Compra de la geotérmica
Documentos en poder de Diario 1 demuestran que, durante el gobierno de Francisco Flores, se pensó en vender la empresa geotérmica estatal en unos $200 millones.
Aún para la época (hace pocos más de una década) el precio era muy bajo. Muy poco después, un evalúo técnicamente diseñado fijó el valor de la geotermia nacional en mil cien millones de dólares, una suma muy distante de la que se pensó en esa época.
Los mismos documentos de la CEL reflejaban que, como se aproximaba febrero de 2002, era imposible vender la geotermia estatal porque (se reconoció), se necesitaba aprobar una ley especial en la Asamblea Legislativa, como ocurrió con otras empresas públicas.
Entonces, se tomó en consideración que, en ese momento, pasar una ley privatizadora de la geotermia nacional significaba un grave riesgo político por la vecindad de elecciones de medio período en el que se elegirían alcaldes y diputados.
Ante eso, y la oposición de altos funcionarios de CEL que debe reconocerse, se desechó el plan de privatización a un precio desplomado que fijaron algunos que, posiblemente, pensaron en participar en algún negociado político.
Quienes querían vender pretendían utilizar los $200 millones para destinarlos a gasto corriente del Estado, a pesar de que se perdería uno de los bienes estatales más rentables.
Al final prevaleció la tesis de encontrar el “socio estratégico” aunque, es evidente, de acuerdo con las investigaciones oficiales que se privilegió a la compañía italiana ENEL. Una poderosa fuerza interna dentro del gobierno movía sus fauces para estimular la participación de los italianos.
Incluso, a finales del mes de febrero, el entonces ministro de Hacienda, Juan José Daboub, decía a La Prensa Gráfica que un socio extranjero podía llegar a La Geo, inyectar dinero y hasta podría lograr al menos el 651% de las acciones de la empresa estatal.
Pero, eso abría las puertas de una trampa legal. Si bien era cierto una ley especial obligaba a CEL a modernizarse y partirse en varias subsidiarias, ahora la Fiscalía General de la República está convencida de que esas disposiciones no alcanzaban para crear un modelo donde un inversionista extranjero podía alzarse con la mayoría accionaria de un bien del estado (la geotermia).
Incluso, a los pocos días de que Daboub dijera eso, el Ministerio de Economía, guiado por el empresario Miguel Lacayo, decía que las geotérmicas pasaban a esa cartera.
Lacayo dijo a los periodistas de la época que un inversionista extranjero podía invertir, en unos tres años, unos $100 millones para potenciar la producción de energía eléctrica mediante el uso del vapor que sale del subsuelo. A cambio de eso se le pensaba ceder acciones al socio estratégico que se consiguiera.
Lo interesante es que ya en el 2002 se reconocía que GESAL (antecedente de LAGEO) contribuía con $61 millones en el 2001, para ayudar al gobierno de Francisco Flores a pagar subsidios. Y hasta donó otros $8 millones.
Eso reflejaba que si sólo en el 2001 GESAL trasladó $61 millones al gobierno en el 2001, era risible vender la geotermia estatal en $200 millones, como se pensó en ese momento.
Igualmente, en los planes para encontrar el socio estratégico, el gerente, en ese entonces, de la geotermia estatal, José Antonio Rodríguez hablaba de darle acciones al socio estratégico pero con un límite máximo.
El problema es que, poco después, se cambió de parecer y se abrieron las puertas para que un socio italiano pudiese llegar a tener la mayoría de las acciones, como se pelea en la actualidad después de dos arbitrajes.
Nada de eso estuvo en los planes originales. Quién cambió las cosas y cómo lo hicieron es parte de nuestra próxima entrega periodística.