Con un proceso de casi dos años desde la captura del ex presidente Elías Antonio Saca y otros funcionarios de su gobierno (2004 – 2009), dio inicio el juicio del denominado caso “Destape a la corrupción”.
Durante el proceso el exmandatario y sus colaboradores fueron enviados al centro penal La Esperanza, mejor conocido como “Mariona”. Ahí los exfuncionarios han estado recluidos hasta la fecha.
Según la Fiscalía, en el año 2017 condenaron a 3,319 imputados mediante procesos abreviados y en lo que va de este año van 1,741; así que no es algo nuevo que se ha inventado para el caso “Destaque a la corrupción”.
Con esto Saca y su exsecretario Privado Elmer Charlaix podrían cumplir una pena de hasta diez años (cinco por cada delito, que en este caso son lavado de dinero y peculado), descontando dos que son los que han pasado en prisión durante el proceso penal.
Hasta ahí todo parece funcionar muy bien para la justicia, pues el fiscal general Douglas Meléndez afirma que “en Latinoamérica las penas a expresidentes y otros altos funcionarios no pasan de 5 años. El expresidente Lula fue condenado a 9 años. Y todos los casos están en apelaciones. Nosotros acá estamos asegurando una pena de 10 años, inapelables».
Sin duda El Salvador estaría emitiendo un mensaje de justicia sin precedentes con la condena de un funcionario público, de un expresidente de la República, no solo dentro de las fronteras si no también fuera de ellas.
Pero quedan en muchos otros puntos que no toman impacto mediático, como es el hecho que Saca de ser acusado del desvío de 301 millones de dólares, con “pruebas fehaciente” con que la fiscalía apertura el caso, recurrió a negociar y aferrarse a un proceso abreviado declarándose culpable de los delitos que se le acusa.
Eso le permite reducir su pena carcelaria a 10 años y la Fiscalía podrá recuperar una parte de los 301 millones de dólares. Inicialmente se ha dicho que serán unos 25 millones de dólares en propiedades, vehículos y productos financieros vinculados al desvío de los fondos.
La FGR estaría devolviendo al Estado salvadoreño $25 millones. Y el expresidente estaría quedándose con la repartición de 275 millones de dólares, que jamás llegaron ni llegarán al pueblo salvadoreño.
Pues las vidas perdidas en los hospitales por falta de medicina en ese periodo no regresarán, por colocar un ejemplo.
Pero sin duda hay que ver al futuro, como lo ha hecho el partido político, con el que Elías Antonio Saca llegó a la presidencia en periodo 2004 – 2009, que por cierto ha sido su último gobernante.
“Durante el periodo 2004 – 2009 Antonio Saca fue presidente de la República y de ARENA simultáneamente. Registros contables de esa época desaparecieron en el partido y hemos colaborado en lo pertinente con la Fiscalía”, ha dicho ARENA en lo referente a este caso.
Bajo esta misma idea el partido “naranja” fundado por Saca, lleva candidato a la presidencia para las próximas elecciones 2019, mucho se rumora sobre la “casualidad” con los tiempos de los hechos.
El partido político convoca a elecciones internas, solo existía un precandidato y a última hora se inscribe su actual candidato a la presidencia al “ganar” los comicios del partido que por cierto, participo solo ya que su “rival” renuncio sobre la hora.
Sin duda en el caso “Destape a la corrupción” aun falta mucho que ver y mucho que escuchar. Elías Antonio Saca es el segundo expresidente procesado penalmente por corrupción, pues recordemos que le primero fue Francisco Flores, pero no llegó a juicio por su deceso.
El tercer expresidente de la República con problemas con la justicia fue Mauricio Funes, quien fue vencido en un juicio civil y actualmente enfrenta una proceso penal en su contra.
Se van presos pobres e inocentes, pobres y culpables y la justicia es ciega.
Llegan a juicio ricos e inocentes, ricos y culpables y la justicia no parece ser tan ciega, cuenta razón tenía el político y escritor francés René De Chateaubriand , quien dijo allá por 1800: “La justicia es el pan del pueblo, siempre estará hambriento de ella”.