Una serie de hechos extraños e ilegales ocurrieron antes y poco después de que los inversionistas italianos se convirtieran en “socios estratégicos” de la geotermia estatal. Quienes conducían la CEL en 2001 hicieron una licitación pública para encontrar un “socio” que,bajo su propio riesgo, tratara de ampliar las actividades productivas y económicas de LA GEO.
Tres fueron las compañías extranjeras que presentaron sus ofertas ante una convocatoria pública: una inglesa, otra italiana y una firma japonesa.
Las ofertas se introdujeron en una caja fuerte en CEL. Ahí debían mantenerse bajo absoluto secreto. Extrañamente, las ofertas de cada una de las empresas foráneas que participaron en la licitación pública aparecieron en las oficinas de dos importantes colaboradores del exgobernante Francisco Flores.
Tal fue la alarma que produjo ese hallazgo en CEL (porque significaba una descomunal anomalía e ilegalidad por la que algunos pudieron ir a la cárcel), que se escribió un revelador documento que quedó en los archivos de la entidad. Fue descubierto hace pocos días.
“Han obtenido, por medio que ignoramos, el acuerdo entre accionistas y la información que los oferentes han entregado…”, escribió un alto funcionario de CEL quien recuerda que la información tiene “carácter confidencial”, según disposiciones expresas, y que eso no se respetó.
El hecho de que apareciera, incluso en oficinas del Ministerio de Economía, la información de las ofertas presentadas por las compañías de Italia, Japón e Inglaterra, significó no solo que alguien traicionó la severidad con la que debe ejecutarse una licitación pública, sino que provocó que se encendieran otras alarmas.
Por eso es que en los documentos confidenciales en poder de la CEL también se escribió que “el acceso a esa información por parte de autoridades, ha dejado vulnerables tanto a GESAL (antecedente de LA GEO) como a CEL frente a cualquier reclamo por parte de los oferentes”.
Eso era cierto: cualquiera de las compañías, como Shell de Gran Bretaña o la Fujimoto de Japón, podían reclamarle al gobierno de Flores, acusar penalmente a funcionarios, mandarlos a la cárcel y anular el concurso público.
Sin embargo, pocos se enteraron de la anomalía porque también pocas manos la habían cometido.
Las revelaciones documentales aparecidas en CEL mostraban, a su vez, que entre funcionarios del gobierno de Flores se espiaron y hurtaron documentos para darle vida a un negocio público que ahora la Fiscalía General de la República persigue penalmente, como parte de un enorme peculado que le provocó pérdidas por al menos $1000 millones a todos los salvadoreños.
Los tres caminos
Después de que se descubrieran documentos que no podían estar en las oficinas de cercanos colaboradores del exmandatario Flores, ocurrieron otros hechos anómalos que siempre tiñeron de oscuridad el camino de la geotermia estatal. Desde el principio todo estuvo mal.
La peor arbitrariedad cometida con ese negocio estaba atada al principio de legalidad que deben seguir los funcionarios públicos: si querían privatizar bienes del Estado, como la empresa geotérmica, debían conseguir que la Asamblea Legislativa aprobara una ley específica que permitiera trasladar la propiedad. Eso jamás se hizo.
Fue la aprobación de un préstamo de $215 millones hecho al país por el Banco Mundial lo que comenzó a construir el camino desviado, en el caso de la geotermia estatal. El crédito se dio para que, en el país, se produjera un mayor desarrollo eléctrico.
Apegada a ese préstamo, la administración Flores aprobó, en la Asamblea Legislativa, una nueva Ley General de Electricidad y aplicó un plan de reorganización de la CEL. Esas fueron las bases legales que se tomaron para dejarle puerta abierta a una privatización disfrazada de la geotermia estatal, que ahora se presume ilegal y seguida de la comisión de algunos delitos.
En el interior del gobierno de Francisco Flores existían funcionarios que buscaban soluciones radicales en el tema de la energía eléctrica. Querían quitarle al Estado el patrimonio eléctrico originado en el vapor del subsuelo.