Al hacer una convocatoria masiva de ciudadanos por defensa del voto, ¿se está anticipando fraude? ¿Es que estamos poniendo un contexto de duda que socave aún más la ya desgastada credibilidad de las instituciones? ¿Cómo afectará el futuro de nuestro país si en lugar de fortalecer la institucionalidad la dañamos?
El Art. 4 del Código Electoral expresa: “Nadie podrá impedir, coartar o perturbar el ejercicio del sufragio. Las autoridades competentes están en la obligación de garantizar la libertad y pureza del sufragio y facilitar su ejercicio. Los infractores e infractoras serán sancionados de conformidad a la Ley.” Entonces, ¿Cómo afecta la institucionalidad este tipo de iniciativas?
¿Es esto una forma anticipada de medir fuerzas antes de las elecciones?
¿Qué sucede si el voto no es a favor del candidato en cuestión? ¿Quién no es por él es contra él? Esta exigencia es exclusiva del evangelio y en el contexto salvadoreño, ¿nos llevará de una sociedad polarizada a una radicalizada?
Además, el Art. 3 del Código Electoral dice: “El sufragio es un derecho y un deber de los ciudadanos y ciudadanas, su ejercicio es indelegable e irrenunciable. El voto es libre, directo, igualitario y secreto.” Cuando se habla de defensa del voto ¿A cuál de estas cuatro características del voto ayuda ese tipo de iniciativas?
Por otro lado, ¿qué factores son los que han facultado una iniciativa como esta? Debemos reflexionar, ¿cuáles son los pecados de nuestro sistema político electoral por los cuáles este tipo de acciones tienen hoy por hoy su asidero?
Finalmente, este no es un artículo en contra de Bukele y a favor de Calleja, Martínez o Alvarado. Cada uno de ellos tiene su propia militancia y estrategia. Se trata de reflexionar acerca de la institucionalidad de nuestro país y de fortalecer los mecanismos para que el Tribunal Supremo Electoral siga siendo el ente que de la garantía que expresa el artículo cuatro del citado Código. De otra forma, si empezamos a debilitar todas las instituciones ¿Qué tipo de estado vamos a tener?