LEA ESTE MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE LA SEGUNDA ENTREGA DE ESTA HISTORIA: DESDE EL PRINCIPIO TODO ESTABA MAL
El abogado Yuri Francisco Soriano Renderos era el único trabajador del Ministerio de Obras Públicas que llegaba a su oficina a bordo de una camioneta Prado último modelo.
Soriano no ganaba mal. Es abogado de clase media acomodada. Tenía un buen puesto pero su salario tampoco alcanzaba para comprarse una Prado del año.
Durante los primeros días de enero de 2008, a Soriano lo llamaron al despacho del ministro Jorge Nieto, y le pidieron que actuara como fiscal en un arbitraje en el que se decidiría el futuro de la vieja carretera Diego de Holguín.
En ese arbitraje se discutiría la economía del proyecto, y la posible ampliación a doce meses del plazo para terminar la construcción de la obra.
También quería que se dijera que COPRECA, la empresa guatemalteca que lideraba el asocio al que se le asignó la nueva carretera, no debía iluminar debajo de los puentes.
Tampoco haría, según se discutiría en el arbitraje, que se construyera una oreja de habilitación hacia otro sector de la vía y algunas pasarelas.
Duro acusador
Normalmente, un fiscal en un juicio de arbitraje debe actuar como un duro acusador, en este caso, en beneficio del MOPT. Pero no fue así.
Soriano acabó facilitando las cosas para que el Estado resultara condenado, en medio de un oscuro arbitraje aprobado por Nieto.
En papeles normales, Soriano, de poco más de 40 años, debió alegar ante tres árbitros razones técnicas para impedir que COPRECA, una empresa constructora guatemalteca, ganara el arbitraje.
Pero usó razones legales para tratar de ganar el arbitraje, donde casi no cabía ese tipo de alegatos.
Buena parte del problema que arrastró el MOP, en ese momento, es que Nieto nombró abogados y colaboradores de la entidad sin experiencia en arbitrajes.
Contrariamente, los árbitros del asocio de COPRECA eran abogados de larga trayectoria en el país.
¿Fue eso adrede? ¿Pusieron al MOP a perder, deliberadamente, en ese juicio donde tres árbitros fijarían el destino del Estado, a pesar de que claramente la construcción de la antigua Diego de Holguín estaba abandonada?
El papel de Soriano delataría una actitud sospechosa. Acusó a la empresa constructora en un juicio privado de arbitraje, cuyos detalles pocos conocen, por el camino más equivocado de todos.
Entonces, era previsible que el MOP nunca ganara ese arbitraje. Además eso no era nada nuevo. También había perdido otros por $29 millones que nadie podía explicar o justificar claramente.
Entonces, sucedió lo que algunos querían que ocurriera: el MOP fue condenado por dos de los tres árbitros. El Estado fue obligado a pagar $7.9 millones.
Lo más paradójico de todo es que, a pesar de que la obra estaba suspendida y abandonada, el Estado resultó condenado sin que se tenga pruebas que los árbitros decidieran sobre la base de un peritaje.
Cuando algunos funcionarios del MOP, colaboradores del actual ministro Gerson Martínez, preguntaron sobre la existencia de este procedimiento, solo se le respondió que la condena se produjo sobre una “inspección”.
Eso significa que ni siquiera se tienen evidencias de que los tres árbitros” (uno de COPRECA, otro del MOP y un tercero supuestamente neutral), decidieran condenar al Estado sobre la base de criterios técnicos.
Supuestamente en esa inspección , el perito nombrado por el MOP fue el Ing. Luis Armando Pineda, quien era asesor de Nieto.
Huyó del país
Cuando Gerson Martínez comenzó a revisar todos los expedientes de la vieja Diego de Holguín, no le quedó más remedio que llamar a Soriano a su despacho y pedirle explicaciones.
Lo interrogaron de forma intensa. Le demostraron problemas en su desempeño y ligámenes no muy éticos con empresas constructoras.
Cuando Soriano entendió que estaba contra la pared, explotó y comenzó a “cantar” actuaciones y negociados públicos que no siguieron caminos necesariamente rectos.
Soriano dijo muchas cosas de lo que habría pasado en la contratación y manejo de la construcción de la Monseñor Romero.
Juró colaborar y decir la verdad, ante la amenaza de entregarlo a las autoridades.
