Al igual que en el S. XVIII, el pensador, jurista y político Alexis de Clérel, Vizconde de Tocqueville, yo defiendo la aplicación del concepto de descentralización política y administrativa del Estado, iniciando por varios servicios públicos que actualmente están en manos del Órgano Ejecutivo, es decir, se administran centralizadamente.
¿Por qué? Porque administrativamente, y más aún, en su dimensión política y cívica, la descentralización incrementa la apertura de las puertas por donde los ciudadanos puedan entrar para involucrarse en los asuntos públicos, esencialmente, en el cumplimiento de la promesa de proveer los servicios esenciales como el agua, la educación, la salud pública y la seguridad jurídica y física.
El significado de descentralización varía a partir de cómo se desea aplicar. Se ha implementado en la administración de empresas, cooperativas, en ciencia política, economía, tecnología y administración pública.
Podríamos decir que es el proceso de distribuir o repartir funciones, poderes, actividades o cosas fuera de una ubicación o autoridad central. Los procesos de descentralización administrativa, económica y política hacia los gobiernos municipales, como mecanismos de gobernabilidad, permite dentro de su ámbito de autonomía, la incorporación de los ciudadanos mediante mecanismos de reconocimiento que garantizan su acceso a la información, a los procesos de formulación e implantación de las políticas públicas, al desahogo de agendas de trabajo que promuevan el crecimiento económico y el desarrollo social y político, al fortalecimiento interno de las capacidades de gobierno y su función prestadora de servicios públicos, entre otras.
Decía de Tocqueville, hace casi 300 años, que la descentralización acostumbra a las personas “…a usar la libertad. Estas libertades locales, activas y persistentes, nacen como el contrapeso más eficiente contra los reclamos del gobierno central, incluso si estuvieran respaldados por una voluntad colectiva e impersonal”.
Mi visión legislativa va en mucho encaminada a la creación de propuestas cuya plataforma descentralice la administración de servicios básicos y fundamentales como son la atención primaria en salud, la educación primaria, las calles y puentes, etc. Para que estos servicios logren alcanzar a toda la población y ésta se convierta en socio y colaborador participativo de los gobiernos municipales, donde la rendición de cuentas sea uno de los ejes en el camino de la eficiencia y la eficacia, tal y como refiere el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de 1999.
En un Estado centralizado su poder es atribuido a un gobierno (Órgano Ejecutivo) central, donde los gobiernos locales (municipalidades) actúan como sus satélites; generalmente expectantes, algunas veces suplicantes e incluso, como ahora, rehenes de la voluntad central en cuanto a facilitarles los fondos que la Constitución misma les otorga.
En un Estado descentralizado, se da más poder a las municipalidades, lo que permite a estos tomar decisiones propias sobre el ámbito de sus competencias y, en base a las necesidades de sus pobladores, con autonomía y con la vigilancia de sus habitantes, quienes ejercen el poder a través del voto.
Soluciones hay a los problemas, solo se necesita buscarlas e implementarlas. Pero esto requiere, claro está, que las personas más preparadas accedan al poder.