instituciones del Estado. Tenían como aliados a jefes policías, fiscales y jueces de los tribunales especializados de San Miguel.
Cuando la Fiscalía realizó el fuerte operativo en el oriente del país, a finales del pasado mes de julio, capturaron a 12 agentes policiales, uno de ellos fue identificado como José Mayén Rodríguez Torres, quien estaba destacado como jefe de la División Antinarcóticos (DAN), de San Miguel.
De acuerdo con el informe Fiscal, Rodríguez Torres era el encargado de filtrar información a los narcotraficantes. Les advertía de los operativos que se iban a realizar desde la DAN.
Es por eso que casi siempre los miembros de esta estructura, tanto narcos como pandilleros, salían bien librados cuando se realizaban operativos judiciales en su contra.
Pero las cosas cambiaron cuando la Fiscalía supo que desde el Tribunal Especializado de San Miguel se estaba fugando información sobre un operativo que ellos estaban preparando contra una estructura de la pandilla 18 que operaba en oriente.
Fue entonces que la Fiscalía comprendió que los pandilleros tenían nexos con empleados del Órgano Judicial, quienes, al igual que los policías de la DAN, les informaban sobre operativos en su contra.
Fuga de información
De acuerdo con la Fiscalía, en una llamada que Ciro Zelaya le realizó a José Timoteo Mendoza, alias “El Chory” (considerado el líder de la 18, del ala Sureños), le informó que Marlyn, una amiga que trabajaba en los tribunales Especializados de San Miguel, le había informado que un testigo criteriado había ido al juzgado a marcar rostros de fotografías. Que estaba “soplando”.
Le continuó diciendo que la detención de esas personas se realizaría el día martes o miércoles de la siguiente semana. Al final le manifestó que se desplazaría hasta San Miguel para averiguar más del problema y que le llamaría más tarde para informarle cómo estaban las cosas.
Después de esa llamada, Ciro se comunicó con Luisón para pedirle que contactara a Marlyn y le solicitara que extrajera toda la información referente a quién era el testigo criteriado.
En una conversación telefónica, que Luisón sostuvo con “El Chory”, le dijo que Marlyn tenía toda la información y que nadie se preocupara porque ella iba a filtrar todos los detalles.
Ese mismo día, “El Chory” le llamó a Franklin Roberto Mercado, alias “Chiri”, para decirle que al testigo criteriado le habían mostrado fotografías en el Juzgado Especializado de Instrucción. Que existía todo un plan para capturar a varios “homeboys”.
Le pidió que le indagara el nombre del testigo criteriado y toda la información relacionada con él. Que inmediatamente lo identificaran, lo mataran “para borrar de raíz el problema”. Le exigió que la información fuera certera para matar también a toda su familia.
El 16 de diciembre de 2013, “Chiri” le volvió a marcar al “Chory”. Le informó que ya tenían el nombre del criteriado, que Marlyn se lo daría personalmente. Le dijo también que, según esa información, la orden de captura era para las 99 personas señaladas por el testigo criteriado.
Al siguiente día, “Chiri” se volvió a comunicar con “El Chory”. Esta vez le dijo que llevaba 500 dólares, pero que necesitaba otros 500 para dárselos a Marlyn.
También le reveló el nombre del testigo criteriado, de quien le dijo lo tenían en las bartolinas de una unidad especializada de la policía y que gozaba de régimen de protección a testigos, según consta en la acusación fiscal.
Fue así que el Ministerio Público profundizó más la investigación y se encontró con toda una red de crimen organizado encabezada por narcos. Enrique Torres, el cabecilla principal, es acusado de sobornar a jueces y de traficar cocaína en el oriente del país.
El mapa fiscal reveló que entre los principales clientes de Torres estaban los líderes de pandillas y que, además, habían infiltrado a la Policía, al Órgano Judicial y la misma Fiscalía.
Por ello, en esta misma redada se capturó a los fiscales Patricia María Hernández Hernández y a Salvador Ruiz Pérez. Este último, lloró el día de la audiencia de intimación argumentando que de esa manera le pagaban todos los años que había trabajado en esa institución.
La Fiscalía asegura haber dado un golpe histórico al crimen organizado salvadoreño. El proceso contra los acusados apenas comienza. El caso queda ahora en mano del sistema judicial.