La lucha política se está librando en diferentes campos de batalla en el país. El espionaje político se ha intensificado en los últimos meses. Hay grupos especializados –algunos provenientes del extranjero− que se dedican a las escuchas telefónicas, grabación de videos y audios e interceptar correos electrónicos.
“Aunque todos niegan la existencia de esta práctica ilegal, lo cierto es que todos la están usando”, dijo a Diario1 una fuente gubernamental. Agregó que el espionaje se ha incrementado en El Salvador desde hace algunos meses a raíz de la campaña electoral.
Parte de la estrategia de los políticos es saber qué piensan hacer o están realizando sus adversarios. Esto incluye a grupos que conspiran contra gente de su mismo partido.
“Mi teléfono está intervenido…”
En uno de los salones del Palacio Legislativo, Ana Vilma de Escobar, diputada por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), terminaba de conceder una entrevista sobre el espionaje y las intervenciones telefónicas ilegales.
Recién había hablado sobre los ataques que ha recibido en su contra, las veces que le han hackeado sus redes sociales o correos electrónicos y las denuncias que les ha hecho a ciertos funcionarios del Ejecutivo por lo que considera están hoy “a la orden del día”.
Una llamada entra al celular de la legisladora. Ella la contesta. No habían pasado ni dos minutos cuando a lo lejos, y de forma sorpresiva, se escucha a la diputada decir: “¡Oigan!, en este momento me están interviniendo”. Continúa su llamada y, de inmediato, pone al máximo el altavoz de su teléfono inteligente. En eso, le pide a la persona que estaba al teléfono que continúe hablando y le informa que está en speaker.
−Le estoy mostrando a una periodista que en este momento me están interviniendo esta llamada.
−¡Ah, sí! Es algo a lo que ya estamos acostumbrados, le responden.
“Usted me preguntó cómo identifico cada vez me intervienen, a pues este es el feedback que yo escucho y con eso sé que me están interviniendo”, es la respuesta que da Ana Vilma de Escobar momentos después de haber sido cuestionada sobre el espionaje político.
Los ataques van y vienen entre los políticos: se acusan mutuamente de espiarse y de hacer contraespionaje. El espionaje político volvió a tomar fuerza cuando el mismo presidente de la República, Mauricio Funes, acusó otra vez este miércoles a ARENA de escuchar llamadas, tomar fotografías, de hacer terrorismo cibernético. “Están haciendo persecución política”, dijo Funes luego de haber inaugurado un centro de albergues en Jiquilisco, Usulután.
Esa persecución política estaría siendo maquinada, según Funes, por tres personajes: Jorge Velado, presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (Coena); Ernesto Muyshondt, vicepresidente de ideología de ARENA; y Mauricio Sandoval, exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) y de la Policía Nacional Civil (PNC).
“El único que escucha llamadas telefónicas, lee correos electrónicos, persigue a personalidades públicas, hace terrorismo cibernético, campaña sucia y se mete en la vida privada de personas, por medio de aparatos electrónicos que ha comprado ARENA con el financiamiento de algunos empresarios, es Jorge Velado”, fueron las palabras con las que se refirió el mandatario contra el partido de oposición.
Pero, contrario a lo dicho por Funes, Ana Vilma de Escobar declaró que ella ha vivido el espionaje político con más fuerza desde el inicio de su gestión como diputada. “Mi teléfono está intervenido…Es más, fui a ver al secretario privado de la Presidencia a Casa Presidencial y le dije que mi teléfono está constantemente intervenido”.
La exvicepresidenta de la República reconoció haber buscado a Francisco Cáceres, el secretario privado, para que iniciaran las investigaciones y poder así corregir el problema. En palabras de la diputada, Cáceres le habría respondido que el espionaje es un problema que persiste en la actual administración.
“Pero no sabemos quién está espiando. El presidente está investigando”, fue la respuesta que el funcionario le habría dado.
De Escobar dijo muy segura que ella considera las escuchas ilegales operarían desde centros que “el presidente debería de estar investigando”. Y es que el mismo secretario privado de la Presidencia le habría confirmado a ella que una fuerte cantidad de equipos para hacer intervenciones telefónicas estarían en “varias manos”.
“El Ejecutivo debe tomar acción en investigar quiénes tienen equipos de escuchas, puesto que esto es totalmente ilegal. Únicamente la Fiscalía debe hacerlo. Pero ahorita que hay equipos de escuchas, de intervención a las llamadas telefónicas en varias manos, esto me parece intolerable, inaceptable, inconstitucional”, expresó la funcionaria.
Caso Edwin Zamora
“Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice”. Este viejo refrán -que invita a practicar la prudencia- debería ser tomado en cuenta en la vida diaria, especialmente cuando la revelación de una conversación telefónica o secreta nos llevaría a enfrentar serios problemas.
Este es el caso de las recientes revelaciones de pláticas telefónicas del diputado Edwin Zamora.
A la página de Soundcloud fue filtrado el 10 de septiembre pasado un nuevo audio sobre una plática telefónica del diputado Edwin Zamora. La filtración la realizó el usuario “bombarenazi”, quien dice ser originario de Atiquizaya, departamento de Ahuachapán. Bajo esta misma cuenta están colgados otros audios de este parlamentario.
