Desde 2013 la PNC registra 976 denuncias por amenazas directas de pandillas a policías, una denuncia de amenaza cada dos días durante los últimos 5 años. El 73 por ciento de casos proviene de agentes de rango básico, oficiales que trabajan brindando seguridad en calles, comunidades y cantones por todo el país.
Los datos confirman que entre 2013 y 2018, 325 policías presentaron su renuncia a causa de las amenazas recibidas por parte de las organizaciones criminales, casi de la mitad de denuncias terminan, no en la captura y el enjuiciamiento del criminal, sino en la renuncia del agente.
Ello equivale a decir que en El Salvador, un agente renuncia cada cinco días por miedo a ser asesinado. La intimidación a agentes y sus familias ya es un factor de importancia, que afecta no solo la operatividad de la PNC, sino que también obliga a los policías a abandonar sus hogares y los expone a patrones de desplazamiento forzado a causa de la violencia de las pandillas.
Si en nuestro país, los policías y soldados tienen miedo y se ven forzados a dejar sus viviendas y esconder a sus familias ¿Qué podemos esperar el resto de ciudadanos?
Claramente, el actual gobierno no ha podido brindar una solución real y efectiva al fenómeno de la criminalidad, el problema es que los errores que ellos cometen, nosotros los ciudadanos, los pagamos con sangre.