El presidente de Guatemala, Otto Pérez, lo repetía en todas las reuniones que realizaba para analizar el avance del corredor interoceánico terrestre en su país: “les llevamos diez años de adelanto a los nicaragüenses que también quieren construir su propio canal”.
Eso lo decía Pérez cuando presentada al salvadoreño Raúl Reyes Aguilar a grupos de empresarios guatemaltecos e internacionales en el Palacio Nacional de ese país, como cabeza financiera de ese ambicioso proyecto.
Los 10 años de ventaja los justificaba Pérez porque los guatemaltecos tienen hechos los estudios de factibilidad, ecológicos, técnicos y sociales de ese corredor, desde hace bastante tiempo. Lo que falta es el dinero.
El gobernante, y otros de sus principales colaboradores, creían que Reyes tenía la llave para conseguir el financiamiento para construir un canal interoceánico y un oleoducto de gas paralelo, que costarían $14 mil millones.
Precisamente por eso es que, cuando Reyes Aguilar llegó a Guatemala, apadrinado por influyentes guatemaltecos y salvadoreños, todos creyeron, incluido Otto Pérez, que era el mesías del plan.
Lo que ahora le cuesta reconocer al gobierno de Guatemala es que el timador y mitómano de Reyes les causó tal embaucada financiera que, posiblemente, esa reclamada distancia de diez años la acortó el salvadoreño Reyes a niveles de alarma.
Reyes Aguilar, un salvadoreño de 50 años, quien hasta hace poco tiempo traficaba personas y se había vuelto el rey de pequeños chanchullos, ofreció llevar a Guatemala, para empezar, $450 millones para adquirir las tierras de 46 municipios por donde pasaría el corredor.
Eso muestra que quienes llevaron a Guatemala a Raúl Reyes Aguilar, para confiarle el proyecto más ambicioso de la historia de ese país, no hicieron las consultas más elementales sobre esa figura en El Salvador.
Si lo hubiesen hecho habrían sabido que en el Centro Nacional de Registros de El Salvador, propiedad estatal, intentó sorprender al Estado, hace sólo dos años, para alzarse con una buena suma de dinero en un proyecto de modernización del catastro.
Tal vez por eso algunas veces se presentaba como doctor en Geodesia graduado en la UNAM, la principal universidad estatal de México y, al día siguiente, decía que era sicólogo social.
Al menos en el 2013, Reyes Aguilar se relacionó cercanamente con la empresa española INDRA, la misma firma que vendió todo el sistema de computación para el conteo rápido de votos en las elecciones presidenciales salvadoreñas.
Aunque los salvadoreños salieron satisfechos con el proyecto de INDRA para modernizar la transmisión del conteo de los votos con los que ganó Salvador Sánchez Cerén, en el Centro de Registros acabaron en problemas con Reyes Aguilar y sus amigos españoles.
¿Qué fue lo que pasó?
El detalle de lo que la empresa española INDRA hizo en el Centro Nacional de Registros se supo, con detalle, en una reunión de su junta de directores realizada la tarde del 24 de mayo de 2012.
Ese día, el auditor interno, Rabí de Jesús Orellana, relató una serie de anomalías hechas por los empresarios españoles y su amigo Raúl Reyes, poco antes de que este se fuera a Guatemala a declararse el principal financiero de un canal interoceánico terrestre que se construiría en el Oriente de ese país.
Lo que ocurría es que a INDRA se le había asignado, mediante concurso público, un proyecto de modernización del catastro en tres grandes departamentos salvadoreños.
El proyecto se valoró en $17 millones. A INDRA le entregó el CNR, como es usual en ese tipo de contratos, $3 millones para que se empezaran las obras. Ese dinero representó un adelanto de pago.
Pero ese tipo de adelantos deben justificarse en qué se invierten. En este caso, en esa fase fue donde apareció Raúl Reyes Aguilar.
Por razones que se desconocen, Reyes usó dos de sus sociedades anónimas inscritas en El Salvador y trató de ayudar a los españoles de INDRA a justificar el uso de los $3 millones de adelanto. Obviamente, eso siempre se consideró ilegal.
El problema de los españoles es que la mitad de los $3 millones que recibieron como adelanto no estaban ni justificados ni autorizados por el CNR.