Quizá los colaboradores de Soriano cometieron un error: no prejudicializaron las manifestaciones del exfuncionario del MOP.
Con error o no de por medio, lo cierto es que cuando se planteó la denuncia penal por el caso de la carretera Monseñor Romero, Soriano huyó del país.
Ciertamente él también cometió un error: dejó su computadora sin recordar que los técnicos pueden hacer arqueología en ella y rescatar los secretos que él borró.
¿Arbitraje?
El mayor error de Jorge Nieto fue tratar de encontrarle una solución a un problema que él no originó.
Guiado quizá por abogados ajenos a su despacho, Nieto escogió el camino de realizar un juicio, con tres árbitros, para solucionar las diferencias con una empresa constructora guatemalteca que abandonó una obra contratada por el MOP, en condiciones que pocos entendían.
A Nieto lo entrampó la rapidez con las que se hicieron algunas cosas.
El contrato original que el antecesor de Nieto, David Gutiérrez, firmó con el consorcio formado por COPRECA (constructora de Guatemala) y Linares (El Salvador), decía que el arbitraje no podía utilizarse para solucionar problemas con el MOP.
Era evidente que con la nueva vía existían problemas con el diseño, permisos y con montos presupuestados. Había problemas con todo.
Nieto rompió esa regla de no permitir el arbitraje sin que se entienda por qué.
Cuando cambió el contrato y entró en un proceso tan acelerado para arreglar las cosas, que ahora sus actuaciones, se califican de “express”, de una urgencia inaceptable.
Todo arrancó el 18 de enero del 2008 cuando Nieto aceptó modificar el contrato con COPRECA y aceptar el arbitraje como una fórmula para solucionar los problemas y la inactividad total que mostraba la construcción de la carretera.
Algunos se extrañaron del camino tomado por Nieto: sobre todo cuando recordaban que el MOP tenía $29 millones que debía pagar por arbitrajes perdidos.
De alguna manera, abogados del Estado, litigantes privados y muchos otros habían construido el reino de los arbitrajes en los que el Estado siempre salía lastimado. Nieto no entendió eso.
Lo “express”
Apenas cuatro días después de que Nieto aceptara el arbitraje (modificando el contrato) como una supuesta forma de salvar la ex Diego de Holguín, la empresa constructora COPRECA pidió precisamente eso: un arbitraje.
De muchas maneras eso demostró que, en solo cuatro días, se acordó abrirle camino al arbitraje y pedirlo formalmente.
Entonces, el 22 de enero del 2008, COPRECA pidió que las supuestas diferencias con el MOP se arreglaran mediante un arbitraje.
Ese mismo día Nieto aceptó. El asunto urgía. Nadie sabe por qué.
Extrañamente, tres días después de acordarse el arbitraje entre el MOP y COPRECA, esta compañía guatemalteca sacó del asocio a la empresa salvadoreña Linares.
Por alguna razón, COPRECA quiso quedarse sola con la ejecución de la ex Diego de Holguín. Y funcionarios del MOP habrían participado en las negociaciones para que COPRECA dejara su asocio. Eso deliberadamente se ocultó.
Siete días
Nieto aceleró de tal manera las cosas, que apenas siete días de que las partes aceptaran el arbitraje (29 de enero del 2008), empezó el supuesto debate ante los tres árbitros designados.
Y tan solo un mes después, el MOP resultó condenado a pagarle $7.9 millones a COPRECA. La celeridad con la que se manejaron las cosas fue abismal: en poco más de un mes se cambió el contrato para darle paso al arbitraje y acabó condenado el Estado. La velocidad fue tal que despierta toda suerte de sospechas.
Con los pagos a COPRECA sucedió lo mismo: muy pocos días después de que el MOP resultara condenado, Nieto pidió que le pagaran $6. 2 millones más IVA a COPRECA.
Nieto hizo tal solicitud al Ministerio de Hacienda el viernes 11 de abril casi a las cuatro de la tarde, hora en que cierran esa institución.
El lunes 14 de abril, a las 8 a.m. (apenas abrió el MOP sus oficinas), COPRECA dejó una factura de cobro de los $6.2 millones más IVA.
Apenas tres días después, COPRECA retiró el cheque en el Ministerio de Hacienda.
¿Por qué tanta urgencia? Porque todos los trámites se hicieron inusualmente rápido.
Esos son los enigmas que se deben aclarar en el juicio de este caso.