Las universidades gradúan cada seis horas un abogado, un profesor o un administrador de empresas, a pesar de que ese abultado número de profesionales no es necesariamente lo que se necesita para que El Salvador sea competitivo.
De cada 100 graduados universitarios cada año, la mitad son abogados, administradores o profesores, a pesar de que esas profesiones están plenamente saturadas.
Un país donde, según los registros oficiales, se gradúan cuatro abogados por día, a pesar de existir más de 30 mil en las calles, posiblemente no está haciendo nada por corregir su futuro, según expertos en educación.
Esta saturación de profesionales causa diversos problemas al país y dramas humanos. Fernando Granada, por ejemplo, es abogado graduado por la Universidad de El Salvador (UES) desde hace más de nueve años. Siempre consideró que tenía la vocación para estudiar Ciencias Jurídicas, aunque revela que nunca ha sido apasionado de su carrera. La necesidad de la superación académica superior que los padres inculcan, también determinó a Fernando a obtener “un machete para defenderse en la vida”, como él lo expresa.
Tratar de obtener una plaza de empleo fija durante nueve años ha sido casi un peregrinaje. Estar en la lista de espera por un trabajo lo ha empujado a practicar el libre ejercicio de la profesión, lo que implica que cada mes su salario depende de los clientes que requieran de sus servicios.
“En el ejercicio liberal de la profesión pueden haber meses en los que no hay trabajo”. Al detallar sobre su profesión, Fernando refleja estar acostumbrado a su realidad.
Las circunstancias desfavorables de contar con un título universitario de una carrera altamente demandada, en un escenario de pocas oportunidades de colocación laboral, lo han llevado a todas las formas de agenciarse clientes. Algunas quizá son el modus operandi de muchos profesionales del derecho, como acudir a las bartolinas en busca del mejor usuario, vender sus servicios en las redes sociales y hasta en las páginas amarillas.
Fernando es parte del gran número de juristas desempleados. A esta misma situación se enfrentarán los profesionales que se siguen formando en las carreras más saturadas que muestran los informes del Ministerio de Educación (Mined).
Generadoras de profesionales
Al hacer una comparación de las universidades que más porcentaje gradúa, de las tres profesiones “top” resulta lo siguiente: solo la UES en 2011, certificó al 69% entre profesores, abogados y administradores de empresas. El restante lo complementan las universidades privadas del país.
La universidad estatal ensancha los números al contribuir con la masificación de profesionales en estos rubros, sin marcar diferencias en el panorama de desempleo que genera. La cuestión se torna de interés nacional, ya que la formación superior del mayor porcentaje de jóvenes inmersos en las carreras “top”, forma parte del presupuesto anual estipulado a la institución. En el presente año, el Mined le concedió a la UES $61 millones, lo que apunta a que los impuestos de los ciudadanos salvadoreños son un aporte para la producción desmedida de profesionales.
Las universidades privadas también son generadoras de profesionales en las carreras “top”. El 31% restante de profesores, abogados y administradores de empresas es formado por las 23 instituciones privadas del país.
La Universidad Pedagógica de El Salvador es la institución con mayor número de graduados, entre profesorados y licenciaturas en Ciencias de la Educación, con mil 506 jóvenes titulados. Con 351 abogados y 297 administradores de empresas, la UES es la entidad que más certifica en ambos rubros.
Los números se vuelven perturbadores. Se cuestiona si lo que gradúa el sistema educativo salvadoreño es conforme a la necesidad productiva de una nación en desarrollo, ¿se necesitan más profesores, abogados y administradores de empresas para solventar las áreas de una sociedad del conocimiento? Hasta ahora, no hay respuesta de las universidades sobre la demanda estudiantil, en contraste con la realidad laboral.
La planificación universitaria por parte del Mined, como máximo organismo educativo rector, se concentra en lo que la Ley de Educación Superior exige a las instituciones. Las demandas se limitan a requisitos administrativos mínimos, pero en cuanto a la admisión en carreras altamente demandadas y carentes de oportunidades laborales, no hay una regulación.
En este sentido, el director nacional de Educación Superior del Mined, Francisco Marroquín, insiste en la necesidad de transformar la ley, de forma que permita medidas de control en las instituciones educativas.
