Para evitar un desgaste político, el presidente Nayib Bukele intenta convencer al pueblo de que la Asamblea Legislativa traba su Gobierno. Pero como tal traba no existe, pues la Asamblea le aprueba casi todo, al presidente solo le queda difamar y manipular. La mentira ya es parte orgánica de su estructura espiritual.
En su lógica manipuladora, Bukele les dijo, “a los que aún defienden a la oposición” que “el Gobierno no ha recibido ni un solo centavo de empréstitos ni para la lucha contra el COVID-19 ni para (…) el plan de control territorial”. ¿Cuál es la verdad?
Para enfrentar la emergencia por el COVID-19, la Asamblea aprobó el 26 de marzo una solicitud del Órgano Ejecutivo para endeudarse por 2 mil millones de dólares. Ha pasado un mes y el Ejecutivo solo ha conseguido 409 millones de préstamos del FMI y el Banco Mundial, que la Asamblea ratificó de inmediato.
La Asamblea aprobó la gestión de los fondos, pero le corresponde al Ejecutivo conseguirlos vía bonos o préstamos. Como no lo ha hecho, Bukele insinúa que la Asamblea lo bloquea. Y si logra conseguirlos, dirá que fue pese a la Asamblea. En fin, Bukele no tiene remedio.
La semana pasada, Bukele le entregó a la Asamblea una propuesta de decreto sobre el uso de los 2 mil millones. Pide que se le reintegren al Ejecutivo 450 millones que gastó en la entrega de 300 dólares a familias sin ingresos. No dice de dónde sacó el dinero (sabemos que vendió Letes) ni demuestra que son 450 millones, pues no ha presentado informes, pero admite, sin quererlo, que las familias recibieron el dinero gracias a la Asamblea, pues lo que él consiguió fue un adelanto de la deuda aprobada.
Sobe el plan de control territorial, Bukele dice que para la fase 1 hay “cero empréstitos”. Sin embargo, él no pidió empréstitos, sino un refuerzo presupuestario de 30.9 millones que la Asamblea aprobó en julio de 2019. El presidente miente.
Para la fase 2 del plan, Bukele dice que hay un “empréstito autorizado pero no ratificado” por la Asamblea. Es obvio que la Asamblea no puede ratificar lo que no le presenten. Han pasado cuatro meses y el presidente no logra el préstamo de 91 millones con el BCIE. Es su incompetencia lo que tiene trabado esos fondos.
Para la fase 3 del plan, el presidente dice que hay un “empréstito nunca autorizado”, pero no dice por qué. Resulta que Bukele pide dinero para la fase 3 de un plan que todavía no dispone de fondos para la fase 2. Para colmo, ante la llegada de la emergencia, el ministro de hacienda dejó congelado ese tema, que venía discutiendo con la Asamblea.
El presidente no solo confronta con la Asamblea, sino con cualquier institución que no acepte sus arbitrariedades. Cuando la Sala de lo Constitucional ordenó parar las detenciones arbitrarias y liberar a las personas recluidas ilegalmente en centros de contención, Bukele dijo: “así como no acataría una resolución que me obligue matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir”.
El hecho parece insólito, pues los fallos de la Sala son de obligatorio cumplimiento y los magistrados no ordenaron dejar morir a nadie, sino que se respeten los derechos ciudadanos. En realidad, no hay nada de sorprendente en un presidente que dio un Golpe de Estado Parlamentario y sigue en su puesto como si nada pasara.
Lo llamativo de este caso no es que Bukele aplique su política, sino que los magistrados no hagan valer su sentencia y acepten que se les considere asesinos. También es curioso que el Fiscal General de la República acepte una violación constitucional. El art. 193 de la Constitución, numeral 2º, dice que corresponde a la Fiscalía “promover de oficio y a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad”.
Sin embargo, el presidente no solo miente y manipula. También está preocupado por los problemas y conflictos que él mismo se ha buscado. Veamos algunos:
Vetó un decreto de la Asamblea Legislativa que obliga al Ejecutivo a garantizarle al personal médico los equipos adecuados para realizar su trabajo y un seguro de vida. La Asamblea superó el veto, pero el personal médico, que sufre los contagios de la COVID-19, constató las malas intenciones del mandatario.
Vetó un decreto de la Asamblea para que los compatriotas en el exterior retornen al país con la protección debida. La canciller dijo que hay 7 mil compatriotas varados en otros países. La mayoría de esa gente, así como sus familiares y amistades, debe estar furiosa con un presidente que les viola sus derechos.
El MAG le dio a Nuevas Ideas insumos agrícolas que deberían ser para las familias campesinas. El alcalde de Panchimalco denunció la corrupción ante la Fiscalía, la PDDH, la FGR y el TEG. Más allá de la denuncia, la gente sabe que hay corrupción.
El Fiscal, presionado por la opinión ciudadana, citó a los Ministros de Salud y Seguridad para que expliquen el cerco ilegal en el Puerto de la Libertad. Los titulares de esos Ministerios no llegaron y hay una nueva cita. El Fiscal no da muestras de firmeza, pero el escándalo está en la opinión pública.
Ya pasó un mes de la entrega de 300 dólares a familias sin ingresos. El presidente promete 50 millones de dólares en paquetes de alimentos para 1.7 millones de familias. Cada paquete vale 29 dólares. El bajón es grande y habrá malestar.
Los micros y pequeños negocios ya no aguantan la parálisis, el agro está muy golpeado y todavía el Gobierno no consigue los 2 mil millones que le aprobaron para apoyar a esos y otros sectores.
La ANEP dice que se han perdido 70,000 empleos formales. Las remesas familiares cayeron 10% en marzo y las exportaciones, que venían creciendo, cerraron negativas en el primer trimestre. La caída de los ingresos púbicos podría ser de 1,000 millones.
La crisis sanitaria se agrava. El ministro de salud desinforma sobre la muerte de un salvadoreño que vino del exterior y se contaminó en un centro de contención. El hijo del fallecido lo desmiente públicamente y el ministro pide vanas disculpas.
La prensa de derecha, que pactó con Bukele la publicidad gubernamental, ya levanta algunas críticas al Gobierno. Instituciones académicas y algunos analistas critican la gestión del presidente y sus violaciones al marco legal. Medios de prensa del exterior hacen lo mismo.
En ese contexto adverso, Bukele creyó lograr una salida mostrando su poder. Entonces boicoteó una sesión de la Asamblea Legislativa, cuando dijo que en el salón azul había sospecha de COVID-19 y 51 diputados de derecha se retiraron asustados.
Sin embargo, aunque el presidente se siente por encima de la ley y vende una imagen de persona resuelta, sus constantes arrebatos demuestran que algo grave lo agobia.