Reyes Aguilar usó las sociedades Geociencias y Tecnología Aplicada (GEOCYT), para justificar el uso de $323 mil de los $3 millones. El problema es que, en segundos, en el Centro de Registros se enteraron que la sociedad fue inscrita apenas quince días antes.
También trató de usar otra de sus sociedades (Centaury), para justificar el uso de otros $131 mil del adelanto recibido por INDRA. Pero esa sociedad la había construido apenas dos meses antes.
Además, los españoles de INDRA no habían pedido autorización para subcontratar a esas dos sociedades de Reyes Aguilar en el proyecto de ampliación del catastro salvadoreño.
Al final, el CNR no aceptó los pagos hechos por el contratista INDRA a Reyes Aguilar. El pleito legal se prolongó y a los españoles se les ejecutó una fianza de anticipo por $3 millones. Los supuestos pagos a Reyes no fueron aceptados jamás. De nuevo: los timos no funcionaron.
INDRA perdió la batalla y ahora se sabe que el proyecto de actualización del catastro que debió acabar en octubre del 2013 tiene siete meses de atraso. Los líos con INDRA no han acabado. Los de Reyes tampoco.
Los nórdicos
Raúl Reyes Aguilar llegó hace un año a Guatemala y olió rápidamente lo que necesitaban: un consorcio que les financiera el pago de tierras a propietarios de 46 alcaldías. Esas tierras serían usadas para construir el corredor interoceánico.
Muy pronto Aguilar supo que el problema era el financiamiento y se declaró el zar de la solución: llegó a asegurar que representaba a 20 empresas europeas que, en principio, pondrían $450 millones para comprar las tierras que alojarán el corredor.
Incluso, el atrevimiento de Reyes Aguilar fue tal que hasta dijo representar a firmas como British Petroleum y otras transacciones como la noruega Statoil.
Posiciones como esa sostuvo Reyes Aguilar en Guatemala, mientras le pedían la llegada urgente del dinero. También le solicitaban las credenciales bancarias necesarias que certificaran que el dinero era sano.
Siempre prometió que esas credenciales llegarían. Decía que el dinero estaba de camino. Que sólo faltaban pequeños trámites bancarios para que el dinero arribara a Guatemala. Pero jamás llegó y ahora él está en una prisión de Guatemala.
Fue tal el descaro de Reyes que hasta presentó, en Guatemala, al noruego Jan Erhardt Blichfeldt como presidente de la firma Eurogas que supuestamente construiría el oleoducto entre las dos costas guatemaltecas.
Blichfields vivió varios meses en Guatemala. Mostraba buena presencia. Hablaba varios idiomas. Tenía un buen desempeño pero, supuestamente, era parte de los complejos escenarios financieros construidos por Reyes Aguilar.
Se supone que el nórdico está en Perú y las autoridades guatemaltecas pedirán su extradición para juzgarlo en ese país.
Evidentemente tendrán que determinar si a él lo engañó Reyes o si ambos eran parte del enorme timo a todos los guatemaltecos.
Y es que Reyes Aguilar es más controversial y paradójico de lo que cualquier podría creer: se decía hasta consultor de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos y no tiene visa para ingresar a ese país. Así de extraños son los hechos.
El proyecto del corredor interoceánico no se detendrá aunque sus responsables dicen que las travesuras de Reyes atrasarán el proyecto. Es obvio que ahora se registra tiempo perdido.
Incluso ha trascendido que las 46 municipalidades están dispuestas a seguir adelante con el proyecto y determinarán si harán, en el futuro, aportes en tierras para superar el atraso.
Eso sí: de Raúl Reyes Aguilar nadie quiere saber nada en Guatemala. Ni de sus falsas empresas.
Hay quienes creen que Reyes quería vender el corredor en papeles. Pretendía transformarse en un intermediario financiero que ganara una comisión. Pero algo funcionó mal y el castillo de naipes se le derrumbó.
Algunos creen que su verdadero problema es que el dinero que prometía era sucio y no resultaba tan fácil certificarlo y llevarlo a Guatemala. Otros dicen que todo fue un “bluff” de una cabeza que no está bien ajustada.