En este nuevo audio se escuchan dos conversaciones. Una en la que habla con el empresario Samuel Quirós y la otra aparentemente con el también diputado arenero Mario Valiente. En la referida página se presenta también la transcripción de la conversación, la cual, según “bombarenazi”, “denota que hay un complot en ciernes entre algunas familias poderosas del país que se sienten excluidas y marginadas por la dirigencia en el actual COENA”.
En este contexto, el primer audio publicado el miércoles 26 de junio pasado en las redes sociales del diputado Edwin Zamora en el que despotrica contra Ernesto Muyshondt, no sorprendió a muchos porque es un secreto a voces que en El Salvador la práctica de las escuchas telefónicas es más común de lo que se cree.
La intervención telefónica no autorizada implica la vulneración del derecho a la intimidad consagrado por la Constitución de la República. Durante el pasado conflicto armado se justificó las escuchas telefónicas argumentando que se debía tener control sobre ciudadanos que representaban un peligro para la seguridad nacional.
Centro de Escuchas en manos de la Fiscalía
La reforma al artículo 24 de la Constitución, ratificada el 27 de mayo de 2009, establece que “de manera excepcional podrá autorizarse judicialmente, de forma escrita y motivada, la intervención temporal de cualquier tipo de telecomunicaciones, preservándose en todo caso el secreto de lo privado que no guarde relación con el proceso”.
Esta modificación permitió la aprobación de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, el 18 de febrero de 2010, como un instrumento de persecución del delito, especialmente el crimen organizado. A través de esta ley se creó el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones, dirigido por la Fiscalía General de la República (FGR).
Este Centro de Escuchas contra el crimen organizado es apoyado por Estados Unidos. Este país aportó 5 millones de dólares para la compra del equipo tecnológico.
También existe el Organismo de Inteligencia del estado (OIE). Este organismo, que está adscrito a la presidencia de la República bajo la autoridad directa del presidente, se encarga de informar al mandatario en materia de inteligencia.
Sin embargo, la intervención telefónica se realiza en otras esferas de manera ilegal para fines políticos, violando con ello la intimidad (derecho fundamental a través del cual el ciudadano tiene una esfera secreta ante los demás y que ésta no sea manipulada), de acuerdo con diferentes fuentes.
Se buscó al Fiscal General de la República, Luis Martínez, para que hablara sobre el manejo del Centro de Escuchas, pero no atendió la solicitud.
Angulo: OIE espía a ARENA
El diputado Ernesto Angulo, de ARENA, acusó al gobierno de utilizar la OIE para espiar a los dirigentes de su partido. “Nos siguen; la OIE se dedica a grabar conversaciones telefónicas”, añadió.
Reiteró que ARENA no tiene ninguna oficina para fines de espionaje o terrorismo cibernético.
Angulo formuló la siguiente pregunta al presidente Funes: “¿dónde están los equipos de la OIE que había en el anterior gobierno?” Indicó que la OIE estaba vacía cuando Funes llegó a la presidencia.
El parlamentario, aunque no lo dice claramente, se refiere a los rumores que han circulado sobre el uso que algunos personajes, vinculados a un partido que conforma la coalición de Antonio Saca, están dando en la actual campaña electoral a aparatos sustraídos de la OIE. Con ellos se estaría llevando a cabo una guerra cibernética y espionaje político.
La exvicepresidenta mencionó también que, el día que fue a Casa Presidencial a denunciar que sufría intervención telefónica, conoció de parte del secretario privado de la Presidencia que los equipos de escuchas telefónicas desaparecieron luego de haber concluido el gobierno de Saca. «Él (Francisco Cáceres) me dijo: ´Hay equipos de escuchas en varias manos. Aquí en Casa Presidencial no quedó nada cuando se fue el expresidente´», sostuvo.
Las denuncias sobre espionaje no son nuevas. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Berlamino Jaime, denunció el 17 de julio espionaje telefónico en su contra, hecho que constituye una invasión a la privacidad.
“Algunas veces estamos hablando cosas muy confidenciales y, al ratito, ya saben lo que se ha hablado por otro lado. La única explicación es que tenemos los teléfonos intervenidos”, dijo en su momento.
Al respecto, el 18 de junio pasado el presidente Mauricio Funes sostuvo que la acusación del magistrado Jaime era una “paranoia”.
“Piensan que todo mundo está en contra de ellos, que todo mundo los quiere perseguir, que los diputados quieren destituirlos, que el presidente está en contra de ellos. ¿Y en qué estamos pues? ¿No es esta una sociedad para expresarse libremente? O sea que todo mundo puede expresar lo que quiera, incluyéndolos a ellos, menos el presidente de la República”, expresó el mandatario al referirse a los magistrados de la Corte Suprema.
El espionaje, según Ana Vilma de Escobar, está generando un desorden y pérdida de la institucionalidad. En este sentido, aplaudió la iniciativa de la Fiscalía General de la República de investigar el caso de espionaje contra su compañero de bancada Edwin Zamora. «La persecución se ha hecho; hay que combatirla, venga de quien venga…”.