El pasado jueves 19 de noviembre, el Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador tenía previsto iniciar nuevamente el juicio en contra del exfiscal general de la República, Luis Martínez.
Los fiscales lo acusan de favorecer al exempresario de la basura, Enrique Rais. ¿Cómo? Construyendo pruebas falsas para procesar a los adversarios de este.
Esta habría sido la segunda ocasión en la que se intentaba iniciar el juicio en contra del
exfiscal. La primera vez se inició el pasado 21 de septiembre; sin embargo, por una serie de peticiones por parte de los defensores de los procesados Luis Antonio Martínez González, Héctor Francisco Grimaldi Membreño y Julio Adalberto Arriaza González, el desarrollo de aquella vista pública fue marcado por una serie de interrupciones que finalmente llevaron a la jueza del Tribunal Tercero de Sentencia a dar por interrumpida la vista pública.
Sin embargo, el día 19 de noviembre no se logró iniciar con el desarrollo de la vista pública porque la jueza a cargo del caso decidió excusarse de seguir conociendo el caso, aduciendo que la Fiscalía General de la República presentó una denuncia en su contra en la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, así como también aduciendo padecimientos en su salud, por lo cual, será la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador la que determinará si procede o no la excusa planteada por la jueza.
Por su parte, la defensa del imputado Héctor Francisco Grimaldi Membreño dio declaraciones al medio digital lanoticiasv.com pronunciándose respecto de la excusa de la jueza a cargo del caso Rais Martínez, en contra de la decisión tomada por la jueza y aduciendo a que se trata de presiones hacia autoridades judiciales por parte de la Fiscalía General de la República.
El amparo constitucional
En el pasado, la defensa de los prófugos Enrique Rais y Hugo Ernesto Blanco Rais presentó una demanda de amparo en contra de todos los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes el 20 de septiembre de 2016 realizaron una serie de movimientos de jueces al interior del Órgano Judicial.
Entre los jueces que ordenaron cambiar de sede judicial está el juez Rolando Corcio, quien estaba en el Tribunal Sexto de Sentencia y fue transferido al Juzgado de Instrucción de San Marcos.
Otro de los cambios fue el de la jueza Octavo de Instrucción Patricia de Chavarría, quien fue trasladada al Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango. También se ordenó el traslado de su esposo Aristarco Chavarría, del Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador hacia el Juzgado de Instrucción de Apopa; entre otros cambios de jueces, quienes fueron jueces que el alguna medida tuvieron bajo su conocimiento casos donde el prófugo Enrique Rais aparecía como víctima, contra personas a quienes había acusado por medio de pruebas falsas.
Pero el traslado de jueces que motivó la demanda de amparo en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fue el de la jueza Patricia de Chavarría, argumentando que era ella la que debía de conocer el caso Rais Martínez cuando fue enviado al Juzgado Octavo de Instrucción. Es así que buscaron que dicho caso no fuera conocido por el Juez Mario Osmín Mira Montes, contra quien interpusieron denuncias en la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía General de la República, con el objeto de apartarlo del conocimiento del caso, quien finalmente ordenó la vista pública en contra del exfiscal Luis Antonio Martínez González.
La Sala de lo Constitucional no encontró ninguna violación a los derechos y garantías constitucionales de Enrique Rais y su sobrino Hugo Banco Rais y expresa “”””” ….. el reclamo se ha centrado en alegar la vulneración a los derechos constitucionales de sus mandantes por el traslado de la referida jueza que –a su juicio–era la idónea para tramitar el caso seguido contra sus representados; sin embargo, al ser el Juzgado Octavo de Instrucción el designado por la mencionada Cámara para tramitar ese proceso penal, no se colige de qué manera la designación de un nuevo juez como titular de esa sede judicial afecte el derecho a un juez natural de los interesados, sino una mera inconformidad con la persona que ha llegado a ocupar dicho cargo.””””””””” La resolución de este amparo fue pronunciada el día 7 de febrero del presente año y una vez mas el camino de Enrique Rais se cierra y tendrá que responder ante la justicia por los delitos que ha cometido.