Los aspectos legales del proyecto fueron un verdadero desastre.
En las bases de la licitación se estableció que el contratista (el consorcio) debía obtener los derechos de vía en los territorios que afectarían la carretera.
Establecer eso así no es ilegal, pero se estima incorrecto.
Eso produjo que el consorcio invadiera cuatro propiedades privadas. La afectación correspondiente debió negociarlas el MOP y no lo hizo, porque se perjudicaba una franja forestal.
Por ahí empezaron los problemas con la alcaldía de San Salvador. Se buscan explicaciones y nadie puede responder por qué se licitó el proyecto en esas condiciones.
A pesar de que el error era del MOP, cuando se suspendió la construcción de la obra se catalogó la intervención de la alcaldía de San Salvador como un caso de fuerza mayor. Y eso, a todas luces, no jamás lo era. Pudo preverse lo que pasaría.
La alcaldía capitalina se opuso a la obra porque afectaba áreas públicas. La entidad lo consideró como un caso de fuerza mayor, sin serlo. Por esto, se le comenzó a prorrogar el contrato al consorcio constructor.
Incluso, esto último fue lo que aprovechó el ministro Jorge Nieto para cambiar las cláusulas del contrato y llevar el asunto a un arbitraje en el que perdió el MOP y el Estado salvadoreño. Terminaron entregando $7.6 millones adicionales.
Líos hasta con la supervisión
En cada proyecto de esa envergadura generalmente se contrata una empresa supervisora. El colmo es que la firma también sometió a arbitraje su situación cuando Jorge Nieto abrió el grifo para que eso ocurriera.
La supervisora Planeamiento Arquitectura S.A. de C.V. se recetó otros $369 mil. Ese monto significó más del 50% del monto adjudicado, en beneficio de esa firma, en el contrato original que le encargó supervisar la obra.
En temas de supervisión se encontraron diferentes problemas cuando los investigadores metieron sus manos en la Diego de Holguín.
Otro hecho revelador es que la licitación pública se inició en julio de 2005. Pero el 31 de enero de ese año, mucho antes de que se abriera el concurso, COPRECA abrió una sucursal en El Salvador. En febrero de 2005 se inscribe en el Ministerio de Economía local.
Eso hace presumir que mucho antes de que se abriera la licitación pública, posiblemente COPRECA ya sabía lo que iba a suceder en el MOP.