El problema no llevaba a otro camino: la empresa italiana ENEL no podía ser el “socio estratégico” que se buscaba para la geotermia estatal.
La razón era simple: las bases del concurso público por medio del cual se buscaba ese “socio” decían que estaban inhabilitadas para participar en el negocio público todas aquellas empresas que, directamente o por sus afiliadas, participaran en actividades de generación o distribución eléctrica en el país.
En el momento en que se produjo la licitación pública, se probó que la compañía italiana era socia de la distribuidora eléctrica AES-CLESA.
Fue el cinco de septiembre de 2001, cuando el licenciado José Vicente Machado Calderón, quien era el representante especial del grupo italiano ENEL en el país, envió una carta en la que reconoció que era accionista de AES.
Extrañamente, al igual que ocurrieron muchos hechos en el caso CEL-ENEL, el mismo día en que Machado consultó si los italianos podían participar en la subasta pública y sin que se hubiese producido un dictamen previo sobre ese tema, José Antonio Rodríguez Rivas, el gerente de la empresa geotérmica estatal, y cuñado del entonces presidente de la República, Francisco Flores, respondió que los italianos sí podían participar en la licitación pública por medio de la cual se buscaba el “socio estratégico” de La Geo.
Para justificar esa decisión, Rodríguez escribió que, como el grupo ENEL no ejerce el control de AES-CLESA, podía participar en la licitación pública.
El impedimento legal decía, claramente, que no podían participar en la licitación las empresas que realicen actividades de distribución eléctrica. Como accionista, era obvio que los italianos participaban de esa tarea.
Pero, como si hubiesen usado una garrocha para saltarse el obstáculo, se inventaron el concepto de control: entonces como ENEL no controla AES, sí podía participar.
Esa salvedad la hizo Rodríguez en pocas horas, sin consultar el registro accionario de AES y sin que hubiese un dictamen previo del comité de evaluación de documentos precalificados en la licitación pública. En pocas palabras, Rodríguez lo hizo a título personal.
Más grave aún fue el hecho de que, el 7 de noviembre del 2001, poco antes de que se escogiera el “socio estratégico” de La Geo, tres empresas presentaron los sobres del concurso público.
Los participantes fueron Sumitomo Corporation de Japón, Shell Exploration Company y el grupo italiano ENEL.
No se han encontrado constancias de que los miembros evaluadores de los documentos legitimadores de las empresas abrieran los sobres que se presentaron. Pero, sí se encontró una nota de Porfirio Díaz Fuentes, abogado de CEL en ese entonces, en la que se dice que sí se hizo la evaluación del grupo italiano ENEL.
Lo espectacularmente anómalo es que la evaluación del grupo ENEL se realizó en el mismo despacho de abogados donde laboraba José Daniel Julio Martínez Martínez, abogado de los italianos.
Fue en la oficina de Martínez donde se dio el status de empresa precalificada a la italiana ENEL.
Lo que debió hacerse fue escribir un acta de apertura o evaluación de los documentos de Sumitomo y Shell. Pero, eso no se dio. Díaz, el abogado, únicamente certificó a los italianos.
Más audaz aún es que Julio Martínez, el abogado de los italianos, llega a la sede de CEL en dos ocasiones. Lo hizo el 9 y el 12 de noviembre del 2001. Y llegó, en ese momento, como representante de ENEL.
Quizá Martínez se sintió tan protegido, o se confió tanto que el 28 de julio de 2001 (pocas semanas antes), la junta directiva de GESAL (nombre de La Geo en esa época) le confirió un poder a José Daniel Martínez.
La mayor sorpresa de todas es que Martínez era socio de Porfirio Díaz, el abogado de GESAL (ahora La Geo) y de CEL. Obviamente, eso no era coincidencia. La relación era estrechísima.