El rol de empresa que apropian las universidades privadas va de acuerdo con el concepto que la ley instaura, la que declara como “libres” en lo administrativo y financiero. Esto pone en juego el bienestar y las necesidades que el país requiere para el progreso de una sociedad del conocimiento.
El desempleo en las profesiones sobresaturadas, en este punto, no es cuestión de debate. Abonado a esto, el perfil del graduado que las instituciones forman es contradictorio con la demanda del sector productivo. La Asociación de Universidades Privadas de El Salvador (Auprides) ha creado convenios con la Asociación de Industriales de El Salvador (ASI), con el fin de estructurar el perfil académico que exige la productividad del país. Para el director de Auprides, Reynaldo López, el perfil del graduado está claro: el joven debe tener capacidad profesional en la disciplina estudiada y compromiso ciudadano respecto a ser un ente activo que incida en el desarrollo de la nación.
Paradójicamente, la ASI desconoce el perfil profesional requerido, y reiteran que a partir de las investigaciones con Auprides determinarán el producto universitario que demandan. Jorge Arriaza, director ejecutivo de la ASI, apunta que lo industrial precisa expertos inclinados a ingenierías y áreas técnicas.
Otra arista en el estanco del desempleo profesional en el país es la orientación de la reducida inversión privada. Para el ministro de Educación, Franzi Hato Hasbún, “la inversión privada es baja. No hay inversión, no hay empleo. La inversión es clave, ahí se resuelve el problema”.
Ante las discrepancias educativas y laborales, el Mined está ampliando las perspectivas en el nivel de formación superior que encumbre la sociedad tecnológica en el país. A través del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, los programas educativos se pretenden enrumbar a la tecnología y lo científico.
La producción del conocimiento en ciencias, mediante la preparación de másteres y doctores, es la apuesta que “solventará” los problemas de país. El decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Don Bosco, Godofredo Girón, reafirma que “lo que necesita el país son ingenieros y carreras técnicas porque generan soluciones a problemas reales”.
La formación educativa de técnicos especializados implica un presupuesto de 60 millones de dólares dirigidos al Viceministerio de Ciencia y Tecnología. En esto, Marroquín expresa preocupación por el retraso en la aprobación de un préstamo por parte de la Asamblea Legislativa destinado a esta área. Mientras tanto, el sistema de educación sigue desenfocado y el conocimiento científico permanece en espera.
La carrera de profesorado es una de predilectas.
Orígenes de la proliferación de universidades
La proliferación de universidades privadas en los setenta provocó un desgaste en los estándares de calidad en la formación profesional que ha sido arrastrada hasta la actualidad. La brecha entre la calidad educativa de las áreas profesionales que se certifican y las necesidades técnicas que el desarrollo productivo demanda es alarmante. Autoridades y representantes de educación coinciden en una cosa: la ausencia de investigación técnica en la currícula universitaria constituye la deuda educativa que estanca el progreso de una sociedad del conocimiento.
Como resultado, en El Salvador cada seis horas se gradúa un profesor, un abogado –al cumplir con el requisito de cinco años de estudio universitario, sin tomar en cuenta el proceso de autorización de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) – y un administrador de empresas. Estos datos son arrojados a partir de un cálculo aritmético entre el número total de graduados anualmente, desglosado en los meses del año, días y horas.
En 2011, según cifras oficiales del Ministerio de Educación (Mined), en las 24 universidades del país, incluyendo la estatal, se graduaron un total de 16 mil 444 jóvenes; de esa cifra, 6 mil 987, es decir, un 42.48%, corresponde a las carreras de Profesorado, Ciencias Jurídicas y Administración de Empresas.
Las estadísticas presentadas por el Mined exponen que en ese año se certificaron 3 mil 902 profesores, mil 582 abogados y mil 503 administradores de empresas. Las tres carreras están posicionadas como las de mayor demanda estudiantil en todas las universidades que las ofrecen. La producción descontrolada de profesionales en estas áreas ha conducido a engrosar los índices de desempleo. Las instituciones educativas toman postura en la situación.
